El contexto político de los diálogos necesarios. Por Juan Carlos Herrera

Las elecciones nacionales que habilitaron la instalación de un nuevo período de gobierno constitucional se realizaron en una competencia de baja intensidad si nos concentramos en la naturaleza y contenido de las propuestas programáticas que mostraron a los candidatos con más similitudes que diferencias en el imaginario de la opinión pública, en la medida que coincidieron en captar las preferencias electorales en el espacio ideológico del “centro”, aventando las ideas de cambios extremos por derecha y por izquierda.

En este sentido, apareció la idea fuerza de “continuidad con cambios” como el discurso más racional, aunque resultara difícil dilucidar cuál era el peso diferencial que cada competidor atribuía a los conceptos de “continuidad “y/o “cambio”. En realidad, la lógica electoral planteaba un camino muy alejado de las expectativas que el conjunto de las personas tenía respecto de un gobierno que resolviera problemas.

Los candidatos exhibieron sus atributos y cualidades a través de discursos electorales concentrados en la descalificación del adversario y en el tratamiento de los emergentes, antes que en la identificación de los problemas estructurales y las políticas necesarias que requerirían de estrategias más o menos planificadas para tomar decisiones coherentes, y ejecutar esas políticas por cauces institucionales más previsibles y racionales que regulen las estrategias de poder en la sociedad.

En la realidad política operan alineamientos ideológicos que tienden a la polarización, sin que ello signifique un defecto o limitación para realizar la vocación mayoritaria en una democracia pluralista que esté comprometida en fortalecer las capacidades institucionales del Estado para un mejor ejercicio del gobierno y promoción de la práctica política sostenida por criterios de imparcialidad y de equidad, porque una perspectiva realista nos muestra que la institucionalidad republicana resulta imposible e inviable sobre la existencia de una sociedad quebrada por la exclusión social y la desigualdad, donde no pueden hacerse efectivos los derechos básicos para una vida digna.

En consecuencia, una parte del problema pareciera radicar en cómo crear las condiciones para transitar un proceso de acuerdos sobre el reconocimiento del quiebre profundo que afecta a las estructuras sociales, económicas y políticas en nuestro país. Profundas contradicciones que de no existir intervenciones inteligentes y planificadas de los actores sociopolíticos que encarnan el interés de las mayorías populares, corren el riesgo de profundizarse y de frustrar las expectativas por un desarrollo integrado de nuestras potencialidades y recursos nacionales. Las siguientes reflexiones se concentran en reconocer posibilidades de acuerdo y de diálogo social a través de la creciente complejidad que domina la escena nacional y los determinantes del contexto externo; cuáles son los elementos necesarios y los actores que la historia ha ido configurando para representar los intereses mayoritarios en la construcción de un orden más equitativo y democrático.

Un escenario de cambios

A la luz de los cambios que se están procesando en la sociedad y la política argentinas como consecuencia de las elecciones nacionales del 22 de noviembre, cabe intentar un diagnóstico en función de las experiencias vividas durante los últimos doce años, especialmente vinculado a la sustentabilidad de las políticas públicas implementadas y a las perspectivas de profundizarlas o sustituirlas en virtud de las preferencias ideológicas y políticas de la nueva clase gobernante.

Es evidente que el proceso de gobierno iniciado en la coyuntura de la crisis del 2001 privilegió la recomposición de la estructura del empleo y del ingreso social junto a la recuperación de espacios de participación popular y el fortalecimiento de las estructuras democráticas comprometidas con una representación más equitativa de intereses diversos en el marco de la institucionalidad republicana.

En este sentido, cabe señalar que la dinámica del proceso histórico plantea nuevas complejidades a los gobiernos y demanda por transformaciones estructurales profundas como condición de democracias con mayor igualdad y participación de las sociedades. En este marco, la confrontación y el consenso constituyen necesariamente, las dos caras de la práctica democrática, por lo que la clave de una acción política transformadora hay que buscarla en la capacidad de la clase política para impulsar aquellos cambios, en función de los intereses legítimos comprometidos con la expansión democrática, mediante la integración de los colectivos sociales que hoy sufren condiciones de exclusión y marginalidad.

La Argentina exhibe quiebres profundos en sus estructuras constitutivas; en lo social, niveles de pobreza que condenan a millones de compatriotas a condiciones de vida misérrimas en un territorio con potencialidades y recursos extraordinarios; en la estructura económica, la concentración de la propiedad y la riqueza va de la mano de un proceso de desnacionalización y des-territorialización que nos hace cada vez más dependientes de las “cadenas de valor económico transnacionales”; en lo político, el quiebre del sistema de representación que se articulaba en torno a los partidos políticos, produciendo como efecto principal la aparición de un sucedáneo de los viejos partidos en alianzas electorales volátiles, cada vez más incapaces para sostener acuerdos de gobierno y compromisos con una agenda votada por los propios electores.

