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La Plata, Buenos Aires, Viernes 20 de Julio de 2018 -  01:31 pm 
OPINIÓN

06-07-2018

"Trabajo esclavo: una Provincia que duele... pero de la que nadie se hace cargo", por Raúl Ferrara


En noviembre del año 2015, pocos días después del Balotaje que consagrara presidente a Mauricio Macri, tuve el honor de participar de la presentación en Argentina de la campaña de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la esclavitud moderna denominada “50 for Freedom”, a la cual ya había adherido en forma personal en oportunidad de participar en representación de la Provincia de Buenos Aires de la 104º Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra – Junio 2015). El objetivo de la campaña es promover la ratificación del Protocolo 2014 de OIT al Convenio N° 29 sobre Trabajo Forzoso.

La temática era y es de especial interés pues es la manifestación de una las peores formas de explotación contra la cual, desde la cartera bonaerense conducida por Oscar Cuartango, dimos una dura batalla articulando acciones con la justicia, las fuerzas de seguridad, las carteras de trabajo de las provincias cuyos trabajadores migraban a territorio bonaerense en épocas de zafra y la cartera laboral nacional. Estas acciones se desarrollaron sobre todo en las campañas rurales de siembra y cosecha de cultivos con uso de mano de obra intensiva, como el desflore del maíz, la papa, la cebolla y el ajo, los predios frutihortícolas, los hornos de ladrillo, la construcción y los talleres textiles clandestinos. Las condiciones de hacinamiento habitacional, el alto riesgo (incluso de vida) en materia de salud y seguridad y el trabajo en negro eran habituales, a los que se agregaban casos de trabajo infantil y trata de personas con fines de explotación laboral. Muchos de estos casos, eran avalados por grandes compañías nacionales e incluso multinacionales, a las que aplicamos durísimas sanciones colaborando con la justicia en las causas penales iniciadas.

El sostenimiento en el tiempo de una firme política de control y fiscalización, potenciando esas áreas con personal e infraestructura adecuada sumados a la planificación de las acciones confluyeron en una mejora progresiva de las condiciones laborales, lo que se hacía evidente campaña tras campaña.

La consecuencia natural de ese despliegue sostenido de acciones (aún con un cambio de gobierno) era la adhesión al Protocolo, el que requiere una actitud activa de los gobiernos para luchar contra todas las formas de esclavitud moderna y que introduce aportes novedosos en el diseño de políticas de prevención, protección e indemnización de las víctimas.

La adhesión del Estado Argentino, luego de la aprobación del Senado en el mes de Junio 2016 parecía indicar que, al menos en este tema, no había ni “grieta” ni “pesada herencia” y el rumbo que se iniciara en la gestión anterior seguiría su curso ordinario como política de Estado.

A casi 3 años de la llegada del “Cambio” y del lanzamiento de “50 for Freedom” y 2 de la aprobación en Argentina del Protocolo, y cuando debería ser momento para evaluar alguno de sus aspectos y resultados concretos vemos que, como dijo la Gobernadora Vidal alla por marzo de 2016: “La provincia duele”.

Efectivamente, duelen las noticias de ayer de cinco trabajadores senegaleses hacinados en un container en el que vivían mientras trabajan en una obra clandestina sometidos a condiciones de esclavitud, duelen los 18 niños y adolescentes realizando trabajos forzosos de cultivo frutihortícola en un predio que administra la cartera bonaerense de agroindustria hace apenas un mes, duelen los seis trabajadores fallecidos en marzo de este año en el derrumbe de una obra en una obra en construcción y los cuatro obreros fallecidos en los derrumbes ocurridos en Campana y en Bahía Blanca…

Todo ellos y aquellos otros que no adquieren notoriedad mediática nos duelen y también nos duele que hayan ocurrido en territorio bonaerense. El común denominador de estos casos es la falta de cumplimiento del estado provincial de sus funciones de contralor de las condiciones mínimas de salud y seguridad en el trabajo y del ejercicio del poder de policía que detenta.
La reiteración de estos episodios pone en evidencia que luego de casi tres años de gestión no exista una clara y firme decisión política de control de cumplimiento de la normativa laboral por parte de la Gobernadora Vidal sino una decisión en sentido contrario: el desmantelamiento y desentendimiento de las responsabilidades de gestión que le son propias, materializado en medidas como el cierre o vaciamiento de oficinas de atención, subdelegaciones y delegaciones regionales de la cartera de trabajo bonaerense y en la reducción de los controles e inspecciones (ver cuadro), respecto de los que realizaba la gestión anterior. No debería sorprendernos esta información si tenemos en cuenta el origen CEOcrático de los funcionarios a cargo del área… El zorro cuidando al gallinero.

Cuando a estas decisiones locales les agregamos 3 años de políticas nacionales regresivas que promueven un mercado laboral precarizante activamos una bomba que detona inexorablemente provocando estas terribles tragedias que se multiplican en un horizonte cada vez más oscuro.

En lo que al gobierno provincial le incumbe, seria importante que tome real dimensión que cada política pública que se abandona impacta negativamente en la vida de la población y que si realmente le duele a la gobernadora la realidad debe hacerse cargo de los problemas y resolverlos. Las frases impactantes podrán servir para el marketing pero no se gobierna con títulos.



El autor es Abogado laboralista
Ex Director Provincial de Inspección
Ex Asesor de la Organización Internacional del Trabajo
Ex Director Nacional de Fiscalización del Trabajo

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