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ECONOMÍA

Los sospechosos de siempre con los precios

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Quilmes, Pepsico, Mastellone y otros grandes quedaron bajo la lupa de Comercio para constatar si aumentaron fuerte en los barrios para boicotear los acuerdos.

En el marco de la mesa de los precios en la que el ministro de Economía, Sergio Massa, intenta atenuar el impacto de las remarcaciones tras la corrida que disparó el valor del dólar Blue, el Gobierno está investigando a los gigantes del consumo que tuvieron aumentos récord en las góndolas de los comercios de barrio con el objetivo de incumplir el acuerdo de Precios Justos y topes de suba. Hace unos días, la Secretaría de Comercio multó a Coca Cola y la francesa Danone por haber aumentado 32,5 por ciento en un mes, cuando lo permitido es 3,2 por ciento, y ahora observa que hay otros gigantes del consumo masivo que podrían encuadrar en esa misma situación.

Según información a la que accedió Página I12, la cartera que conduce Matías Tombolini tiene avanzado un proceso de investigación que involucra a las empresas Cervecería y Maltería Quilmes, Pepsico Argentina, Mastellone (La Serenísima) y Aguas de Orígen (una alianza comercial para el mercado de aguas entre Danone y la cervecera chilena CCU, que produce en el país las marcas Imperial y Heineken, entre otras), entre otras.

La sospecha es que habrían procedido de la misma manera que Coca Cola y Danone, con subas muy superiores a lo permitido. Esos nombres puntuales, además, son fuertes porque son muy representativos del peso en góndola: Mastellone produce nueve de cada diez litros de leche fluida; Quilmes, hoy en manos de un grupo extranjero, es el líder en cervezas y tiene una fuerte participación en aguas; mientras que Pepsico es lider en snacks y la segunda firma, detrás de Coca Cola, más importante en producción de bebidas gaseosas.

El método

La semana pasada, la Secretaría de Comercio les impuso a Coca Cola y Danone una multa de 40 millones y 45 millones de pesos, respectivamente, por incumplir acuerdos de precios.

La metodología, que en el Gobierno describen como «rentabilidad cruzada», consiste en mantener la pauta de aumento permitida por el Gobierno en los grandes hipermercados (3,2 por ciento mensual), y en el resto de los comercios (almacenes barriales, chinos y pequeños locales) subir sin tope para recomponer márgenes de rentabilidad perdidos en los acuerdos de Precios Justos. En el caso de Coca Cola y Danone, los aumentos por fuera de lo permitido alcanzaron el 32,5 por ciento mensual.

Desde algunas firmas, como Quilmes, negaron a este diario estar haciendo aumentos por fuera de lo permitido por la Secretaría de Comercio. El resto prefirieron no hacer comentarios. También están bajo la lupa de la investigación de la secretaría de Comercio las empresas Molinos Río de la Plata y Arcor.

Esta decisión de política de precios de las empresas tiene varios impactos: el primero es que ocho de cada diez argentinos compran en comercios de cercanía y sólo un tercio en hipermercados. En síntesis, la mayor parte de la población compra a precios mucho más caros de los acordados. El segundo punto es que la inflación de alimentos que mide el INDEC tiene un fuerte componente del canal de cercanía, y el Gobierno no ha mostrado capacidad de control en ese segmento. Si uno mide la inflación de alimentos en los híper y en los barrios, hay diferencias abismales.

Un equilibrio dificil de lograr

En este escenario, varias empresas le llevaron a Comercio Interior esquemas de alza de costos por el dólar y las paritarias que llegan al 10 por ciento. La idea de Matías Tombolini es, primero, que las compañías que aumentaron retrotraigan los precios al nivel anterior a la corrida, casi una quimera en este contexto.

En paralelo, Comercio busca dos objetivos, un nuevo sendero de aumentos permitidos y, a la vez, tener mayor control sobre los comercios barriales y sus precios. En primer lugar, el nuevo sendero de aumentos autorizados seguirá siendo del 3,2 por ciento hasta el 20 de mayo, y desde allí a fin de mes se otorgará otro 1,8, llegando al 5 en el mes. Eso regirá para todos los productos que no estén en la canasta de precios fijos. Mientras que para los 2000 productos de Justos se fijó un tope de aumentos de 3,8 por ciento.

Por último, se acordó una suba máxima de 5 puntos para productores de insumos difundidos y se busca acordar con mayoristas y distribuidores una lista de precios única tanto para hipermercados como para comercios de cercanía. Con esto, el Gobierno busca evitar lo que aún no pudo: ponerle coto ala disparada de precios fuera de los hiper.

