Procesan y embargan por $1.000 millones al empresario Tomeo

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena procesó este jueves y embargó por mil millones de pesos al empresario tabacalero Carlos Tomeo por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado dictó el procesamiento sin prisión preventiva -por lo que el empresario seguirá libre-, pero con la prohibición de salir del país.

Al mismo tiempo, determinó la obligación del imputado de presentarse cada quince días en el tribunal, en el marco de la investigación que surgió a partir de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió.

En su resolución, Villena también dispuso la intervención judicial de un campo de grandes dimensiones en la localidad de San Vicente, que Tomeo compró al narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff.

«Pudo corroborarse judicialmente, que dicha organización estaba constituida en su mayoría por ciudadanos colombianos, que habrían migrado de su país para instalarse en territorio argentino, con el objeto de implementar o proseguir actividades relacionadas al tráfico de drogas ilegales», sostuvo el juez en el fallo al que tuvo acceso NA.

A Tomeo se lo acusa de lavado de dinero al menos desde abril de 2010 hasta la fecha y se presume que su rol estuvo divido en dos: brindar asesoramiento técnico sobre el armado de maniobras jurídico contables tendientes al blanqueo y disimular las ganancias del narcotráfico.

Según Villena, «como miembro de la organización», el empresario adquirió cuatro fracciones de terreno del campo ubicado en Ruta Nacional Nº 210, kilómetro 54,500 de la Localidad de San Vicente, Provincia de Buenos Aires, que era del narco colombiano extraditado a Estados Unidos.

«Mediante dicha adquisición se ocupó de garantizar ser un canal seguro mediante el cual pudieron deshacerse de un costoso inmueble y así evitar su descubrimiento y posterior desapoderamiento por parte de la justicia», consideró el juez.

«Su actividad consistió en brindarle a la organización tanto el flujo de dinero inmediato, como el respaldo jurídico contable, constituyéndose el imputado en un supuesto tercero de buena fe, adquirente del inmueble y así lograr el desvío de la ruta del dinero ilegal», agregó en su resolución.