El Poder Legislativo mendocino consolidó un alineamiento político con la Nación y aprobó la explotación del proyecto PSJ Cobre Mendocino (US$ 560M). El costo institucional: habilitar la megaminería metalífera, desoyendo las advertencias técnicas sobre la cuenca del Río Mendoza y la voluntad popular.
La Legislatura de Mendoza, bajo el pulso del oficialismo (aliado de La Libertad Avanza), concretó un giro histórico: el Senado ratificó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre en Uspallata, que había permanecido congelado durante casi dos décadas por la Ley 7722.
Este movimiento no es solo económico, es una declaración de prioridades.
🏛️ La Aceleración Institucional
La aprobación se da tras un debate exprés que pasó por encima de las protestas del «Caravanazo por el Agua». La decisión crea un precedente jurídico de peso, al ser la primera explotación metalífera que obtiene luz verde bajo la Ley 7722, una norma diseñada para proteger el recurso hídrico, pilar del oasis productivo.
Las críticas se centran en dos aspectos institucionales graves:
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Riesgo Hídrico: Organizaciones socioambientales y técnicos alertan que la explotación de cobre amenaza la principal reserva de agua de la provincia, recurso ya estresado por la sequía crónica.
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Licencia Social Cero: La ratificación se hizo sin la «licencia social» exigida, priorizando la inversión extranjera (Zonda Metals, Suiza) y el objetivo de posicionar a Mendoza en el mapa del cobre, en línea con el fomento extractivista del gobierno de Javier Milei.
La provincia que en las urnas buscó un cambio radical de modelo económico, ahora ve cómo sus instituciones sacrifican la defensa histórica del agua por un boom de capitales foráneos.
¿Cuál es la garantía institucional real de que este «cheque en blanco» minero no comprometerá la subsistencia del oasis mendocino a largo plazo?