En este marco, la sociedad argentina aparece fracturada y dividida, no tanto en el sentido que se atribuye a las confrontaciones ideológicas caracterizadas por una esgrima retórica, sino por la fractura social, problemática estructural que es resultado de una lógica económica de concentración de la renta y de las limitaciones de la política para reconstituir un espacio de poder eficaz para regular en función de los intereses soberanos a los procesos económicos y sociales.

Es cierto que el mundo experimenta la crisis de la política, tanto en la idea como en la práctica. Más aun, vivimos esta crisis en el marco de la propia crisis del Estado Capitalista, tanto sea en su matriz “liberal individualista” como en la “social demócrata” que supo garantizar más de tres décadas de bienestar en las sociedades capitalistas desde la II posguerra. No está de más señalar que esta crisis de la forma del Estado Capitalista no transforma en válidas otras formas estatales de matriz socialista y burocrática que fueron conocidas hasta la caída del muro de Berlín, por lo que resulta indispensable construir nuevos pensamientos para comprender las nuevas realidades. Más precisamente, lo que esta crisis está señalando es que las instituciones políticas resultan insuficientes para garantizar la estabilidad y la imparcialidad en el funcionamiento de las democracias. La realidad de la política, a su vez, refleja cada vez más la dinámica de los conflictos para regular los procesos sociales, ante la imposibilidad de contener los efectos de un capitalismo de especulación que está quebrando las bases de las economías productivas como sustento de un crecimiento con desarrollo e integración social.

De otro lado, la crisis de la política también pone de relieve su incompetencia como realidad subordinada a la economía y más aun, de una lógica económica que pretende sustentar el orden social a partir de los equilibrios espontáneos del mercado, ignorando los efectos necesarios de la concentración oligopólica en el fenómeno de la exclusión social.

La nueva democracia requiere acabar con la “fetichización 1 del poder”, concebido como un objeto de conquista o posesión y no por su capacidad de crear nuevas obras e impulsar acciones transformadoras. Requiere una mayor autonomía de la acción política y una funcionalidad nueva del poder político, no en el sentido de dominación, sino como la capacidad de crear oportunidades de cooperación entre los individuos y las organizaciones de la sociedad con el propósito de transformar las condiciones que están impidiendo el desarrollo de procesos democráticos innovadores.

Durante los últimos doce años, la práctica del gobierno kirchnerista obtuvo resultados evidentes y también reflejó contradicciones y ambigüedades derivados de la estructuración de los procesos decisorios que restaron que en muchos casos restaron eficacia institucional y democrática a la intervención de las políticas públicas. Este reconocimiento, sin embargo, no vale para desconocer que muchas veces, la apelación a las “reglas del juego”, esconde las intenciones de limitar la autonomía decisoria del poder político y aun de las facultades constitucionales para imponer regulaciones que garanticen mayores grados de participación social en la distribución de la renta.

Más allá de las intenciones, ciertas perspectivas institucionalistas-republicanas resultan funcionales a las estrategias de “achicamiento del Estado”, propiciando las metas de equilibrio presupuestario con fundamento exclusivo en la reducción del gasto y la inversión pública, dejando en libertad el resto de las variables económicas y financieras porque se asegura que las” reglas del juego” entre “actores racionales” harán posible las transferencias de los beneficios privados al ámbito público, es decir al beneficio de todos y de esta manera, la política o la política “ausente” hará posible la realidad del “Buen Gobierno” Liberal.

En nuestro país, la instauración del neoliberalismo a partir de la dictadura y su continuidad con altibajos hasta fines de la década de los años noventa logró la ruptura y disolución de un modelo de integración social fundado en la vinculación entre la producción y el trabajo con efectos progresivos en la matriz distributiva del ingreso nacional. La ruptura de aquel proceso virtuoso, produjo la creciente dislocación entre los intereses de la producción nacional y la dinámica de acumulación del capitalismo financiero, dejando como resultado una sociedad que funciona por una dinámica de oposición y dependencia recíproca entre la concentración del poder económico y el proceso de exclusión y marginalidad social.

