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La Plata, Buenos Aires, Miércoles 19 de Diciembre de 2018 -  05:00 am 
OPINIÓN

21-11-2018

"El Bono de fin de año, o como se volvió a engañar a la gente", por Ricardo Gustavo Cousirat


El pasado 13 de noviembre hemos tomado conocimiento del “nuevo decreto de necesidad y urgencia” que el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado por medio del cual dispone el pago del tan mentado Bono de fin de año, o “asignación no remunerativa”, como la llama el decreto. Y nuevamente nos encontramos con una nueva irrealidad construida por el gobierno, puramente marketinera y que poco beneficia a los trabajadores.

Según los considerandos del decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno reconoce “una variación coyuntural del nivel general del índice de inflación de precios al consumidor”, generando tal variación un impacto socio-económico que se debe corregir adoptando medidas urgentes que permitan mantener los estándares adquisitivos de las remuneraciones que han sido consideradas en las negociaciones salariales realizadas entre los representantes de los trabajadores y de los empleadores…!!!

En este punto debemos recordar de que el Gobierno había puesto un techo salarial del 15% para la discusión de las paritarias del presente año considerando que la inflación resultaría en esos valores, techo que la mayoría de los gremios, en aras de garantizar una paz social aceptaron, aún a sabiendas de que esos valores no serían los que tendríamos de inflación. Y hoy la realidad nos demuestra de que, sin llegar a fin de año, ya estamos en una inflación acumulada del 32.4% (a septiembre), con una proyección de más del 45% anual.

Entonces, si nos guiáramos por el espíritu altruista y casi diríamos humanitario de los considerandos, nos encontraríamos con una asignación (escasa, mejor dicho escasísima), que vendría a recomponer los salarios de los trabajadores.

Pero este espíritu se acaba al comenzar a leer los 5 artículos que el decreto utiliza para determinar los alcances del bono, y acá nos encontramos con la irrealidad, o la gran verdad oculta… que a casi nadie (para no decir nadie) beneficia, y que nos demuestra una nueva operación de marketing para engañar a la gente.

Determina el artículo primero que, a partir del del 1° de noviembre de 2018 se establece una “Asignación no remunerativa” para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá a la suma de $ 5.000.-, la cual será otorgada en 2 cuotas, el 50% con los salarios del mes de noviembre 2018 (pagaderos en diciembre), y el restante 50% con los salarios del mes de enero 2019 (pagaderos en febrero 2019).

Y acá empezamos con ver la realidad… sólo sería una asignación que alcanza a los trabajadores del sector privado, excluye desde ya a la masa que abarca a los pensionados y a los jubilados de ese mismo sector. Nada dice la norma para ellos ni se tiene en cuenta. Nuevamente son los excluidos del sistema de reparto, sumando ya a la modificación de la formación de su actualización de su beneficio.

Y no termina acá la exclusión, tampoco se tiene en cuenta a los trabajadores informales, a los monotributistas, a los monotributistas sociales, a los autónomos, y en forma específica en su artículo 5° excluye a los trabajadores del sector público nacional (dicen que tendrán una bonificación similar pero aún no se conoce su decreto), provincial y municipal, a los trabajadores del sector agrario y al personal regulado por el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares.

Y acá no acaban las sorpresas, ya que el artículo segundo continúa con las limitaciones, todas en beneficios de las empresas y en perjuicio de la masa obrera. Este artículo introduce la proporcionalidad para casos específicos. Aquellos trabajadores cuya prestación de servicios correspondiera a una jornada inferior a la legal o convencional, percibirán la asignación proporcional. Y se podría decir que sería un razonamiento lógico, salvo que, esta proporcionalidad abre el juego a los próximos artículos que mellan, disminuyen, hacen perder la identidad de la asignación.

El artículo tercero, novedoso tal vez, pero en total desatino a normas legales, determina que las partes (sindicatos y empleadores) en ejercicio de su autonomía colectiva, podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en CRISIS o declinación productiva. Es decir, con la manifestación de encontrarse en crisis o declinación productiva, los trabajadores podrán ver afectados su derecho, y los alcanzados por esta manifestación podrán percibir la asignación en más cuotas e incluso un monto menor al determinado por el artículo primero. Y acá nos encontramos que este decreto vulnera un precepto de raigambre constitucional, el de igualdad ante la ley. El art. 16 garantiza la igualdad formal-jurídica de todos sus ciudadanos por cuanto dice: "Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad".

