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La Plata, Buenos Aires, Lunes 22 de Abril de 2019 -  01:59 am 
OPINIÓN

22-01-2019

"Tres preguntas (y algunas respuestas) sobre el decreto de recupero de activos", por Pablo Serdan


Nadie puede estar en contra de que el Estado recupere el dinero o los bienes obtenidos de forma ilícita y por delitos tan graves como la corrupción, la trata de personas o el narcotráfico. Sin embargo, la forma en que se lleva adelante la modificación abre algunos interrogantes respecto de los verdaderos motivos del decreto. No podemos dejar de observar que los mismos funcionarios que establecieron un “blanqueo de capitales” que no controló el origen delictivo de los fondos son los que ahora impulsan un decreto con el fin de recuperarlos.

Por estas contradicciones nos permitimos hacernos tres preguntas:

📌¿Por qué el decreto sobre extinción de dominio enfrenta la Constitución?

➡Porque no están dadas las condiciones para que podamos hablar de una situación excepcional que no permita que la ley la dicte el Congreso. Que los diputados y senadores estén de vacaciones no es un buen motivo para utilizar una herramienta que los constituyentes pensaron como excepcional con ánimo de limitar al ejecutivo.

➡Porque versa sobre materia penal cuestión expresamente vedada por la Constitución Nacional. Si bien regula un proceso civil las implicancias penales son evidentes.

➡Porque el Congreso estaba tratando un proyecto relacionado con el tema hace tiempo -incluso obtuvo la media sanción en diputados-, lo cual habla de un desprecio flagrante por el funcionamiento democrático de nuestras instituciones.

➡Viola el principio de irretroactividad de la ley penal abriendo la posibilidad de utilizar el procedimiento de forma retroactiva -20 años-.

📌¿Por qué el decreto es criticable políticamente?

Porque lo recuperado vuelve al estado sin especificar con qué fines. Sabemos que estos delitos graves como el narcotráfico o la trata de personas generan estragos sociales. ¿No podría utilizarse los recuperado en atender a las víctimas de estos crímenes?

Privatiza y mercantiliza la investigación judicial: El artículo 18 del decreto permite que cualquier ciudadano o empresa con ánimo de lucro se quede con un 10% de lo recuperado por el estado dando lugar a redituables investigaciones paralelas a las de la justicia y sin control procesal. Recordemos que el sistema de incorporación de pruebas en el ámbito civil es más laxo que en el sistema penal. Terceros ajenos al proceso participando en el puede dar lugar a situaciones realmente perjudiciales para los ciudadanos, más si consideramos que el decreto prevé que cualquiera puede ser sometido al proceso sin necesidad de que exista causa penal.

Estos procesos civiles, sin lugar a dudas formarán parte de los procesos penales como prueba, por eso es importante lo que en ellos ocurra, más allá del recupero del bien.

➡¿Por qué lo hacen?

Es una disputa de poder entre los operadores del gobierno en el Poder Judicial y el poder establecido en la justicia federal (Comodoro Py). El gobierno saca de ese ámbito una pieza clave de investigación en un año electoral para continuar con la agenda de la Justicia espectáculo con grandes sumas recuperadas con un inteligente criterio selectivo. Otra forma de "colonizar" el Poder Judicial.

➡¿Qué deberíamos hacer?
Dotar a las oficinas que investigan delitos complejos de recursos para poder enfrentarse realmente al poder detrás de los delitos de narcotráfico y corrupción. Recuperar los bienes es una parte importante pero no todo.

Para dar un ejemplo: El decreto estival crea una procuraduría en el Ministerio Público Fiscal. Pero además de "apropiarse" de una atribución del Congreso, el decreto -hijo aplicado de la política de ajuste impulsada por los organismos de crédito-, no asigna recursos de ningún tipo a esa oficina que tendrá que relevar el 100% de la causas complejas de todo el país.

📌Devolver el dinero a las víctimas y a las organizaciones sociales que trabajan en zonas de contacto con el flagelo de la droga y la trata de personas en todas sus variantes.

📌Debemos luchar contra la corrupción pero abriendo una agenda democrática de transformación de la justicia sin convertirla en el botín perfecto de la política del espectáculo.

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