El Gobierno entregó la Vía Navegable Troncal: privatización por 25 años y sospechas de direccionamiento

En lo que la Casa Rosada calificó como un «hecho histórico para el sector privado», el gobierno de Javier Milei oficializó este jueves, mediante la Resolución 2026-36 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, la adjudicación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía) al consorcio integrado por la firma belga Jan de Nul y la local Servimagnus. Con esta medida, el oficialismo entrega el control operativo, dragado y balizamiento del corredor fluvial por el que circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas por los próximos 25 años.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que el proceso concluyó de manera «exitosa», prometiendo una reducción del 13,5% en los costos logísticos y asegurando que no se registraron impugnaciones formales por parte de competidores como el grupo DEME, apadrinado en las sombras de la interna palaciega por Mauricio Macri y Guillermo Dietrich.

Denuncias en Comodoro Py y el rol de Santiago Caputo

Pese al triunfalismo del relato libertario, la licitación arrastra severas sombras judiciales. En los tribunales de Comodoro Py avanza una denuncia penal impulsada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático que apunta directamente al corazón del esquema de poder oficial. La presentación acusa al asesor presidencial Santiago Caputo, al ministro de Economía Luis Caputo y al titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, de montar una presunta asociación ilícita y fraude a la administración pública para digitar los pliegos en favor de Jan de Nul, firma que opera la ruta desde los años 90.

A estas sospechas de favoritismo político se sumaron los duros cuestionamientos de la oposición. El diputado nacional Jorge Taiana exigió la anulación completa del proceso licitatorio, denunciando la incorporación de documentos apócrifos y la absoluta falta de estudios de impacto ambiental integrales. Las alertas de Taiana coinciden con los dictámenes previos de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya había advertido «serias y evidentes irregularidades» institucionales en el diseño del pliego privatizador, convirtiendo las auditorías estatales en una mera formalidad.