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La Plata, Buenos Aires, Miércoles 20 de Junio de 2018 -  09:39 pm 
OPINIÓN

22-05-2018

"Lo peor ¿ya pasó?", por Esteban González Soler


Desde hace casi treinta meses la Argentina transita el cambio que la coalición política Cambiemos le propuso al país y la ciudadanía votó mayoritariamente consagrando presidente a Mauricio Macri. No era difícil prever, desde antes aún del balotaje, cuáles serían los lineamientos centrales de ese cambio y los ejes del modelo económico, y también social, cultural, institucional y político. El único resquicio para la sorpresa estuvo en el timing de algunas medidas, en la forma de administración de la política económica signada por la fragmentación y la falta de unicidad del liderazgo y, posiblemente como derivado de lo anterior, en una laxitud del manejo fiscal que resultó funcional a la lógica de las elecciones de medio término pero que acabó agravando desequilibrios preexistentes. Sin embargo, el gobierno insiste en que “lo peor ya pasó”.

Cuando asumió el gobierno de Macri, la Argentina estaba inmersa en desequilibrios fiscales y externos y en medio de un proceso de negociación internacional para superar el bloqueo que los fondos buitre imponían al financiamiento externo. Lo último se saldó con la derogación de la Ley de Pago Soberano y la concesión a los hould outs del total de lo demandado, y los desequilibrios no hicieron más que agravarse. La Argentina fue el país que más se endeudó en todo el planeta en los últimos dos años, aprovechando el bajo nivel de endeudamiento heredado del gobierno anterior, y eso permitió financiar el agujero fiscal durante dos años pero no permitió mejorar las condiciones de repago de un endeudamiento exponencial. La Argentina se endeudó en 157.110 millones, incrementó el ratio deuda/PIB al 63% y, por la creciente relevancia de los compromisos de corto plazo, enfrenta un año con vencimientos por más de 70.000 millones. En el sector externo se apostó a estimular la oferta, quitando retenciones y estableciendo mecanismos de flexibilización de las regulaciones a los exportadores para liquidar divisas hasta el punto de terminar eliminándolas y se liberalizó el comercio facilitando una ola de importaciones. El resultado fue que 2017 cerró con un déficit comercial record (8.653 millones) y arrancó el 2018 con niveles mensuales de casi mil millones. El déficit de cuenta corriente de 2017 es equivalente a casi cinco puntos del PIB y es el mayor de las últimas cuatro décadas. La pérdida neta de dólares por turismo en el exterior, que ronda los diez mil millones, y la endémica fuga de capitales, que con las actuales políticas se potenció alcanzando los 22.144 millones en 2017 y ya supera los 10.000 millones en lo que va de 2018, son sangrías constantes. Todo ello genera un agujero de unos 40.000 millones de dólares por año que constituyen la razón fundamental de la vulnerabilidad de la economía argentina.

El gobierno apostó al endeudamiento pero promediando el primer trimestre de este año se hizo evidente que las fuentes de financiamiento en divisas son insuficientes para abastecer la demanda del Tesoro. Entonces fue en busca del financiamiento interno en pesos y continuó apostando a profundizar la entrada de divisas por la cuenta financiera, pero los datos muestran que 3 de cada 4 dólares que ingresan van en busca de la renta financiera y sólo uno va inversión productiva. Con un dólar retenido y altas tasas de interés, el mecanismo de ingresar dólares, cambiarlos por pesos, aprovechar las tasas y volver al dólar (carry trade), arroja una rentabilidad altísima en términos internacionales que se ve favorecida por la eliminación de todos los dispositivo de arbitraje que obligaban a encajar una parte de esas inversiones y a permanecer en el país por un período prolongado de tiempo. Las letras del Banco Central (BCRA), Lebac, escalaron hasta representar la astronómica suma de 1.2 billón de pesos, más que las reservas del BCRA y una suma equivalente al circulante de dinero.

En ese contexto, la corrida cambiaria de las últimas semanas se explica más por acontecimientos internos que por circunstancias globales, incluida la, sin dudas relevante, suba de la tasa de interés en los EEUU. A fines del año pasado las señales del sector externo eran evidentes y la sensación de que se estaba agotando el financiamiento internacional en dólares, crecía. En enero el Ministerio de Finanzas logró colocar nueva deuda por nueve mil millones de dólares pero en febrero esa canilla se cerró. En diciembre la devaluación del peso fue del 15% mientras crecía la toma de duda en bonos en pesos. En lo que va del año se emitió deuda por 25.000 millones de dólares, la mayor parte a corto plazo y una buena porción como parte del dispositivo desplegado para detener la corrida contra el peso.

