Duros cruces entre los forenses argentinos y la fiscalía mexicana

La fiscalía de México y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) quedaron ayer enfrentados por la respuesta de la Procuraduría a los cuestionamientos del grupo argentino por la forma en que se llevó adelante la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que el organismo mexicano asegura haber hecho «con transparencia y profesionalismo».

En un largo texto, la Procuraduría General de la República (PGR) replicó las denuncias del fin de semana del EAAF –único referente en el que los padres de los estudiantes depositan su confianza– y aseguró que como los profesionales argentinos sólo dominan las disciplinas de antropología, criminalística y genética, «sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos».

Además, responsabilizó al grupo de no haber estado presente durante la recuperación de la bolsa con fragmentos óseos en el río San Juan el 29 de octubre de 2014, debido a que decidió darle prioridad al basurero de Cocula.

El sábado el equipo argentino había advertido en un «Documento inicial sobre investigaciones en el basurero de Cocula y Río San Juan», que hubo «errores» e «inconsistencias» en la pesquisa de la PGR en el caso, texto que compartieron con los padres de los alumnos.

El 27 de enero pasado, el fiscal general, Jesús Murillo, aseguró que había comprobado científicamente que los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre fueron asesinados e incinerados por miembros del cártel Guerreros Unidos en un basurero del municipio de Cocula y sus cenizas esparcidas en el río San Juan.

En relación con que la cadena de custodia de los restos encontrados en el río no fue firmada por el equipo, la PGR indicó que «el EAAF no es autoridad» y su petición de que le sea entregada «rebasa con creces su función de peritos habilitados» por la fiscalía. Además, señala que para la diligencia realizada en las inmediaciones del basurero de Cocula el 15 de noviembre, el EAAF no fue convocado porque el objetivo era recolectar elementos balísticos y, dado que en el grupo no hay expertos en la materia, no era necesaria su presencia.

El «Documento inicial sobre investigaciones en el basurero de Cocula y Río San Juan», elaborado por los expertos argentinos, cuestiona la entrega de perfiles genéticos imposibles de usar de supuestos restos de los estudiantes y «el abandono de la custodia» del basural de Cocula, donde habrían sido quemados sus restos. En ese sentido, la Procuraduría dijo que, dado que ya habían concluido los peritajes allí, esa decisión se tomó «de común acuerdo con los miembros del EAAF» y los peritos de la PGR, y explicó que atendió la petición del equipo argentino de volver a resguardar el basurero.

La queja más fuerte de la Procuraduría, sin embargo, tiene que ver con algunos elementos que, para el EAAF, pueden corresponder a hechos anteriores al 26 de septiembre. «Todos los exámenes indican que los elementos están relacionados directamente con lo ocurrido esa noche. No es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas», aseveró la fiscalía.

Fuente: Tiempo Argentino