El muro de la exclusión: emblema de la complicidad del gobierno porteño con el Grupo Clarín

Breve historia del muro

El obstáculo de ladrillos se construyó en los años 90` cuando Clarín instaló en Barracas su planta de impresión.

Después de no lograr la privacidad requerida con un débil alambrado, la empresa emprendió la construcción del muro que cerró la calle Hilario Ascasubi al 3200 entre Luna y Agustín Magaldi de manera definitiva.

Desde ese momento, los vecinos de la Villa 21-24 no pueden acceder a sus viviendas que quedaron del otro lado del muro, sin pasar por caminos menos alumbrados y linderos al riachuelo.

Dentro del sector usurpado por la irregular construcción, funciona un estacionamiento para los directivos de la empresa. Además sirve como entrada para los camiones de mercadería.

Otro problema que produce la imposición del muro, es que al ubicarse en ese tramo una central de electricidad, los empleados de Edesur no pueden solucionar los problemas que se manifiestan en la central sin tener accesos a la calle cortada. De allí surgieron los primeros reclamos a fines de 2012, cuando se le pidió al Gobierno de la Ciudad que informe si existió una autorización.

La Dirección General de Tránsito negó haber tenido “injerencia en las medidas administrativas que dispusieron dicho cierre y la colocación de la garita”, y la Dirección de Registro de Obras y Catastro señaló que “no registra presentación administrativa alguna sobre la cuestión de marras”.

Actualidad en suspenso

En 2013 el legislador Aníbal Ibarra y la diputada María Elena Naddeo, junto a vecinos de la Villa 21-24 de Barracas presentaron una denuncia por el muro.

En consecuencia, recién a principios de abril de este año la justicia le dio la razón. Según la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Tributario N° 12, a cargo de la jueza Lidia Lago, el Gobierno porteño “en ejercicio del poder de policía y en el plazo de diez días debe proceder a demoler el muro existente en la calle Ascasubi y remover cualquier obstáculo existente a fin de garantizar la libre circulación por las referidas arterias”.

En respuesta a lo mencionado, el 16 de abril, el Gobierno porteño presentó una apelación que fue aceptada por la jueza que interviene en el caso. Según fuentes de la Procuración General de la Ciudad, el poder ejecutivo argumentó que existe “falta de legitimación” de quienes presentaron el amparo en la justicia. Debido a que para el Gobierno de la Ciudad los denunciantes no acreditaron “su condición de afectados actuales o potenciales” porque “no alegan, ni menos aún demuestran que la existencia de dicho muro les produzca un perjuicio personal, concreto y directo”.

De esta forma, la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad deberá resolver sobre la cuestión y hasta tanto no falle, el muro no se podrá demoler.

La defensa explícita del muro del Grupo Clarín que lleva a cabo el Gobierno porteño comandado por Macri, hace sumamente visibles los lazos e intereses privados que unen al multimedios con el Pro.

Otra prueba de ello, es el DNU firmado por parte de Macri para impedir la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tiene rango federal y perjudica claramente las pretensiones monopólicas del Grupo Clarín.

En estos casos, la protección del Gobierno de la Ciudad está destinada erróneamente a grupos reducidos de la población que pretenden detentar y mantener sus privilegios privados, afectando al bien público y a los derechos de la totalidad de los ciudadanos a los que representan.