La dinámica del capitalismo global impone esta contradicción entre concentración y exclusión; ambas caras del mismo fenómeno que constituye la realidad del capitalismo del siglo XXI. La concentración como un “movimiento centrípeto” que constituye a la cúpula del poder en la sociedad y que necesita de la marginalidad social como “efecto centrífugo”, para garantizar la “tasa de ganancia” que haga sustentable el modelo de crecimiento capitalista transnacional. Frente a ello, la realidad internacional está mostrando la contracara de nuevos fenómenos y tendencias que buscan afianzar y expandir la participación democrática con movilizaciones crecientes de los colectivos sociales, en disputa con las lógicas de concentración de la propiedad y la riqueza 2. Los últimos procesos eleccionarios en Europa confirman este escenario donde los equilibrios “bipartidistas” o de “pluralismos moderados” que tuvieron vigencia desde la II posguerra, se resienten ante los posicionamientos de la “Derecha Conservadora” que impulsa proyectos integristas y hasta racistas que interpelan a las identidades nacionales para rechazar los flujos migratorios de sus ex colonias africanas. Por Izquierda, se observa la disconformidad creciente de las mayorías populares con las políticas de base monetarista que ha hecho del equilibrio fiscal, sobretodo en la UE, la condición excluyente para el funcionamiento de la economía.

Por otra parte, los “concentrados transnacionales”, preocupados por mantener la tasa de ganancia en la competencia global, recurren a la “deslocalización de empresas” en busca de empleos precarios y salarios de hambre en los países periféricos, mientras crece el desempleo en Europa, sobre todo en las franjas más jóvenes y con mayor inversión educativa. Ciertamente, la dinámica capitalista de la concentración y de la rigidez monetaria no ofrece porvenir a las próximas generaciones de europeos, en consecuencia, la rebelión empieza a procesarse en el terreno de la política y de la revalorización del Estado Nación con una renovada capacidad de coordinar acciones y poderes con las organizaciones sociales.

En América Latina y especialmente en Argentina, el escenario tiene similitudes aunque también diferencias; por una parte, pareciera que la bonanza económica producida por la dinámica del “extractivismo” 3 está llegando a una zona crítica para seguir asegurando la tasa de ganancia en tales condiciones y es posible que de factor dinamizador del crecimiento económico se convierta en una fuerte restricción para cualquier proyecto de expansión de la potencialidad productiva hacia otras áreas que van a requerir mayores inversiones en infraestructura, tecnología, innovación de gestión y capacitación en nuevos conocimientos y saberes para lograr mayores niveles de integración diferenciada en la matriz productiva nacional y regional.

Consensos necesarios para la inclusión social

Tomando en consideración este contexto de cambios y de creciente incertidumbre donde se dificulta la proyección de los escenarios posibles y se desintegra la lógica de los modelos de integración económico-social predominantes en el siglo pasado, sólo tenemos la certeza de la precariedad facilitada por el desarrollo tecnológico y de la contingencia que caracteriza la dinámica de los conflictos de poder, cada vez más intensos, en torno a los procesos de concentración de la propiedad, las finanzas, de la información y del conocimiento en el nivel mundial.

En nuestro país, mientras tanto, podemos evaluar un proceso que registró altos índices de crecimiento de la economía, especialmente entre 2003 y 2008, aunque acompañado de una creciente complejidad en los procesos de integración y participación social, con una diferenciación de intereses, preferencias y demandas sociales, y de nuevos actores que emergieron a la arena de disputa del poder social y que se constituyen, ya no en torno a las necesidades de supervivencia sino a los intereses de inclusión autónoma en una sociedad caracterizada por la complejidad de sus relaciones.

A este respecto, una pregunta necesaria es la de cómo hacer para que este proceso progresivo de inclusión social se afiance. Sin dudas, el camino pasa por la consistencia de las políticas públicas y la expansión de las capacidades institucionales del Estado para impulsar la transformación progresiva de la economía, promoviendo el desarrollo industrial con el agregado de mayor valor tecnológico y trabajo de calidad.

Para ello, se dirá que son necesarios los consensos, aunque es tiempo de entender que la convocatoria a los consensos no se agota en la demostración de voluntades, sino que implica una problemática muy compleja, determinada por la naturaleza, magnitud y estructura de los conflictos de poder. Ante esta realidad, la función de la “inteligencia política” en las fuerzas democráticas, debería orientarse hacia la identificación de los nudos problemáticos para crear consensos en torno a ellos y a buscar las oportunidades de cooperación reconociendo la legitimidad democrática de los intereses que deberán ser negociados.