A fines de abril, en procura de descomprimir la creciente crisis de confianza, el gobierno anunció la apertura de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener un crédito stand by (la Argentina no califica para ninguna de las otras dos modalidades de préstamos del Fondo). La negociación está en curso y si bien los montos y la letra chica del acuerdo aún se desconocen, es indudable que (a pesar de la sintonía que existe entre las políticas que el Fondo promueve y las que el gobierno aplica o quiere aplicar) de llegar a buen término la negociación, los compromisos que deberán asumirse para garantizar el repago, de mínima, achicarán los márgenes del manejo soberano de la crisis e impondrán medidas que exacerbarán la creciente conflictividad social.

El 15 de Mayo pasado vencieron Lebac por un monto superior a los 600.000 millones de pesos, equivalente a casi la mitad de las reservas del BCRA. Desde días antes se evidenció un clima caldeado del que dio cuenta el incremento del valor de la divisa que llegó a superar los 25 pesos y produjo una devaluación adicional del veinte por ciento. Desde el inicio de la corrida, el BCRA tuvo una política errática porque al mismo tiempo que convalidó la suba del dólar, salió a intervenir en el mercado vendiendo a valores que este consideró baratos y terminó perdiendo reservas por más de ocho mil millones de dólares. Al mismo tiempo, subió la tasa de interés de las Lebac del 27 al 40% y buscó por esa vía desincentivar la corrida al dólar reinstalando temporalmente las condiciones del carry trade. El gobierno festejó como un éxito haber logrado la renovación total de las Lebac y evitado así una fuga al dólar, que efectivamente consiguió, pero las consecuencias son gravosas y los desequilibrios que llevaron a esa situación extrema están intactos.

Hay consenso generalizado en que la devaluación se trasladará a los precios acelerando la inflación que ya acumula casi diez puntos en lo que va del año (contra una meta del gobierno del quince) y cien por ciento en lo que va del mandato de Macri. Es difícil esperar una inflación anual menor al veinticinco por ciento, pero puede ser aún peor. Las negociaciones salariales fueron establecidas con un parámetro de referencia definido por las meta de inflación del gobierno. Si bien varios gremios han logrado perforar tibiamente ese techo, es indudable que a fin de año se registrará una caída salarial real, la tercera desde que gobierna Cambiemos, que se suma a la caída de las jubilaciones y pensiones por la aplicación de la nueva fórmula de cálculo que impuso el gobierno en Diciembre. La caída del consumo popular, que explica casi dos tercios del crecimiento en la Argentina, es inexorable y quizá sea el único límite que encuentre una espiralización de la inflación. Pero además tendrá un efecto sobre las cuentas públicas por la vía del pago de intereses de deuda, una parte importante de los cuales se pagan en dólares y por los subsidios a las empresas del sector energético que posiblemente intenten trasladar a precios en un contexto signado por la alta resistencia política y social a los aumentos vertiginosos de las tarifas, fundamentalmente de luz y gas (en la Argentina se dice “tarifazo”). Con una tasa de interés del BCRA del cuarenta por ciento (y tasas de financiación para pequeñas y medianas empresas que llegan al ochenta por ciento y de tarjetas de crédito que llegan al cien por cien) es impensable esperar inversiones en la economía real y crecimiento. El módico y dispar crecimiento que se registró en el 2017 y continuó en el primer trimestre de este año se va a desacelerar drásticamente. El escenario de la estanflación está a la vista, al menos para los próximos tres trimestres. Y la restricción externa está vivita y coleando por los desequilibrios estructurales intrínsecos de un modelo rentístico financiero y por la Hidra de Lerna de las Lebac que vuelven a vencer en menos de treinta días, y que con el nivel de tasas actuales crece como una bola de nieve. Entre Lebac, deuda y swaps, desde ahora hasta fin de año el país deberá enfrentar vencimientos por más de cincuenta mil millones de dólares.

Mientras tanto, el gobierno ha perdido capacidad de articulación con el sistema político y no muestra unicidad de criterios en el diseño de estrategias para enfrentar la situación ni liderazgos claros. Es imperioso recomponer la conducción política del proceso pero eso colisiona con el camino emprendido con el FMI que restringirá los márgenes de acción y acelerará los tiempos de confrontación con la oposición. El país se enfrentará nuevamente en los próximos meses a las encrucijadas de una crisis estructural y el gobierno se jugará el destino de su experimento político y económico. Ante la irrupción de lo real, deberá revisar su caja de herramientas y echar mano de instrumentos que reemplacen a los recursos de mercadotecnia que tan buenos resultados le dieron hasta ahora. El gobierno luce la bacía del barbero y alardea de estar cubierto por el Yelmo de Mambrino. Se verá en su momento si su lucidez para discernir verdad y ficción se parece más a la de Cervantes o a la de su hidalgo caballero.

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