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La Plata, Buenos Aires, Lunes 24 de Septiembre de 2018 -  08:26 am 
OPINIÓN

01-05-2018

"1º de Mayo de 2018: Un Día del Trabajador que festejan los empleadores" por Raúl Ferrara


Este año 2018 no parece ser de aquellos en los cuales los trabajadores tengan motivos para festejar. A un arranque con techo paritario impuesto por quien debería garantizar la libertad negocial se suman, en este primer cuatrimestre, una inflación que supera la pauta salarial media en varios puntos porcentuales y un tarifazo en los servicios que se traduce en la permanente y progresiva pérdida del poder adquisitivo del salario. Como se dice en el barrio este año: “Le sobra mes al sueldo”

El tremendo costo político para el gobierno nacional de la forzada reforma previsional de fin de 2017 hacia pensar que la reforma laboral quedaría “stand by” por un tiempo. Sin embargo, el ejecutivo envió el proyecto en cuestión al senado pocos días atrás sin siquiera morigerar las herramientas de precarización y flexibilización laboral incluidas en el borrador original.
Cosas del destino o extremo cinismo el gobierno eligió para hacerlo las vísperas del Dia del Trabajador, en lo que puede interpretarse casi como una provocación si se tiene en cuenta que se conmemora a los “Mártires de Chicago” y la huelga masiva del 1º de mayo de 1886 en reclamo de mejoras de las indignas condiciones de trabajo de la época.

Si bien han pasado 132 años y ha corrido mucha agua bajo el puente, la historia de las relaciones laborales está marcada por el lógico tironeo entre los intereses contrapuestos de empleadores y trabajadores. En ese contexto, el derecho del trabajo ha evolucionado en el mundo, procurando una sostenida mejora en las condiciones de trabajo a través de los principios de progresividad y no regresividad.

La inclusión en la reforma constitucional del año 1994 de los tratados internacionales de derechos humanos en el art. 75 inc. 22, zanjó cualquier discrepancia respecto de la aplicación plena de estos principios al ordenamiento laboral argentino. Ello importa en concreto reconocer que por imperio del principio de progresividad el Estado debe adoptar una doble conducta: por un lado, avanzar en el reconocimiento de los derechos económicos y sociales, de modo de satisfacerlos cada vez con mayor intensidad y, por el otro, impedir todo retroceso en esta área, evitando que una vez que un derecho social haya sido reconocido, pueda en el futuro ser desconocido.

La aplicación de este principio la encontramos en los numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales laborales inferiores, que han declarado la inconstitucionalidad de las normas que promovieron la flexibilización laboral en la historia reciente.

Todo indica que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional debería seguir igual suerte pues bajo el rimbombante titulo “REGULARIZACIÓN DEL EMPLEO NO REGISTRADO, LUCHA CONTRA LA EVASIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL, REGISTRACIÓN LABORAL Y FONDO DE CESE SECTORIAL”, incluye modificaciones normativas que en mayor o menor medida retrotraen el derecho del trabajo casi a la época de las luchas obreras que recordamos el 1º de mayo de cada año.

El capítulo dedicado a la regularización del empleo no registrado, es en realidad el equivalente en materia laboral del blanqueo de activos promovido hace un año por el gobierno. En esta variante premia a los evasores laborales con extinción de la acción penal por evasión, condonación total de multas, exención de pago de aportes y contribuciones omitidos e incluso la salida del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales multas (REPSAL), mecanismo que evitaba que quienes empleaban trabajadores en negro fuera proveedores o recibieran subsidios del estado. Es decir, una norma hecha a la medida de los funcionarios y amigos del gobierno.
Por el contrario, el trabajador solo recibe como contraprestación a la imposición de ser “renunciado por la fuerza a sus derechos” el cómputo de hasta 60 meses de servicios para el cálculo del tiempo de aportes, con el irrisorio valor del salario mínimo vital y móvil vigente. Un verdadero y canallesco robo al futuro haber previsional.

Ello importa que en realidad es el propio trabajador el que va a financiarle el blanqueo a su empleador sacrificando parte de su jubilación y sin que siquiera exista una mínima exigencia de mantenimiento del puesto de trabajo.

A ello se suma que el proyecto contempla la modificación del régimen de multas por trabajo no registrado que contemplaba la Ley 24013, las que en vez de tener como base la real remuneración del trabajador tomarán el Salario Mínimo Vital y Móvil y además tendrán como beneficiaria a la ANSES y no al trabajador como hasta ahora.

El proyecto contempla también una modificación novedosa en el régimen indemnizatorio a través de la creación de un FONDO DE CESE LABORAL de administración bipartita, integrado con un aporte mensual de los empleadores y que solo funciona para los casos de despido sin causa. Se trata en realidad de una herramienta financiera, una especie de plazo fijo que realiza mensualmente el empleador que atenderá la contingencia del despido de un trabajador con la liquidación de la indemnización. La realidad es que en esos términos parecería hasta innecesario legislar generando una estructura costosa de administración de fondos privados cuando ello lo puede hacer cada empresario por su cuenta.

Lo que oculta este proyecto es la modificación del cálculo indemnizatorio en perjuicio de los trabajadores, pues se excluyen de “la mejor remuneración” el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimientos de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador.

Al empleador le dan una herramienta financiera para el pago de indemnizaciones y al trabajador le bajan la indemnización… negocio redondo.

Pero si esto ya parece obsceno, la frutilla del postre es la modificación del principio de irrenunciabilidad que es base del derecho del trabajo. En la facultad de derecho se enseña que la desigualdad negocial de trabajador y empleador requiere de una especial protección normativa para evitar que un trabajador en la necesidad de escasez de recursos se vea obligado a negociar o renunciar a condiciones laborales garantizadas. Es una limitación positiva de la autonomía de la voluntad y ha sido una de las grandes conquistas de los trabajadores.

El proyecto habilita la celebración de acuerdos que modifiquen condiciones esenciales del contrato individual del trabajo. Imaginemos a un trabajador al que su empleador le dice que para conservar su trabajo debe trasladarse a otra provincia, o que de un régimen horario fijo pasara un régimen rotativo: ¿cuánta libertad tiene para decidir al respecto?

Hace casi 100 años, en 1919, después de la 1ª Guerra Mundial nació la Organización Internacional del Trabajo, que consideró en su preámbulo que “si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países”.

Mas tarde, la conocida como Declaración de Filadelfia (1944) de OIT reafirmó que “el trabajo no es una mercancía”

Cuesta creer que, en el año 2018, en momentos en que el mundo debate sobre “el futuro del trabajo”, el gobierno argentino promueva como si fuera de vanguardia un marco normativo que atrasa mas de 100 años y que deja librado al trabajo a los avatares del mercado.
Concluyo citando a Raul Scalabrini Ortiz: "Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil, queda implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal. El tiene su propia ley, que es su propia fuerza"


+El autor es abogado laboralista y militante peronista, Ex Director Pcial. de Inspecciones del Ministerio de Trabajo de la Pcia de Bs As y consultor externo de la O.I.T.

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