No está de más insistir que los consensos resultan de procesos no lineales que buscan suspender, orientar y transformar los conflictos, exigiendo de los actores políticos y sociales las capacidades necesarias para remover los obstáculos a los acuerdos, pero garantizando los equilibrios necesarios en las mesas de las negociaciones donde disputan los intereses contradictorios.

Las estrategias de poder se pondrán en acción, sea para conservar el “status quo” o para generar transformaciones con un sentido democrático, entendiendo por democracia, la existencia de condiciones igualitarias de base para el acceso a todos a los recursos y bienes públicos de calidad (salario, vivienda, infraestructura, salud, educación, justicia, seguridad, etc.) Para que operen los consensos, es necesario entonces, que haya una disposición a generar cambios en las relaciones del poder económico y político, a partir de confrontaciones inevitables entre un poder dominante y poderes de resistencia que buscan impugnar esa hegemonía por su carácter de ilegitimidad democrática.

Elegimos señalar a la desigualdad y la inequidad social como el principal problema estructural de la sociedad argentina, situación ésta que comparte con el resto de los países latinoamericanos pero que en nuestro caso resulta más gravoso porque hemos transitado durante décadas un proceso regresivo que se traduce en la imposibilidad para millones de compatriotas de acceder a un rango de oportunidades básicas para salir del estado de supervivencia y adquirir un horizonte de progreso individual, familiar y colectivo.

Una ciudadanía democrática implica mayor autonomía individual y colectiva para la acción política. Para que esto ocurra se requiere de un Estado fortalecido en el ejercicio de la soberanía y de los atributos constitucionales para garantizar reglas de juego equitativas, comprometido con el fortaleciendo de la representación y participación de los más débiles en la confrontación necesaria con los actores de poder económico y político.

La disputa por los recursos de poder y por el acceso a los espacios de participación en las decisiones públicas debe ser regulada por las instituciones públicas. La experiencia de las últimas décadas nos dejó la enseñanza de que aun con imperfecciones e ineficiencias, el Estado es, sin reservas, el agente más equitativo en la asignación de recursos de utilidad pública, sin olvidar que el mercado es por naturaleza el ámbito de la competencia entre agentes de intereses privados y su eficacia resulta necesariamente, en concentración del poder económico. De esta manera, las restricciones a la intervención del poder público, tienden a maximizar esos efectos.

La historia económica de nuestro país muestra la prevalencia de una dinámica de conflictos de características predatorias, donde aquel que tiene mayor cuota de poder tiende a romper las reglas del juego a su favor, para anular al contrincante y además depredar el espacio donde esa relación tiene lugar para que no puedan reproducirse los equilibrios mínimos como garantía de negociaciones más equilibradas.

Lo descrito no se refiere al aspecto subjetivo de las voluntades que tienden a la disputa sino a la realidad de los intereses objetivos que confrontan en el marco de las relaciones económicas, impulsados por la lógica de maximizar la ganancia, constituyendo monopolios, vulnerando el principio de la competencia y dejando como resultado un ambiente social depredado por el desempleo, la reducción de la participación salarial en la economía y la creciente precariedad de las condiciones de vida. Este proceso de extraordinaria concentración de la propiedad y la riqueza en el nivel mundial, tiene su correlato en la Argentina a través de la lógica del “capitalismo extractivo”, de la especulación financiera y la dependencia de las cadenas de valor transnacionales que buscan inhibir cualquier esfuerzo por conseguir mayor competitividad para nuestra producción diversificada en el mercado mundial.

De esta manera, los conflictos de poder se ordenan en función del interés oligopólico, mientras los actores sociales pierden capacidad de representar sus propios intereses para transformarse en sujetos de necesidades, pasivos beneficiarios de planes de subsidios para la supervivencia. Por esta vía, la exclusión social es simplificada como un fenómeno de la “pobreza”, distrayendo la atención de la naturaleza estructural del problema y priorizando las “soluciones administrativas y gerenciales” que se reducen a incrementar las transferencias de recursos públicos para paliar los efectos más nocivos de la miseria, alejando la posibilidad de plantear la contradicción fundamental que plantea la inequidad como efecto del modelo económico.

El cambio de sentido y direccionalidad del proceso económico y político de matriz neoliberal que determinó la salida de la crisis en 2002/2003, se hizo sobre el reconocimiento de legitimidad de las demandas colectivas y de los nuevos actores que encarnaban el momento más agudo de la crisis junto a la reconstitución de la base de representación del movimiento sindical, frente a lo cual, el gobierno asumía el arbitraje del conflicto entre los diversos actores e intereses representantes de la sociedad y del mercado. El proceso democrático recuperó, en aquel momento, el sentido de los valores sociales y renovó su compromiso con las representaciones populares.