Por otra parte, la Ley Nacional N° 24.013, en sus artículos 98 a 105, y sus decretos reglamentarios, y el decreto 328/88 (según dto. 264/02), determinan la forma en que las empresas y los sindicatos deberán proceder en caso de existir problemas que pudieran afectar el normal desempeño de un establecimiento, llevando a suspensiones, reducciones de jornada y hasta despidos. Un procedimiento que se debería tramitar por ante el “ex Ministerio”, hoy Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, y a través de un proceso claro y concreto destinado a mantener y garantizar la fuente de trabajo.

Este es un procedimiento formal y determinado por ley y no una simple manifestación, que consta de determinados requisitos que impiden la simple manifestación empresarial para determinar una crisis o una declinación productiva, algo que en este decreto no ha sido tenido en cuenta y se lo ha tratado muy livianamente.

Dicho esto, se podría decir que ya vemos que el bono o “asignación no remunerativa” no es para todo, y que incluso la redacción del decreto “discrimina”.

Pero acá no han terminado las sorpresas y en el artículo cuarto nos encontramos con la verdadera caja de pandora, y la gran herramienta de las empresas para licuar las recomposiciones que los sindicatos vienen reclamando a partir de las reaperturas de las paritarias y la compensación por el desfasaje inflacionario que el mismo gobierno reconoce en los considerandos del decreto.

Dice el texto normativo que las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo que hubieran pactado colectivamente un incremento sobre los ingresos de los trabajadores en concepto de revisión salarial de la pauta oportunamente acordada en la negociación colectiva del año 2018, podrán compensar aquél aumento con la suma total de la asignación establecida en el artículo 1° del presente hasta su concurrencia, salvo que acuerden expresamente su no absorción.

Y no termina acá el dislate, perdón el artículo. Hablaba de aquellos que ya han recompuesto, pero para no ser malos, o mejor dicho para ser buenos para el empresariado, determina también que: las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo podrán establecer que las sumas referidas en el artículo 1° del presente se computen hasta dicho monto a cuenta de las sumas que pacten en concepto de revisión salarial de la pauta correspondiente a la negociación colectiva del año 2018!!!

Es decir que tranquilamente la cámara que aglutina las empresas de transporte podrán decir que la recomposición salarial que el Sindicato de Choferes de Camiones que ya ha logrado, absorbe el bono, y por tal motivo los trabajadores de ese gremio no estarán alcanzados por el bono creado, como también puede pasar con Comercio que ya ha readecuado su paritaria, y así muchos gremios.

Y además, conforme al segundo párrafo del artículo 4°, las empresas y/o cámaras que aún se encuentran en etapa de discusión de cómo compensar el desfasaje del 15% o 20% (como ser textiles, sanidad, metalúrgica, bancarios, etc.) que otorgaron a principio de este año, querrán seguramente que la compensación que negocien absorba el bono, a fin de no pagar lo determinado en el artículo 1°.

En definitiva nos encontramos ante un caso en donde lo único que se ha privilegiado es en como ver que la menor cantidad de los trabajadores cobren el tan necesitado bono o asignación remunerativa, en una época en donde la mayoría de los trabajadores se encuentran haciendo malabares para llegar a fin de mes, mantener los gastos de su canasta básica y pagar los servicios impagables y confiscatorios.

Un decreto que seguramente en vez de lograr una paz social provisoria seguramente hará subir la temperatura en un verano que se avecina muy caluroso. Un decreto hecho a la medida de las empresas y con la conformidad de una cúpula de la CGT que va a trasmano de la realidad de los trabajadores, y que seguramente sólo se ha redactado con el objeto de confundir a la gente con promesas que no se cumplirán, pero que, cuando se empiece a ver la realidad en los recibos de sueldos de los trabajadores (diciembre de 2018), ya habrá terminado la cumbre del G20 en la Argentina, que se realizará entre los días 30 de noviembre y 1° de diciembre de este año, y los eventuales y seguros reclamos que comenzarán a surgir no serán vistos por los líderes que visitaran nuestro país… o no!

Por último una mención a tener en cuenta. Como fuera expresado seguramente la administración nacional, en especial “las fuerzas armadas y de seguridad” recibirán algún tipo de compensación a conocerse en estos días. Pero nada se ha dicho y queda al libre albedrío que va a pasar con los estatales provinciales y los trabajadores municipales, quienes se encuentran atados a coparticipaciones y transferencias que siempre van de la mano según sean o no afines al gobierno nacional, por lo que seguramente acá también nos encontraremos con un foco creciente de disconformidad y nuevamente vulnerando el principio de igualdad ya mencionado.

*El autor es Abogado laboralista. Asesor Jurídico del Sindicato de Choferes de Camiones, Delegación Avellaneda. Docente de la Diplomatura Universitaria en Actividad Sindical que se dicta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora. Ex Delegado de Avellaneda y Coordinador Regional Zona Sur del MTPBA.

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