ECONOMÍA

No pagarán Ganancias sobre el aguinaldo los salarios de hasta $ 880.000

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El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este miércoles 7 de junio que en la primera cuota del sueldo anual complementario, los salarios brutos de hasta $ 880.000 quedarán exentos del impuesto a las Ganancias. La medida beneficiará a más de medio millón de trabajadores y trabajadoras de todo el país, informó el Palacio de Hacienda.

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ECONOMÍA

El FMI autorizaría que una parte del próximo desembolso se use para intervenir en el mercado cambiario

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El Gobierno discute con el Fondo un adelantamiento de dinero en medio del incumplimiento de las metas a raíz del impacto de la sequía.

El Gobierno habría recibido el visto bueno de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que una parte del desembolso extraordinario que realizaría el organismo para compensar las pérdidas que produjo la sequía se pueda utilizar para que el Banco Central y el Tesoro puedan intervenir en el mercado cambiario y de capitales con el objetivo de contener la brecha cambiaria y evitar la devaluación.

De acuerdo a fuentes del Palacio de Hacienda, ahora se discute qué monto estará disponible para que el Gobierno opere en el mercado. Se trata de un punto muy sensible porque se espera que en el actual escenario de muy escasas reservas del BCRA y del ruido político-económico que suponen las PASO y luego las elecciones presidenciales se produzcan episodios de la tensión cambiaria, que tienen impacto en el humor social, la inflación y la sostenibilidad política en general.

Se espera que el equipo liderado por el viceministro Gabriel Rubinstein y el asesor Leonardo Madcur, quienes vienen manteniendo las conservaciones técnicas con sus pares del Fondo, viajen la semana próxima a Washington. Unos días después, el ministro de Economía, Sergio Massa, cerraría formalmente la negociación.

La intransigencia del Fondo para autorizar la intervención en el mercado cambiario, que en esta oportunidad dejaría de lado para apoyar el final de la gestión actual, tuvo consecuencias dramáticas en 2018 y 2019, cuando bajo la administración de Mauricio Macri se dieron varias situaciones de descontrol y pánico cambiario que terminaron en cuantiosas pérdidas de reservas y casi desembocan en un final anticipado de aquel gobierno, que para sobrevivir tuvo que reinstalar el cepo.

Ahora, el visto bueno del Fondo se encuadra en la negociación por el ingreso de dinero fresco, un posible adelanto para afrontar los vencimientos con el organismo, que permita compensar las pérdidas fiscales que está produciendo la sequía.

Recalibración
En los hechos, se trata de un paréntesis en el acuerdo firmado a comienzos del año pasado o una recalibración de aquel convenio. Sucede que las metas comprometidas se incumplieron a raíz del masivo impacto de la sequía en la oferta de divisas y en la recaudación fiscal. Adicionalmente, Massa también incumplió el acuerdo al hacer uso de reservas para intervenir en la última corrida cambiaria.

El apoyo que el Gobierno conseguiría del Fondo está dado en primer lugar por la voluntad política de la administración de Joe Biden de evitar una crisis mayúscula en el país. También se da en medio de un viaje a China de parte de Massa que dejó gusto a poco: a pesar de los anuncios de ampliación del swap, nuevos desembolsos para las represas y el régimen de intercambio comercial en yuanes, herramientas importantes de mediano plazo, el país asiático no tendrá gran injerencia para suavizar el aterrizaje del Gobierno en el proceso electoral de corto plazo.

La situación es muy complicada porque el desastre de la sequía aparece en un cuadro de desembolsos que para este año estaba originalmente previsto que fuera desventajoso para el Estado. A diferencia del año pasado, cuando los desembolsos del FMI superaron a los pagos, ahora la cuenta es inversa: el próximo desembolso que estaba previsto es de casi 4 mil millones de dólares, que es insuficiente para afrontar los pagos de 2680 millones de finales de junio, los 2630 millones de julio y los 787 millones de agosto. Luego, el cobro de 3300 millones en septiembre tampoco alcanzaría para pagar los vencimientos hasta finales de año.

La intención de Massa es que el FMI no solo apruebe el no cumplimiento de las metas a raíz de la sequía, sino que adelante los desembolsos pactados para el resto del año como ayuda ante la emergencia. Adicionalmente se estudia estirar los plazos de pago, para que los fondos sean suficientes para engrosar las reservas. Con todo, si el Fondo accede constituiría una enorme señal de apoyo al gobierno saliente.