La superación de la crisis hizo posible que se constituyera una nueva hegemonía de poder político que favoreció el dictado de normas y regulaciones con la finalidad de reparar los efectos más nocivos que afectaban a los sectores más vulnerables. Esta nueva realidad fue la base de una institucionalidad política y social con mayor comprensión de las situaciones de inequidad e injusticia social. Sin embargo, el desarrollo de este proceso irá generando contradicciones e inconsistencias en su práctica política ante las dificultades para generar consensos y enfrentar los desafíos planteados por las estrategias de los poderes concentrados.

La necesidad de consolidar una base de poder exigible para tomar decisiones transformadoras que implicaban alterar los viejos equilibrios de poder llevó a privilegiar una práctica “decisionista” que afectó a las formas clásicas de la deliberación republicana, impugnando acciones de la oposición política y rechazando oportunidades de negociación, aun en aquellos casos en que los posicionamientos no resultaban antagónicos ni atentatorios contra el orden constitucional. Otra vez más, en la historia argentina, volvía el dilema de cómo construir una democracia con protagonismo de las mayorías y un nuevo equilibrio de poder donde los consensos republicanos garantizaran la autonomía del poder público y la oposición política no cediera a las pretensiones corporativas por reconstituir la hegemonía neoliberal.

La movilización popular y el protagonismo de nuevos actores en la sociedad constituye un desafío para las estructuras de representación de intereses; partidos políticos, sindicatos, gremios empresarios y organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas devenidas corporaciones que reproducen una legitimidad autorreferente y un accionar oportunista en las coyunturas políticas. Esta situación sigue reproduciendo la crisis de los sistemas de mediación política creando la ilusión de que quien controla los detalles, controla el todo; en otras palabras, que la acción de los operadores puede sustituir a la misión de los dirigentes y los estadistas.

Es cierto que la democracia se construye en el diálogo y los consensos pero sobre el tránsito de los conflictos, porque la democracia no es un modelo abstracto al que haya que someter la realidad, sino un proceso hecho de constantes intervenciones, correcciones, decisiones y cambios de rumbo. La Democracia es una transición permanente que reconoce una realidad compleja donde predomina la incertidumbre y donde la volatilidad es un riesgo previsible de los pactos institucionales y políticos.

Un poco de historia: Pactos, Alianzas y Oportunidades Perdidas

A lo largo de la historia democrática argentina se registraron sucesivos intentos y proyectos de concertación social y política, destacando la tradición del Diálogo Social en el pensamiento y la práctica del Movimiento Obrero que a diferencia de otras trayectorias sindicales, privilegió las reivindicaciones de contenido nacional y popular antes que el espíritu clasista. Por cierto que la práctica de los acuerdos sociales y políticos es reconocida en todas las democracias, con especial énfasis en las de matriz socialdemócrata. Sin embargo, muchas iniciativas naufragaron o se disolvieron, entre otras cosas, por falta de actualización de los contenidos. En nuestro país se registraron sucesivos intentos que cuentan fracasos y logros, en gran medida por el alto nivel de dependencia del contexto internacional y la reproducción de una elite de poder que ha privilegiado las crisis para maximizar sus beneficios y privilegios.

En este sentido, cabe recordar algunos procesos que fueron desarrollados con el propósito de prevenir crisis cuyo desencadenamiento próximo era previsible. Coyunturas que se caracterizaron por la convergencia de factores internos y también externos que tuvieron una influencia decisiva. La convocatoria al “Congreso de la Productividad” que hiciera el Presidente Perón en 1953 como consecuencia de la crisis del sector externo de la economía y que agudiza la necesidad de divisas para seguir capitalizando el proceso de transformación industrial. Este evento es rechazado, en especial por el sector agrario y el poder que más pronto que tarde logró combinarse con las necesidades del capitalismo norteamericano en busca de ampliación de mercados para posicionar sus empresas y capitales orientados a la explotación petrolera y a las inversiones en infraestructura física, además de la apertura a las importaciones manufactureras provenientes de EEUU, para entonces, en abierta competencia con los países europeos. En el plano interno, las dificultades para estabilizar la economía sometida a las presiones inflacionarias asociadas a la “democracia de bienestar”, en gran parte determinada por los altos niveles de consumo y la puja entre los empresarios y los trabajadores, además de las rigideces de la estructura productiva que quitaban competitividad a una economía desafiada por la presión externa, incidieron, junto a otros factores para agravar las condiciones políticas que posibilitaron el golpe de estado de1955.

