El ex juez Martínez fue condenado a 16 años de prisión en Tucumán

El ex juez federal Manlio Torcuato Martínez fue condenado a 16 años de prisión en el juicio que se le seguía desde marzo por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) Hugo Cataldi (presidente), José Asis y Mario Garzón dieron a conocer la resolución esta mañana.

Martínez es el primer ex magistrado que es condenado en el país por su actuación en los 70’. El ex juez Victor Brusa, de Santa Fe, había sido encontrado también culpable en 2014, pero era secretario al momento de los hechos. Pese a la sentencia, el ex magistrado seguirá cumpliendo prisión domiciliaria.

La Fiscalía (Diego Velasco, Pablo Camuña y Agustín Chit) había requerido una pena de 25 años y que el acusado, de estar en condiciones de salud (sufre problemas cardíacos) cumpliera la condena en una penitenciaría y que dejara de percibir una jubilación especial. Las querellas (Alejandra Romero Niklison y Emilio Guagnini y Pablo Gargiulo y Bernardo Lobo Bugeau), en tanto, habían solicitado penas de entre 18 y 25 años. La Defensa (Vanessa Lucero y Manuel Bonnin) había considerado que es inocente y que debía ser absuelto.

El entramado de acusaciones contra Martínez era complejo. La causa es una derivación de “Romero Niklison” (2011), que condenó a Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Albornoz a perpetua. Abordó los asesinatos de cinco militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen) en mayo de 1976 en una vivienda de Miguel Romano. Por un lado, Martínez estaba acusado por sus “omisiones” -según la acusación- en la investigación de ese hecho. Por el otro, por haber ordenado la posterior detención de Romano, cuya familia denuncia que fue torturado en la ex Jefatura. Además, se lo sindicaba como presunto miembro de una asociación ilícita.

Martínez (69 años) declaró varias veces en el juicio. Había sostenido su inocencia y asegurado que él y su familia estuvieron amenazados en los ‘70. Además, había consignado que siempre actuó de acuerdo con las normas. Aseguró que en el caso de la “matanza” no fue competente y que sus decisiones en el caso Romano fueron ratificadas por instancias superiores.

Fuente: La Gaceta Tucumán.