La fractura israelí: tortura documentada, cargos archivados e impunidad sistémica

La arquitectura institucional y moral de Israel atraviesa en este 2026 su crisis más profunda desde la fundación del Estado. En una coincidencia temporal estremecedora, la detención de la cúpula jurídica del Ejército por filtrar evidencias de tortura ha confluido con la publicación de un informe de las Naciones Unidas que acusa al país de utilizar la violencia sexual como una «estrategia de guerra» sistemática. Lo que antes eran denuncias externas, hoy encuentra un eco de confirmación en las fracturas internas de las propias Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI).

La detención de Yifat Tomer-Yerushalmi: ¿Traición o Justicia?

A fines de octubre de 2025, la mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, hasta entonces la principal abogada militar del Ejército israelí, presentó su carta de renuncia reconociendo que había autorizado la publicación del video y asumiendo «plena responsabilidad por cualquier material difundido a los medios desde dentro de la unidad». El domingo siguiente, tras horas de búsqueda en las que las FDI emplearon «todos los medios disponibles» para localizarla, fue hallada en una playa al norte de Tel Aviv y detenida.

La grabación, emitida en agosto de 2024 por el Canal 12 de Israel, es perturbadora: muestra a soldados reservistas en la base militar Sde Teiman golpeando y penetrando en el recto con un objeto punzante a un preso palestino. Tomer-Yerushalmi escribió en su carta de renuncia que una «campaña de incitación» contra ella había alcanzado su punto álgido tras la decisión de investigar a los soldados, y afirmó que «hay cosas que no se pueden hacer ni siquiera contra los peores detenidos». Sin embargo, para el ministro de Defensa Israel Katz, quien emitió una virulenta condena de su conducta, «quien disemine libelos de sangre contra las tropas de las FDI no es apta para vestir el uniforme del ejército».

El desenlace del proceso resulta revelador. En marzo de 2026, los cargos contra los cinco reservistas acusados fueron archivados. El propio ministro Katz celebró el cierre del juicio como un acto de justicia, criticando a los promotores del proceso y señalando que la función del sistema de justicia militar consiste en «proteger» a los soldados. En cuanto a Tomer-Yerushalmi, investigada por fraude, abuso de autoridad, obstrucción de la justicia y divulgación de información oficial, más de cuatro meses después de su arresto todavía no había sido formalmente imputada.

El informe de la ONU: la violencia sexual como arma de guerra

Mientras Israel se desangra en esta interna judicial, en Ginebra la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU publicó un documento que eleva la gravedad de los hechos a una escala sistémica. El informe concluye que «es inevitable concluir que Israel ha utilizado la violencia sexual y de género contra los palestinos para intimidarlos y perpetuar un sistema de opresión que socava su derecho a la autodeterminación». La Comisión señala que estas formas específicas de violencia, como la desnudez pública forzada, el acoso sexual y la agresión sexual, son «parte de los procedimientos operativos estándar de las fuerzas de seguridad israelíes». Otras formas, incluidas la violación y la violencia contra los genitales, «se cometieron bajo órdenes explícitas o con la instigación implícita de los altos líderes civiles y militares de Israel».

El informe documenta cómo las fuerzas israelíes han destruido sistemáticamente instalaciones de salud sexual y reproductiva en Gaza y han impuesto un asedio que impidió la asistencia humanitaria, incluido el suministro de medicamentos y equipos para garantizar embarazos, partos y cuidados neonatales seguros. Los ataques a las infraestructuras sanitarias habrían afectado a unas 540.000 mujeres en edad reproductiva. Hace apenas un año, solo dos de los 12 hospitales de Gaza para la salud sexual o reproductiva seguían funcionando, y en el conflicto se han cuadruplicado los abortos espontáneos. «Esta es una guerra contra las mujeres», señaló un obstetra citado en el documento. La ONU encuadra estas acciones en la categoría de actos genocidas: la destrucción sistemática de instalaciones de atención de salud materna y reproductiva constituiría una imposición deliberada de condiciones calculadas para la destrucción física del pueblo palestino.

Impunidad y el vacío legal en Cisjordania

El escenario se completa con la situación en Cisjordania, donde el informe denuncia un clima de impunidad total. Según Navi Pillay, presidenta de la Comisión, «las declaraciones y acciones de los líderes israelíes y la ineficacia del sistema de justicia militar para enjuiciar y condenar a los perpetradores envían un mensaje claro a los miembros de las fuerzas de seguridad israelíes de que pueden seguir cometiendo tales actos sin temor a rendir cuentas». Para Pillay, la única salida es la intervención de la Corte Penal Internacional para defender el Estado de derecho ante la inacción de los tribunales nacionales.

Una sociedad fracturada

La detención de Tomer-Yerushalmi y del coronel Matan Solomosh expone que en Israel existe una lucha feroz por el relato de la guerra. El caso provocó una crisis institucional dentro de las FDI y volvió a exponer las tensiones entre la cúpula militar y el gobierno de Netanyahu, acusado de encubrir abusos contra palestinos y de perseguir a quienes los denuncian. El Foro 555 de pilotos, que agrupa a unos 1.700 excapitanes de la Fuerza Aérea israelí, advirtió que «los ataques políticos e instrumentales contra la fiscal militar representan una amenaza grave para la democracia israelí y la independencia del sistema judicial». Mientras la derecha nacionalista busca silenciar cualquier evidencia de abuso bajo el rótulo de traición, los sectores que aún defienden la legalidad internacional intentan exponer la verdad antes de que el daño a la legitimidad del Estado sea irreversible.

En 2025, las fuerzas israelíes intensificaron sus atrocidades, que incluyeron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio, así como limpieza étnica contra la población palestina en Gaza. El video de Sde Teiman es la prueba física de lo que el informe de la ONU describe como una «estrategia de control y destrucción» —y el archivo de los cargos contra los soldados, la confirmación de que esa estrategia opera con total impunidad. Con el sistema judicial maniatado y la verdad perseguida penalmente, el 2026 marca un punto de no retorno: Israel enfrenta el desafío de responder no solo ante la justicia internacional, sino ante su propio espejo, donde la distinción entre defensa nacional y crimen de guerra se ha vuelto peligrosamente borrosa.