En aquel contexto, el Gral. Perón convocó al “Congreso de la Productividad”, para renovar el modelo de concertación: capital/ trabajo que reconocía al Estado un rol arbitral en la regulación de los conflictos. Sin embargo, la puja de los intereses pudo más que la inteligencia estratégica del líder y Argentina sufrió en corto plazo una crisis seguida de un fenomenal retroceso en materia de los derechos y libertades colectivas conquistadas.

Una segunda oportunidad destacable apareció con el retorno del Gral. Perón a la presidencia de la Nación en 1973, en un mundo en ebullición por la crisis energética, el aumento de los precios del petróleo y la recesión que comenzaba en Europa y Japón; factores que incidirán en el agotamiento del modelo industrial surgido en la II posguerra. Esta situación permitió, sin embargo, algunos grados de autonomía nacional para jugar en la escena internacional -alza en el precio de las materias primas y amenazas al modelo de crecimiento consumista por finitud de los recursos naturales-; sin embargo, los conflictos políticos e ideológicos en lo interno, impidieron la estabilización de un proceso político y democrático con las capacidades necesarias para contrarrestar las influencias del poder transnacional vehiculizadas por los capitales financieros especulativos que imponían una lógica desvinculada de las necesidades de financiamiento de los procesos productivos.

Bien pronto aparecerán las doctrinas monetaristas para fundamentar los ajustes fiscales con efectos en la baja de la demanda agregada, desempleo, altos tipos de interés real que fomentan la especulación financiera, agonía de los procesos productivos nacionales, cambio tecnológico, revolución capitalista en el sudeste asiático con políticas de reducción del costo laboral a nivel mundial. Todo lo cual incidirá en la revolución “neoconservadora” liderada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

Este es el marco internacional que acompañó a la Dictadura y posteriormente, el retorno de la Democracia en 1983 que debió asumir la pesada carga de la Deuda Externa, con fuertes restricciones al crecimiento económico y a las pretensiones de un desarrollo autónomo. La Argentina democratizada sufrió las presiones de los organismos internacionales para “achicar el Estado” imponiendo ajustes fiscales y resistiendo las presiones inflacionarias por la vía de la reducción del salario real y el deterioro de las relaciones de trabajo. En aquellas condiciones democráticas, crece la necesidad del Diálogo Social pero sus posibilidades se alejan por el estancamiento económico y la agudización de la pobreza que obliga al Movimiento Sindical a levantar la bandera de “paz, pan y trabajo” , arrinconando al gobierno que dispone cada vez de menores recursos, debido a los embates de los poderes transnacionales. En aquellas circunstancias, no faltaron actitudes de soberbia política, revanchismos y oportunismos en el juego de los actores políticos, empresarios y sindicales; pero eso no fue el núcleo del problema sino la anécdota; en rigor de verdad, el capitalismo estaba entrando en su fase de globalización con la hegemonía del capital financiero y los EEUU como su potencia de referencia necesitaba actualizar su dominio geopolítico promoviendo regímenes que sintonizaran con el “Consenso de Washington” que regirá durante la década de los noventa.

La nueva oportunidad perdida radicó en el rechazo a constituir una mesa de consensos a partir de la segunda mitad de los años noventa que, reuniendo al gobierno, los actores políticos y sociales hubiera podido implementarse una salida planificada de la “convertibilidad” con reducción de costos económicos y sociales. Sin embargo, los beneficios electorales percibidos por el gobierno como debidos a la convertibilidad, la reducción de las estructuras sindicales y el debilitamiento de su poder de negociación, aunque mantuvieran su cuota de presión para defender el salario, poco pudieron hacer frente al desempleo creciente que arrojaba trabajadores al “cuenta propismo” y a las redes solidarias de servicios de intercambio en una economía marginal que crecía para satisfacer la subsistencia los sectores sociales más vulnerables. El Consenso de Washington con la hegemonía unipolar de USA, determinaba para nuestros países una “globalización lisa”, uniforme, indiferenciada, atendiendo al pensamiento del Papa Francisco, que se traducía en la desnacionalización de las economías y la pérdida de soberanía política.

La crisis del 2001 ofreció las condiciones para una nueva “mesa de consensos” y ello se concretó con la Mesa del Diálogo Argentino; sin embargo, la urgencia volvía a imponerse sobre la planificación de lo que debería ser materia de consenso. El fenómeno de la pobreza ocupaba el centro de las preocupaciones y los modos de paliar sus efectos más nocivos constituían la agenda del gobierno y de la política. La Mesa del Diálogo funcionó como un ámbito de encuentro pluralista y democrático que reconoció la sustantividad de la política, y en la legitimación indirecta del gobierno de transición forjó compromisos institucionales que hicieron posible superar el “estado de excepción” por la crisis y preparar el camino para un nuevo gobierno.

