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La Plata, Buenos Aires, Sábado 21 de Abril de 2018 -  04:14 pm 
OPINIÓN

22-01-2018

"Accidentes de tránsito: Desaprensión estatal e indolencia privada", por Emilio Raffo


Los medios masivos de difusión comunican, casi diría hasta el hartazgo, los hechos de inseguridad que a diario se producen en nuestra provincia y la ciudad de La Plata. Obviamente, si a los robos, hurtos, etcétera, se le suman víctimas fatales o, en su caso, lesionados, mayor será la gráfica que se le dedique al tema.

A ello se suma en la época estival los producidos por cuadriciclos, la mas de las veces conducidos por menores de edad, y sin recaudos mínimos de seguridad.

Para el año 2007 las estadísticas nos ponían en evidencia un total de 2071 homicidios, suma ésta que se incrementara dos años después a 2543, ambas difundidas en su momento por la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Highton de Nolasco.

Sin embargo, si tomamos los homicidios vinculados a los denominados hechos de violencia con los producidos por accidentes de tránsito, las cifras son realmente escalofriantes. A nivel nacional los muertos por accidentes de tránsito ascienden para el año 2008 a 8205 y a nivel provincia de Buenos Aires a 3.195. Estas cifras han disminuido, la creación de la Agencia Nacional de Control Vial posiblemente ha coadyuvado a ello, reduciéndose a 7896 y 2457 respectivamente.

Debe resaltarse que estas cifras de fallecidos en accidentes de tránsito corresponden a los decesos producidos en el propio sitio del accidente, puesto que dichas sumas se incrementan notoriamente con aquellas personas que fallecen con posterioridad pero con motivo del accidente de tránsito (4654 muertos en el lugar del hecho y 5759 los que mueren como consecuencia del accidente pero con posterioridad).´

Pero veamos la incidencia de estas estadistas en la región La Plata. Según la Asociación Platense de Tránsito en La Plata, se producen, promedio, diez muertes por accidente en forma mensual. Hubo más de 130 muertos por accidente en el año 2013, cifras que se mantienen en forma aproximada hasta el presente, ante la pasividad de los entes estatales.

Ahora bien, los platenses estamos contestes en que el tránsito es uno de los más desordenados y que el cumplimiento de las normas de conducción muchas veces es desatendido por los conductores y, en otras tantas, por los peatones, más allá del dictado de normas y a pesar de la vigilancia de las patrullas de Control Urbano y del Sistema de Prevención que circulan a diario por nuestra ciudad (en ambos casos inclusive observándose que ni siquiera estos vehículos las cumplen).

Debemos señalar que desde el estado se han dictado normas tendientes a educar y formar a las nuevas (y viejas) generaciones de conductores desaprensivos. Así, las leyes 13927 y 24449 que regulan los registros de las denominadas “academias de conductores”, siendo sinceros, sólo establecen mecanismos de control y habilitación de las mismas y no verifican ni controlan el verdadero objetivo social de la mismas que es, precisamente, que quienes instruyan en el cumplimiento de la normas, así como en algo tan simple como es el manejo de un vehículo, sea realizado por personas realmente capacitadas para ello, psíquica y prácticamente. De nada sirve que enseñen a estacionar o que indican la cruz de San Andrés, si al “enseñante” solo se le requiere tener una licencia profesional de conducir, como si esta sola circunstancia lo convirtiera en personal idóneo y con conocimientos básicos de docencia y pedagogía.
Muchas de las agencias locales sólo instruyen en el “arte de conducir”, derivando la capacitación necesaria e imprescindible -esto es, el conocimiento de normas y formas de conducirse manejando un automotor- a la instrucción breve y sintética que dicta la dirección de Tránsito. Todo esto, claro está, sin perjuicio del empeño que pongan los empleados que allí prestan servicios.

Las normas citadas que regulan la actividad sólo requieren que el “profesor” -título ampuloso por cierto- tenga licencia de conducir “profesional”. En la crítica que se les hace a diario a los “conductores profesionales” cuando en calidad de tales manejan desaprensivamente vehículos de pasajeros.

No hemos podido chequear con cierto grado de certeza las denominadas “academias de conductores” en la ciudad, pero sí hemos advertido la falta de control estatal respecto de las personas a quienes se ponen a cargo de los vehículos en las academias, los cuales, en el caso específico que nos ocupa, seguramente no pasarían una prueba de conductor particular. ¿Qué podemos esperar entonces de las enseñanzas que impartan a los cándidos y circunstanciales alumnos o clientes?.
Por lo general, ninguna cumple adecuadamente las normas legales ya citadas y, conforme lo dicho, ninguna prepara adecuadamente a los conductores.

A ello debemos resaltar los accidentes provocados por los cuadriciclos en los lugares de veraneo y, usualmente, en los denominados “Barrios Cerrados o Semi Cerrados” en los cuales menores de edad conducen desaprensivamente ante la actitud culposa (cuando no dolosa) de sus mayores y la imposibilidad de que terceros eviten ese accionar de los cuales terminan siendo víctimas. Resulta censurable la pasividad de las administraciones o sociedades de fomento que admiten dichas prácticas.

En estos días, una nueva víctima ha cobrado esta actitud desconsiderada.. Un menor de tan solo 7 años, participó de un accidente en el cual perdiera la vida en el Barrio Cosa Esmeralda, cercano a la veraniega localidad de Pinamar. Circunstancia ésta que, lamentablemente, se suma a otros eventos en esta misma temporada como ocurriera en anteriores.

Recientemente el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 32/2018 mediante el cual determinó que los cuadriciclos son, en definitiva, vehículos automotores y por ende sujetos a las disposiciones generales que rigen en la materia. Es decir, deberán ser conducidos por personas con licencia habilitante, seguro y patente, casco homologado, lentes ( para el caso de que no tenga parabrisas) estando prohibido transportar más personas que las habilitadas por el fabricante. Deberán circular en terrenos públicos delimitados por las autoridades competentes, incorporando incluso a las bicicletas con pedaleo asistido.

Entendemos que las autoridades competentes deberían revisar su accionar, efectuar un verdadero y eficaz control sobre las agencias y realizar un operativo conjunto entre Control Urbano municipal, la dirección provincial de Inspección del ministerio de Trabajo y las autoridades viales competentes para que, de una vez por todas, se tenga certeza sobre las licencias que se otorguen, el cumplimiento de todas las normas de las academias de conductores y, por supuesto, la habilidad y habilitación de aquellas personas encargadas de instruir a los nuevos conductores. No basta habilitar Escuelas estatales.

Lo mismo ocurre con el control que debe realizarse respecto al tránsito de los cuadriciclos, no sólo en espacios públicos, sino también en los lugares cerrados o semi cerrados en virtud de las responsabilidades que le son propias a los administradores toda vez que, de hecho, sus calles no pueden estar sujetas a la irresponsabilidad de los mayores que permiten circular a dichos vehículos automotores conducidos por menores y, aún en caso de serlo por mayores de edad, en contravención de las normas vigentes.

Por último, nos permitimos señalar, cualquiera sea la circunstancia: “Cada maniobra de tránsito, permite un gesto de cortesía”.

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