El gobierno porteño intima a los dueños de vehículos a grabar autopartes

El trámite cuesta 520 pesos. Con el argumento de que es una «eficaz herramienta» contra «el robo automotor», se impone una carga más al contribuyente. En Córdoba ya tuvieron que dar marcha atrás.

En los últimos días, los propietarios de vehículos 0km patentados desde 2012 en la Ciudad de Buenos Aires están siendo notificados de que están en infracción. La multa prevista ronda los 1000 pesos. El trámite se realiza previo turno que se solicita llamando al 5252-8866 de lunes a viernes de 10 a 17:30 o a través de la página web del Gobierno.

«Le recordamos que la ley 3708 se encuentra en plena vigencia –dice la comunicación oficial- y establece la obligatoriedad del grabado de autopartes para todo el parque automotor radicado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyendo una eficaz herramienta de prevención contra el robo automotor para su posterior comercialización ilegal».

En los últimos días, los propietarios de vehículos 0km patentados desde 2012 en la Ciudad de Buenos Aires están siendo notificados de que están en infracción. La multa prevista ronda los 1000 pesos. El trámite se realiza previo turno que se solicita llamando al 5252-8866 de lunes a viernes de 10 a 17:30 o a través de la página web del Gobierno.

«Le recordamos que la ley 3708 se encuentra en plena vigencia –dice la comunicación oficial- y establece la obligatoriedad del grabado de autopartes para todo el parque automotor radicado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyendo una eficaz herramienta de prevención contra el robo automotor para su posterior comercialización ilegal».

La Ley 3708 promulgada en 2011 establece que todos los vehículos deben registrar el número de patente en capot, puertas y baúl. Un trámite cuyo costo es de 520 pesos y para el cual se debe pedir turno en alguno de los ocho talleres habilitados por el Gobierno porteño.

La aplicación de la ley fue prorrogada varias veces por el Gobierno de la Ciudad, la última vez en octubre de 2014 por seis meses. Eso explica la ola de comunicaciones enviadas en los últimos días, pero no su tono intimidatorio, francamente chocante, considerando que casi se da trato de infractores a quienes no cumplieron una disposición que las propias autoridades habían suspendido.

Por caso, la nota, firmada por la Gerencia Operativa de Fiscalización del Registro de Verificación de Autopartes, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, señala: «A los fines de deslindar su responsabilidad por la demora en efectuar el grabado, le solicitamos que al momento de concurrir al taller complete el Formulario de Descargo».

«Esta información debería habérsela brindado el Concesionario Automotor donde adquirió su unidad», advierten también. «Es una obligación legal que les ha sido impuesta y su incumplimiento les ocasionará a los mismos la aplicación de la sanción correspondiente».

Extraño aviso, considerando que, como se dijo, el propio gobierno había prorrogado la aplicación de la norma.

«Lo que se busca es regularizar esta situación y así disminuir el delito. Por eso estamos dando esta prórroga para los propietarios de vehículos 0 km que ya están en falta y evitar las multas a futuro», había señalado el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, en octubre del año pasado, al anunciar una postergación por seis meses.

Privatización de la seguridad

Pero lo más llamativo es la concepción de fondo, que lleva a las autoridades –en este caso tanto ejecutivas como legislativas- a no concebir otra forma de solucionar los problemas que no sea creando nuevas cargas a los contribuyentes y pasando así a los ciudadanos la responsabilidad de su propia seguridad.

Ante la consulta de Infobae, el diputado Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) aclaró que la norma fue votada por unanimidad por la Legislatura en 2010, cuerpo que por entonces él no integraba aún. «La web oficial explica que ‘así nos cuidamos entre todos’… Más bien parece que el gobierno macrista se desentiende de garantizar la seguridad de los automotores, mientras ‘le cuida’ el bolsillo a las prestadoras amigas», señaló el legislador.

Para Sandra González, de Adecua (Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina), la finalidad de esta disposición es «meramente recaudatoria». «¿Cuál es el beneficio de tener esto? Toda la carga es para el usuario, para el consumidor y terminamos pagando todos un servicio que debe dar el Estado», dice. Y agrega: «Debería ser público el procedimiento por el cual seleccionaron los talleres de grabado».

Bodart también sospecha de esta modalidad recaudatoria: «Del costo unitario actual de $ 520, $ 146 son para el trámite y la empresa que graba se queda con $ 374. Pero según la Ley Tarifaria 2015 (ley 5.238, art. 133), el canon anual que cada empresa de grabado le paga a la Ciudad es de apenas $ 13.000 al año. O sea que, con grabar 34 autos la empresa ya cubre el irrisorio canon anual».

El robo automotor es un verdadero flagelo en el país, considerando que con demasiada frecuencia es letal. Pero no se entiende por qué los ciudadanos, que ya pagan impuestos tanto al Estado nacional como local, deben ahora solventar su propia seguridad. Es notoria la facilidad con la cual se ponen de acuerdo los políticos cuando se trata de deslindar su responsabilidad.

En la página de Facebook habilitada por el Gobierno porteño para evacuar dudas, los comentarios de los usuarios son la expresión clara del sentido común de que carecen nuestros representantes.

«¿No es más fácil investigar los desarmaderos?». «Mala manera de sacarnos plata, disculpen, en ésta no estoy de acuerdo, no sirve de nada. Robos va a seguir habiendo, necesitamos eliminar delincuentes y no seguir cargándonos a los ciudadanos con gastos inútiles». «Ya de por sí, uno paga localizador, entre otras cosas». «Grabamos los cristales para evitar el robo del vehículo por parte de los delincuentes comunes y tenemos que aceptar que GCBA, o sea los delincuentes VIP, nos roben a nosotros sin poder tener la libertad de optar. El gobierno de la ciudad deberia brindarnos la seguridad que corresponde por los impuestos que pagamos y no lo hace». «Sigue la inventiva de políticos y funcionarios para recaudar», Etcétera.

En la provincia mediterránea, el intento de aplicar una ley similar causó tanto escándalo –por la sospecha de favoritismo a una empresa- que el Gobierno emitió un decreto dejando sin efecto la norma votada en 2012. No sólo eso, se devolverá el dinero a quienes ya hayan realizado el trámite y se rescindirá el contrato con la empresa de grabado de autopartes.

«Es una estafa. Si el Gobierno quiere trabajar seriamente tiene que trabajar en la venta de autopartes clandestina que la policía saben donde están», había dicho el presidente del bloque radical de legisladores, Rodrigo De Loredo, uno de los más activos críticos de esta ley.

El legislador cordobés había denunciado que la única empresa concesionaria del servicio tendría una rentabilidad de 10 millones de pesos mensuales.

Fuente: Infobae.