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ECONOMÍA

Economía: negocian un desembolso presupuestario para compensar las pérdidas por la sequía

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En los últimos días se lograron avances en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, según señalaron fuentes del Palacio de Hacienda a Ámbito. La intención oficial es que antes de fin de mes se llegue a un acuerdo para recalibrar el programa en curso. Para cerrarlo, el ministro Sergio Massa viajaría el próximo 18 de junio a Washington.

Un paso considerado “muy importante” por las autoridades argentinas es que el Fondo “aceptó que el Banco Central intervenga en el mercado de cambios”, ante eventuales situaciones de stress. Lo que todavía no está resuelto es el monto que el FMI consentiría para estas intervenciones, según señalan en el Palacio de Hacienda.

Otra cuestión, no menos relevante, es que el ministro Sergio Massa está gestionando un desembolso presupuestario para compensar la pérdida de ingresos provocada por la sequía que, según reconoció el propio organismo, es la más grave de la historia argentina. Se trataría de fondos frescos cuyo monto también está en conversaciones.

Nuevas reglas de juego

Las desfavorables condiciones climáticas tuvieron un impacto que significó un cambio en las reglas de juego, según afirmó también el Fondo. En tal sentido, se prevé que el organismo dará un waiver (dispensa) por los incumplimientos de las metas estipuladas para el primer trimestre del año, cuando el organismo multilateral evaluaba un daño por la sequía menor al que realmente ocurrió (las últimas cifras calculan en más USD 20.000 millones a las pérdidas de exportaciones del agro).

Esto no quiere decir que el Fondo resigne su postura a favor de una mayor disciplina fiscal, según señalan noticias provenientes de Washington. Desde esta perspectiva, las autoridades argentinas señalan que presentarán “números consistentes”. Se trata de una tarea nada fácil tomando en consideración las dificultades que enfrenta la economía y las demandas de un año electoral.

Con todo, la aprobación del desempeño de la economía argentina en el primer trimestre del año (a pesar de los desvíos) posibilitará -según prevén en el Ministerio de Economía – un nuevo desembolso que se aplicará simultáneamente al próximo vencimiento con el organismo (unos USD 3.000 millones).

Con la aprobación del nuevo programa, el desembolso programado y la posibilidad de fondos extra, en el Palacio de Hacienda confían en enviar señales positivas a los mercados.

Al respecto agregan la ampliación en USD 5.000 millones de dólares en el swap otorgado por China, recursos que – señalan – se puede utilizar para intervenir en la plaza cambiaria y también para la recompra de deuda, aumentando el poder de fuego del Banco Central.

A los efectos de reformular el programa con el FMI, se prevé que el próximo jueves 15 de junio viajen altos funcionarios del Ministerio de Economía a Washington, misión a la que se sumaría Massa el domingo siguiente.

Como elemento a favor, en Economía señalan que “la administración de Joe Biden está empujando fuerte” dentro del Fondo para facilitar el acuerdo (Estados Unidos es el principal aportante del organismo). Cabe recordar que la semana pasada, Juan González, el principal asesor del del gobierno de Biden para América Latina, declaró que Estados Unidos respalda a la Argentina, aunque aclaró que cualquier desembolso estará sujeto a lo que el Gobierno acuerde con el staff del FMI.

El dilema de los técnicos del FMI es cómo logar una fórmula que evite un descontrol macroeconómico en el país, lo que implicaría adelantar fondos, pero sin poner en juego sus carreras. Es que si los adelantos del Fondo no se utilizan para cumplir con los vencimientos con la entidad, más tarde o más temprano se entraría en default.

Otro de los problemas que enfrenta el staff es que seguir financiando a la Argentina a pesar de los incumplimientos, supone un costo en términos de la credibilidad del Fondo que, de esta forma, se ve expuesto a que los otros países que tienen programas semejantes reclamen un trato más benigno siguiendo el ejemplo argentino, como señalan analistas en los Estados Unidos.

Frente a estos estrechos márgenes, es que se supone que una de las pocas posibilidades podría ser que, amparados en la extraordinaria sequía que afectó a la Argentina, el FMI pueda disponer el giro de fondos frescos. Pero no tienen dudas de que la restricción externa seguirá siendo severa, que los controles a las importaciones continuarán y, posiblemente, se acentúen y la caída en la actividad es inevitable.

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