«Con el palo y con la astilla», por Silvina Batakis

Aunque resulte exagerado el mote “ley de leyes” para la Ley de Presupuesto, esta norma establece las prioridades que el Poder Ejecutivo propone para la atención de las necesidades de la ciudadanía y la forma en la que sugiere que se financien, permitiendo al sector privado inferir el panorama económico del año entrante (y tal vez los subsiguientes) para tomar sus propias decisiones de negocios.

Cada año la época en que se discute la ley de leyes resulta iluminadora, pues permite diferenciar claramente “los discursos” de “las decisiones”, permitiéndonos establecer qué tanto se acercan las políticas propuestas a las promesas realizadas o a realizar.

No en vano, la costumbre en la Provincia ha sido discutir el Presupuesto de manera conjunta con la Ley Impositiva anual, ya que la forma en la que se decide afrontarlo representa un acto de política significativo, al determinar qué sectores de la ciudadanía aportarán qué proporción de su capacidad contributiva del presente, y en qué proporción lo harán las distintas generaciones utilizando la capacidad de endeudamiento.

Tampoco en vano, la Ley de Responsabilidad Fiscal, obliga a la Provincia a contemplar los lineamientos de la política nacional en la presentación del Presupuesto de la Administración Nacional, pues en el ejercicio de facultades tanto “concurrentes” como “delegadas” gran parte de los recursos disponibles para los gobiernos subnacionales se determinan en la discusión del presupuesto nacional.

A más de un año de la toma de posesión del cargo de la nueva gestión, la contraposición de las promesas de campaña y los hechos a nivel nacional ya han sido evaluadas y estará en cada uno reflexionar sobre lo evidenciado. Sin embargo, la política presupuestaria provincial no parece haber sido aún evaluada en los mismos términos, a pesar de que el pedido de endeudamiento resultaba este año tan excesivo como el del año anterior, disminuido por la oposición luego del análisis legislativo.

Importante es señalar que a las obras que estarían llegando “a la provincia que hacemos entre todos” las pagaron los trabajadores públicos (médicos, enfermeros, docentes y policías que se encargan de brindar los servicios públicos básicos para la cohesión social) y los privados, resignando cerca de 10 puntos de salario real en un año claramente recesivo. Los ciudadanos de la provincia recibirán aumentos del 38% en el impuesto inmobiliario urbano y rural cuando la capacidad contributiva de los salarios se redujo pero el valor agregado agropecuario creció en más del 100% según datos del INDEC.

Sin embargo, el Valor Agregado Agropecuario no duplicó su cantidad producida. La política de reducción y eliminación de retenciones a las exportaciones junto con la de devaluación, redundó en un salto de los precios de los productos del sector en moneda nacional. Pero cabe recordar que en aquel campo de maíz puesto como escenario del anuncio de la reducción de las retenciones se señaló a los presentes “… ahora a pagar ganancias con alegría”, mostrando que las medidas iban a causar un aumento de sus ganancias, es decir favoreciendo inmensamente a un sector minoritario y entonces se les pedía una contribución al respecto. Sobre esta condición macroeconómica, la gestión provincial decidió disfrazar de equitativa la igualdad en el tratamiento tributario aplicando un incremento de impuesto inmobiliario idéntico a quienes perdieron capacidad contributiva en sus salarios y a quienes se les incrementó a través de política específica más del 100% sus ingresos. ¿Qué le habrá dolido más a la mayoría de los bonaerenses, el palo o la astilla?

*La autora es ex Ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires