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La Plata, Buenos Aires, Sábado 23 de Febrero de 2019 -  10:01 pm 
OPINIÓN

29-01-2019

"¿Otra vez los partidos y la política entran por la ventana en el Poder Judicial?", por Emilio Augusto Raffo


En estos días circulan versiones de todo tipo respecto a la injerencia del Partido Oficial de torcer el resultado de un Concurso para designar un integrante en la Cámara Nacional Electoral en abierta violación del debido proceso desarrollado y volviendo a viejas prácticas realmente deleznables.

En efecto, oportunamente se realizó el correspondiente concurso por ante el Consejo de la Magistratura tendiente a designar el vocal para dejar integrada la Cámara Nacional Electoral (actualmente tiene una vocalía vacante).

Digamos que este Organismo resulta la alzada y superintendencia de toda la justicia federal con competencia electoral de la República Argentina y que recobra su importancia, precisamente, por ser este un año electoral en el cual se renovarán las más altas autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Señalemos, de paso, que en algunos estados provinciales se aprestan a concretar reformas, algunas sustanciales – como es el caso de la Provincia de Buenos Aires – contrariando los principios sostenidos por la gran mayoría que resultan inconvenientes d en pleno proceso y año electoral, en la medida que se alteran las reglas de juego existentes.
Es del caso destacar que, con motivo de dicho Concurso, resultaron con el mayor puntaje, la Dra Alejandra Lazzaro con 170,75 puntos, Dr Raúl Bejas 167,30 y Dr Hernan Goncalvez Figueiredo, 166,90.

Resulta una obviedad que la participante que ha obtenido el primer lugar sea designada en el cargo a cubrir, no obstante en los corrillos y medios de difusión se insiste que desde el Gobierno Nacional se propicia la designación de quién ha resultado tercero.

Digamos que esta nociva práctica no es nueva, es más, ha sido recientemente puesta en práctica al intentar designar por decreto y sin el procedimiento constitucional y legal, nada menos, que dos Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero veamos los antecedentes de designación de la Cámara Nacional Electoral:la vacante a cubrir es la dejada por el doctor Rodolfo E. Munné quien fuera designado por el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, de acuerdo al sistema imperante en la época (propuesta del PE y acuerdo del Senado) y conforme al “reparto político de cargos”, en este caso, dos integrantes para el radicalismo (doctores Orlandi y Munné) y uno para el PJ (Rocca).

Por fallecimiento de los doctores Orlandi y Rocca, se llamó, sucesivamente, a dos concursos (luego unificados) que tuvieron lugar en el año 2000, ya con el nuevo sistema de exámenes y oposición que establece la constitución a partir de la reforma de 1994.

Se efectuó este concurso, plagado de irregularidades y arbitrariedades y, en definitiva, se resolvió en forma total y absolutamente política, dejando de lado los propios procedimientos y normas éticas que debían imperar en el único tribunal de alzada específico en materia electoral.

Así lo definía el diario La Nación, en su edición del 3 de junio de 2001: “El conflicto que demora todos los nombramientos (se refiere a 113 cargos en pugna en aquel momento) de raíz eminentemente política, es la designación de los jueces de la Cámara Nacional Electoral”.
Digamos, como el pasar, que unos de los que resultó ganador de ese concurso, el doctor Corcuera, se desempeñaba en aquel momento como secretario General del Consejo de la Magistratura (ente que debía resolver su propia participación) al menos “hasta la designación del jurado que debía intervenir” (SIC).

Esto motivó la impugnación inicial de ese concurso y hasta el desistimiento de uno de los favoritos, por su imparcialidad y conocimientos en la materia, el doctor Otaño Piñeiro, a la sazón juez secretario de dicha Cámara y también de otros abogados de renombre (Sabsay y Loñ, entre otros).

Es más, un “certificado” expedido por el ministro de la Corte Carlos Fayt (en el cual indicaría que a su criterio el postulante lo asesoraba en materia electoral), habría resultado suficiente para la acreditación de puntaje que a la postre resultarían vitales para ganar la contienda. En el camino quedaron impugnaciones de muchos participantes (rechazadas sin fundamento y desoídas por la sola circunstancia que el evento no podía paralizarse por mas atendibles que ellas fueran).

Corcuera decía a La Nación que “tenía el aval tanto del PJ como de la Alianza”, no importaban ni los méritos de los contendientes (que seguro los tenían) sino simplemente las apoyaturas políticas.

Seguía La Nación: “¿Cuál es el candidato preferido de la Alianza? Alberto Dalla Vía, camarista bonaerense y destacado constitucionalista, que obtuvo el segundo lugar… Cuenta con el respaldo de un amplio sector del alfonsinismo”.

Algunos sectores intentaron “colar” al doctor Carlos Colautti y en el camino se dejaron fuera de la contienda a muchos profesionales con aquilatada trayectoria y antecedentes en la materia por la sola circunstancia de no contar con “padrinazgos políticos” o un juez que le extendiera un aval a la medida.

Incluso se excluyó de la nómina a uno de los que aparecían como “suplentes” de la terna para incorporar a otro.

Terminaba la referida nota del periodista Adrián Ventura del Diario La Nación…” los pliegos no se traban en el Ministerio de Justicia, a cargo de Jorge de la Rúa, sino en la propia Casa Rosada. “circunstancia ésta que, lamentablemente, parece repetirse.

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