Avruj denuncia que había sobreprecios en Derechos Humanos

El funcionario macrista dio a conocer sobreprecios millonarios en el presupuesto del Centro Cultural Haroldo Conti, en la Universidad de las Madres y en el Centro Ulloa.

Después de la polémica desatada por el recorte presupuestario en el área de derechos humanos, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Claudio Avruj aseguró que la Sindicatura está investigando los sobreprecios que encontró de la gestión anterior en el Centro Cultural Haroldo Conti y en el Instituto Universidad Madres de Plaza de Mayo. «Hay una sobreevaluación del presupuesto», afirmó por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Además se refirió a la prisión domiciliaria del represor Miguel Etchecolatz y sostuvo que para los mayores de 70 años, «la prisión domiciliaria es un derecho humano y hay que cumplirlo. Nosotros, el Estado, no podemos oponernos». Al mismo tiempo, se refirió a la privatización del Banco de Datos Genéticos y se mostró en desacuerdo con que los exámenes de ADN sean gratuitos sólo para los casos de lesa humanidad y de apropiación de bebés durante la dictadura militar. «Mi idea es que sea gratuito para todos los que reclaman por su identidad. Para nosotros, es política de Estado el derecho a la identidad».

Avruj, fue consultado por el recorte presupuestario del área y confirmó que «no hay cierre de programas ni achicamiento de presupuestos. Hay una reorganización». Aunque aclaró que encontraron sobreprecios en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex Esma. «El centro tenía un presupuesto asignado de 28 millones de pesos, pero demostramos que puede funcionar a pleno con siete millones».

Y prosiguió: «Hablo de una sobrevaluación del presupuesto, también en el Instituto Universidad Madres Plaza de Mayo donde había presupuestados 60 millones de pesos de más. Lo mismo con el Centro Ulloa, en el cual tenía presupuestados cinco millones, donde tres millones eran para obras que se terminaron en diciembre».

El funcionario habló de la prisión domiciliaria de Miguel Etchecolatz, otorgada en agosto por su avanzada edad, aunque todavía el represor se encuentra en prisión. «La prisión domiciliaria es un derecho humano y hay que cumplirlo. Eso es potestad de la justicia. En el caso de Etchecolatz no pudimos oponernos a la prisión domiciliaria, que no es impunidad sino cambio de lugar de detención. Es la realidad jurídica, nosotros, el Estado, no tenemos opinión, no podemos oponernos. No hago lobby con la Justicia y no lo voy a hacer nunca. Los fallos son para aceptarlos».

Aunque igualmente aclaró. «Hemos objetado y pedimos que se investigue, porque los informes médicos parecían que no eran los correctos y la pericia médica no habilita a la prisión domiciliaria», agregó igualmente.

A propósito de la polémica en torno a privatización del Banco de Datos Genéticos, Avruj sostuvo que está en desacuerdo con que el examen de ADN sea gratuito solo para los casos de lesa humanidad y apropiación de bebes durante la dictadura. «Hemos instalado como política de Derechos Humanos el derecho a la identidad para todos aquellos que la están buscando, por eso hemos armado una mesa con respecto a eso con todas las organizaciones. Estamos hablando de casi tres millones de personas que tienen dudas sobre su identidad y no tienen que ver con la dictadura».

Señaló que «hubo denuncias con los laboratorios, porque aquel que no tenía la gratuidad, tenía que ir a laboratorios privados. «Lo primero es armar un registro de cuanta gente tenemos en el país y mi idea es que sea gratuito para todos los que reclaman por su identidad».

En otro orden, Avruj, aclaró que «esta es una costumbre de las decisiones del Ejército, el jefe del Ejército fue el primero que se opuso. Yo repudio que se instale honrar en ese concepto a los caídos de la guerra marxista». Así, contestó que la placa suponía «la teoría de los dos demonios». «Habrán imaginado erróneamente que el presidente Macri iba a estar del lado de la impunidad, o que iba estar del lado de los dos demonios, o que iba a instalar grietas más profundas en las sociedad. El Presidente dijo que los juicios de lesa humanidad son políticas de estado y que deben continuar».