El vocero de Horacio Rosatti y el ministro de Horacio Rodríguez Larreta contaron la inestimable ayuda del fiscal Carlos Stornelli, que dijo que la divulgación de las comunicaciones podría ser un caso de espionaje ilegal.
La dupla conformada por Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro consiguió su primer éxito de la temporada 2023: en tiempo récord, el juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia que se había presentado por los chats que se filtraron a finales de diciembre y que mostraban cómo el principal asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le daba indicaciones al ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta. Para el archivo del caso jugó un rol clave el fiscal Carlos Stornelli, quien sostuvo que las comunicaciones eran producto de la inteligencia ilegal.
“No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, escribió Ramos en un fallo de trece páginas con el que cerró dos denuncias que estaban radicadas en los tribunales de Comodoro Py.
Después de que se conocieran los chats entre Robles y D’Alessandro, el abogado Gastón Marano –que ejerce como defensor de Nicolás Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner– presentó una denuncia contra los dos. Sostenía que Robles no podía estar asesorando a D’Alessandro porque no tiene matrícula como abogado y que tampoco podría hacerlo al ser funcionario de la Corte.
La denuncia quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, que está de vacaciones. Durante enero, lo reemplazó la jueza María Servini, que se excusó de intervenir. La magistrada –que aparecía mencionada en la filtración de chats– tuvo una disputa con D’Alessandro por su custodia, lo que la obligó a pedir protección de la Policía Federal Argentina (PFA) y abandonar la que le proporcionaba la Policía de la Ciudad. El fiscal que debía intervenir era Carlos Rívolo, pero –como aparecía como contacto frecuente de D’Alessandro en la filtración– también se inhibió.
Después de la excusación de Servini, la causa pasó al juzgado de María Eugenia Capuchetti, pero ella también está de feria. Fue frente a esa desbandada que el expediente quedó en manos de Ramos, uno de los jueces que suele intentar pasar bajo el radar. Ramos le corrió vista al fiscal, que resultó ser Carlos Stornelli.
Stornelli dijo básicamente que él pidió investigar la filtración de los chats de D’Alessandro como un posible caso de espionaje y que, por eso, no podía ahora impulsar una denuncia contra el ministro de Rodríguez Larreta –en uso de licencia– por hechos que surgieron de esa filtración. De hecho, Stornelli llegó a pedir que se investigue al diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade como una de las posibles manos detrás el supuesto hackeo. Tailhade se presentó a hacer un descargo. Entre otras cosas, el legislador dijo que no podía investigarlo un fiscal que estaba procesado por sus andanzas con el espía Marcelo Sebastián D’Alessio.
En este caso, Stornelli fue un paso más allá para postular el cierre en favor de Robles y D’Alessandro. Recurrió al fallo de Casación que reabrió la causa del memorándum con Irán y citó lo que entonces dijo la camarista Ana Figueroa sobre que no podría usarse como evidencia una escucha ilegal obtenida entre el excanciller Héctor Timerman y el presidente de la AMIA Guillermo Borger. La cita de Stornelli no es inocente: el caso del memorándum fue invocado por el oficialismo para explicar que los tribunales habilitaron investigar aún cuando la procedencia de una prueba era ilícita. El fiscal mandó un mensaje.
Ante ese escenario, se presentó el lunes último el abogado de Robles, Matías Ledesma, y pidió el archivo de la causa. Lo obtuvo al día siguiente. La noticia recién se conoció en las últimas horas a partir de un artículo de Carlos Pagni en La Nación.