Apelan un sobreseimiento a Mauricio Macri

Es en la causa por los vejámenes cometidos por la ex Unidad de Espacio Público. Las intimidaciones contra Graciela Cisneros.

La querella que impulsa la investigación sobre los vejámenes cometidos por la ex Unidad de Espacio Público (UCEP) presentará hoy la apelación contra el fallo que sobreseyó al jefe de Gobierno y precandidato presidencial Mauricio Macri como responsable de su accionar. El recurso que deberá ser analizado por la Cámara del Crimen sucede en un contexto de intimidaciones contra la denunciante Graciela Cisneros, quien fue amenazada horas después de que se conociera la decisión que benefició al alcalde, y que fuera otorgada por un juez cinco días antes de jubilarse. La presentación penal para que se investiguen las amenazas también se hará efectiva en las próximas horas, adelantó Tiempo Argentino.

La decisión del juez de instrucción Facundo Cubas de sobreseer a Macri de culpa y cargo sobre los 17 casos de violencia que fueran denunciados desde 2009 por el accionar de una patota que liberaba de indigentes el espacio público, será recurrida. Una vez más, la Cámara deberá entender en este expediente por el que el precandidato presidencial del PRO ya había sido beneficiado horas antes del inicio de la feria judicial de verano de 2012 por la jueza subrogante María Fontbona de Pombo.

Tres años más tarde, con tres llamados a indagatoria incumplidos, un fiscal apartado por no investigar, y con un fallo de la Cámara de Casación que ordenó que la causa permaneciera abierta tras una batería de planteos dilatorios, el juez Cubas decidió el procesamiento de cinco personas, la mayor parte de ellos jerárquicos de la UCEP, y dictó el sobreseimiento del resto de los imputados, incluido Macri y su ex ministro de Ambiente, Juan Pablo Piccardo.

«Se limitaron a dictar una norma para lo cual estaban habilitados y más allá de la crítica sobre su técnica, los episodios que se sucedieron no les pueden ser reprochados porque evidentemente se apartaron de sus términos y no hay ningún elemento que los vinculen con la conformación y el modo de operar del grupo cuestionado», concluyó. Ese apartado, junto con el resto de los sobreseimientos, serán apelados por la querella que encabeza el abogado Adrián Albor, en representación de Cisneros, que aún vive en situación de calle.

Otro detalle resultó llamativo. Cubas definió la causa a días de cesar en su cargo como juez en el Juzgado de Instrucción Nº49. Como reveló Tiempo, esa renuncia para acogerse a la jubilación fue presentada hace un mes, y tiene fecha efectiva el próximo 1 de julio, según el Decreto 979/2015 publicado en el Boletín Oficial.

Justamente sobre la vereda de la calle Pasco, debajo de la Autopista 25 de Mayo, Cisneros recibió a las 6:10 de la mañana del viernes –horas después de que se conociera el fallo- la visita de «un hombre alto, delgado vestido de azul y con un pasamontañas», según relató. Sin que mediara presentación, el sujeto la interpeló: «¿Viste?, te ganó. No sabés lo que les espera. Con él no se puede», dijo, en alusión a Macri, el principal beneficiado con el fallo. «Se les acabó a todos la libertad. Vamos a dejar pasar un tiempo pero van a lamentar por meterse a hablar», fue la amenaza que recibió. El episodio va en camino a convertirse en una denuncia penal para proteger la integridad de la única víctima que logró convertirse en querellante e impulsar la causa pese a las presiones para cerrarla.

El sobreseimiento despejó uno de los frentes judiciales de Macri en su recorrido electoral, que sólo encuentra un escollo en la causa de las escuchas ilegales, donde permanece procesado a la espera de una dilatada decisión de la Cámara Federal a la que pidió el sobreseimiento. Casación debe definir si es acusado por la orden de represión policial a pacientes, médicos, periodistas y legisladores en los talleres protegidos del Hospital Borda.

La apelación al fallo de Cubas girará en torno a la valoración de las pruebas, en especial a las que fueron encontradas en un disco rígido perteneciente a la UCEP y a las que el magistrado citó como elemento de descargo. «Efectivamente puede observarse que en la columna ‘Asunto’ se consignan los nombres de distintos funcionarios», reconoció Cubas sobre una planilla de Excel que establecía la prioridad de los operativos de desalojo violentos. «Pero estas simples menciones solo implicarían que fueron aquéllos funcionarios los que dieron aviso de la supuesta ocupación irregular del espacio público, más no que ellos pudieron ordenar que el accionar de los agentes de la UCEP fuera de una determinada forma o que estuvieran en conocimiento de alguna extralimitación de su parte. Lo contrario hubiera permitido extender la imputación a, por ejemplo, Gabriela Michetti u Horacio Rodríguez Larreta, quienes también aparecen en los listados más veces que Macri y Piccardo», concluyó el juez para justificar la ausencia de elementos que los incriminen de manera más directa.

Fabián Rodríguez Simón, el «autor de escritorio»
Los 17 hechos delictivos de los que se acusa a la UCEP «fueron la consecuencia de un accionar planificado y direccionado», sostuvo en su resolución el juez Cubas, que al contrario de Macri, responsabilizó a Fabián Jorge «Pepín» Rodríguez Simón por los vejámenes. Junto a Jorge Cristian Polini y Luis Manuel Savoiardo fueron procesados por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, «pues por sus cargos y funciones fueron quienes indefectiblemente dispusieron tal actuación de los agentes y no podían desconocerla». Fueron los responsables de coordinar la patota procesada por lesiones, robo y coacción. Rodríguez Simón es el segundo candidato del frente Cambiemos (PRO, UCR y CC) para integrar el Parlasur.

Su procesamiento es un dolor de cabeza para el PRO, pero esquiva las leyes locales y el Protocolo Constitutivo del Parlasur para que se le impida postularse. «Su responsabilidad es ineludible pues fueron los jefes máximos del organismo y tenían el poder de decisión, dirección y control», sostuvo el magistrado sobre la provisión comprobada de elementos como chalecos antipunzantes o la orden de actuar contra indigentes de madrugada con un camión compactador y camionetas del BAP. Por este motivo, Cubas consideró a Rodríguez Simón –asesor jurídico del PRO en iniciativas como la Ley en Defensa de la Libertad de Expresión- como «autor de escritorio» de los delitos. «Claramente tomaron parte en la ejecución de los robos, coacciones y lesiones», sostuvo el juez al ampliar la imputación sobre el candidato del PRO.

Fuente: Tiempo Argentino