El oficialismo busca los votos en Diputados para recortar el régimen de Zonas Frías

El Gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley clave que modifica de forma estructural el régimen de Zonas Frías, abriendo un complejo escenario de negociación legislativa para sostener la votación en el recinto: la iniciativa oficial busca retrotraer la ampliación tarifaria aprobada en 2021, limitando el descuento automático en la factura de gas únicamente a las regiones históricas de la Patagonia, la Puna y Malargüe. Para el resto de las jurisdicciones del país, el beneficio dejará de ser generalizado y se aplicará bajo estrictos criterios de vulnerabilidad económica, lo que pone a prueba la cohesión de los bloques aliados frente al costo político en sus distritos.

Los ejes centrales del proyecto y el panorama en el Congreso contemplan los siguientes puntos:

• Alcance del recorte: la reforma afectaría a cerca de 3 millones de hogares que hoy reciben el descuento de forma automática en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y La Pampa.

• Criterios de excepción: en las zonas excluidas del beneficio automático, la tarifa subsidiada solo se mantendrá para usuarios con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, inscriptos en el ReNaBaP, veteranos de Malvinas o personas con discapacidad.

• Argumento fiscal: desde la Casa Rosada sostienen que la medida es indispensable para reducir el déficit del fondo fiduciario que financia las compensaciones y focalizar los recursos estatales en los sectores más desprotegidos.

• Resistencia legislativa: el proyecto obtuvo dictamen de mayoría, pero la oposición y diputados de las provincias afectadas advierten sobre el fuerte impacto social del recorte y anticipan un freno definitivo cuando la discusión traslade su peso al Senado.

La quita del beneficio automático impactará de forma directa en el presupuesto de los hogares de ingresos medios durante los meses de mayor consumo invernal: ante la pérdida del subsidio en el gas de red, la presión sobre los combustibles alternativos aumentará significativamente, obligando a los usuarios a recalcular sus costos mensuales de calefacción en un contexto de fuerte reconfiguración de las tarifas de los servicios públicos.