La superación de la crisis se hizo restituyendo los equilibrios básicos de la convivencia social y re encauzamiento de los mecanismos constitucionales que estabilizaron el sistema político y el funcionamiento del nuevo gobierno que surgió de las elecciones con legitimidad institucional y desconfianza política. Se había salvado la República pero quedaron afectadas las condiciones democráticas de la política que seguía manifestando su frustración en el “que se vayan todos”, reflejado en la fragmentación de las preferencias electorales de 2003 poniendo de manifiesto una vez más la crisis profunda del sistema de mediación política en Argentina.

El gobierno de Néstor Kirchner logró recomponer los fundamentos de legitimidad democrática. La política asumió el desafío de intervenir en la estructura distributiva del ingreso, a través de la función regulatoria del Estado y disputando a los sectores más concentrados del poder económico, la cuota parte de la rentabilidad productiva que era necesario invertir para reconstruir las bases mínimas de equidad del sistema democrático. Dos características son destacables, la revalorización y relegitimación de las expectativas por mayor bienestar y la institucionalización del Régimen de Convenios Colectivos de Trabajo y las negociaciones paritarias que habilitó nuevamente a las organizaciones sindicales como actores preponderantes en la confrontación sobre la distribución de la renta capitalista.

El nuevo gobierno entendió que la recomposición de las capacidades institucionales del poder político debía afianzarse en la constitución de una hegemonía que hiciera posible después abrir un espacio de negociación con otros sectores de poder con una preponderancia de la política en la representación del interés público. El gobierno entonces tuvo dos desafíos; por una parte, reforzar el protagonismo y la centralidad política y por otra, los embates en dos direcciones, de quienes reclamaban su participación en la toma de decisiones para aumentar su cuota en la distribución de la renta y los que advertían una oportunidad para asociar el proceso de distribución de la renta a la introducción de modificaciones que permitieran una matriz productiva más diferenciada que pudiera compensar el comportamiento oligopólico de los grupos concentrados en la economía.

El proceso avanza sin mayores dificultades hasta fines del 2007. La crisis internacional del 2008 –hipotecas sub-prime en EEUU- pone de relieve la inconsistencia de la especulación financiera a los fines del crecimiento económico sostenible pero también, la depreciación de la economía productiva como fuente de valor y de ganancia para las expectativas de los operadores del capital concentrado a nivel mundial. Queda al descubierto la naturaleza predatoria del sistema de especulación favorecido por la concentración de la renta financiera y tecnológica, la desterritorialización de los procesos de transformación productiva, sobretodo industrial, con sus efectos en la caída del empleo y aceleración de los procesos de exclusión social, pobreza y desigualdad.

En el contexto actual, los efectos de la crisis internacional persisten en un enrarecimiento de las relaciones internacionales que presenta nuevas realidades de orden geopolítico; el debilitamiento de los actores emergentes (China, Rusia, Brasil) y de Europa, la reactivación económica de EEUU asociado a su mejor posicionamiento geopolítico, están determinando un escenario de revitalización neoliberal con efectos de retroceso en las conquistas socioeconómicas, laborales y de autonomía en las decisiones nacionales.

Las economías emergentes entran en un proceso de desaceleración y retracción por razones del comercio internacional y vuelve a aparecer la necesidad de generar cambios estructurales en los países que permitan cumplir con las expectativas de mayor integración social.

Diálogo social y fortalecimiento democrático

En este escenario se hace necesario fortalecer los procesos de institucionalización política, en el sentido de alinear a todos los actores con el cumplimiento de las reglas de juego democráticas que garanticen soberanía a los gobiernos para tomar decisiones y al mismo tiempo hagan a la sustentabilidad de las políticas públicas. Esto implica reconocer la existencia y la naturaleza de los intereses en pugna y constituir representaciones legítimas de aquellos sectores que persisten en situaciones de indiferenciación económica y marginalidad social respecto de los ámbitos donde se formulan e implementan las decisiones. Se impone así, el planteamiento de nuevas condiciones para un Diálogo Social que esté orientado a la cooperación de los actores, pero dotados de recursos de poder que puedan abrir espacios de negociación para fortalecer una doble perspectiva: realizar la integración social a través de una revalorización del Trabajo y de otra parte, un compromiso del poder económico y del poder social organizado (sindical) para asegurar niveles crecientes de productividad sistémica; entendiendo por ello, no la productividad generada a costas del salario y el empleo, sino abriendo un nuevo espectro de relaciones de cooperación entre el capital y el trabajo, aceptando la potestad regulatoria del Estado y la incorporación creciente del conocimiento aplicado y las nuevas tecnologías para expandir las capacidades de los trabajadores en la generación de valor económico y social.

Lo anterior también implica que los actores sociales, especialmente sindicales, tengan una mirada más profunda y comprensiva de las nuevas complejidades que caracterizan a la dinámica social argentina. El fenómeno de la marginalidad social, no es solo un problema de orden estatal, sino de política pública que implica la participación de todos los actores y de modo especial del Movimiento Obrero, como eje y articulador estratégico en el proceso de integración de las relaciones socio-laborales. Debemos entender que la Argentina no tiene “pobres”, tiene desocupados, desempleados, hombres y mujeres expulsados de la posibilidad del trabajo y condenados a sufrir en la ejecución de labores precarias, desvalorizadas y depreciadas como condiciones de acceso a una vida humana con dignidad. Todos sabemos que la condición de “subempleo” es un recurso estadístico para ocultar la verdadera realidad de personas privadas de la posibilidad de valorar su esfuerzo personal para conseguir una remuneración justa. En las últimas décadas se ha ido sustituyendo la categoría de trabajador por la de “sobreviviente”, siendo ésta última la condición de funcionamiento de un proceso de acumulación capitalista exitoso que transfiere los costos al Estado Nación que debe arbitrar diversos tipos de subsidios y asistencia a las personas para paliar las necesidades sociales más elementales.

Sobre la experiencia vivida y atendiendo a las tendencias que muestra la evolución del proceso de globalización capitalista, es evidente que las perspectivas de una Democracia con niveles aceptables de bienestar y justicia social para todos se hará más dificultoso. La dinámica del sistema hace cada vez más difícil la creación de trabajo de calidad y es de esperar que la tendencia espontánea continúe con la destrucción de empleos debido a la inversión en nuevas tecnologías ahorradoras de mano de obra y en el incremento de situaciones de precariedad en el mercado laboral.

En consecuencia, la política debe intensificar su compromiso con un modelo de desarrollo que garantice mayores niveles de inclusión y bienestar. La participación de los actores y representantes de intereses sectoriales y públicos deben converger en ámbitos de deliberación y negociación para ensanchar la práctica democrática. En este sentido, se puede pensar en el desarrollo de tres tareas fundamentales:

– Requerir de la función de gobernar el fortalecimiento de las capacidades estatales de coordinación, ampliadas a la participación de las organizaciones sociales y sindicales para garantizar un abordaje de los problemas estructurales de la sociedad y la economía con políticas públicas integrales que superen los enfoques focalizados, parciales y coyunturalistas que caracterizan a las administraciones políticas de matriz ideológica neoliberal.

– Promover ámbitos de Cooperación y Solidaridad con representaciones sociales diversas y genuinas, donde las organizaciones sindicales actúen como agentes dinamizadores y aporten su experiencia organizativa transfiriendo el conocimiento sobre prácticas de negociaciones estratégicas con los poderes económicos.

– Institucionalizar un ámbito de Concertación de Intereses y Diálogo Social coordinado por el poder público (Estado Nacional), con participación de órganos ejecutivos nacionales y federales e instituciones parlamentarias junto a las representaciones de los actores y movimientos sociales, con capacidad de determinar los lineamientos estratégicos de una agenda política orientada a vincular los proyectos de crecimiento económico con crecientes niveles de integración social y laboral para fortalecer una ciudadanía democrática.

Finalmente, esperamos que las ideas enunciadas sirvan de material de debate e intercambio de ideas para construir y hacer compatibles a las visiones que provienen de la diversidad de experiencias, ideologías y afinidades políticas pero que son animadas por el único interés de aportar inteligencia y solidaridad para resolver los problemas más acuciantes que plantea la lógica de la exclusión social en nuestro país.

1 – El poder por el poder mismo; proceso autorreferencial y auto legitimación de quienes ejercen el poder. Concepto utilizado por el filósofo argentino Enrique Dussel.
2- PIKETTY, Thomas. (2014) En “El Capitalismo en el siglo XXI”. Fondo de Cultura Económica, México, muestra el desarrollo de concentración de la riqueza como una característica estructural y necesaria del desarrollo capitalista.
3- Explotación de la soja, minería a cielo abierto, petróleo y riesgos de derivar inversiones a al método fracking.