Con 16 votos a favor y 15 en contra, el Frente de Todos consiguió aprobar la admisión de los catorce pedidos de juicio político a los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Juntos por el Cambio intentó abroquelarse en defensa del máximo tribunal, pero las diferencias internas quedaron expuestas cuando la Coalición Cívica ratificó su presentación para destituir a Lorenzetti. El proceso continuará ahora con la recolección de pruebas y testimonios.
El juicio político a los jueces de la Corte Suprema tuvo su prueba de fuego en la Cámara de Diputados y, gracias a la mayoría que el Frente de Todos tiene en la comisión, se prepara ahora para entrar en la etapa de recolección de pruebas. A viva voz, y tras un extenso y caldeado debate, el oficialismo logró aprobar, con 16 votos a favor y 15 en contra, la admisibilidad del proceso de destitución de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Abroquelados en defensa del máximo tribunal, los legisladores de Juntos por el Cambio buscaron mostrarse unidos presentando un único informe de inadmisibilidad al proceso, pero no tardaron en exponerse ciertas grietas internas. Y es que la Coalición Cívica, en soledad, presentó su propio informe de admisibilidad dirigido únicamente contra Lorenzetti.
Fueron casi ocho horas de debate en las que el FdT, por un lado, argumentó que había sobrados motivos para abrir formalmente la investigación por mal desempeño de los cuatro jueces. En el informe de admisibilidad aprobado se incorporaron, finalmente, los catorce pedidos de juicio político presentados -incluidos los dos de la CC-, aunque el bloque oficialista no descarta que algunas causales se vayan cayendo durante el proceso de recolección de pruebas. La estrategia de JxC, mientras tanto, fue machacar con que el oficialismo estaba encabezando una cruzada contra el Poder Judicial. «Le declararon la guerra a la Constitución», se escandalizó Mario Negri. A unos metros, Rodrigo De Loredo (Evolución) optó, en cambio, por leer un discurso armado por un sistema de inteligencia artificial para explicar por qué el populismo quería controlar la Justicia.
Chats filtrados, contenidos de sentencias
La tensión sobrevolaba la sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados desde temprano. Ubicados en mesas enfrentadas, les diputades del FdT y JxC estaban desde las 11 a la expectativa de quién tiraría la primera piedra. Una cosa era segura: si bien el juicio político a la Corte había empezado oficialmente hace 20 días, la verdadera discusión comenzaría en este encuentro. Fue, finalmente, uno de los jefes de los bloques del medio quien abrió el fuego. Protagonista ya de varios cruces en las reuniones previas, Alejandro «Topo» Rodríguez arrancó el debate exigiendo convocar a un cuarto intermedio porque no había habido tiempo suficiente para leer el informe de admisibilidad. “Lo recibimos hace 48 minutos, esto no es hacerse el guapo porque tengo el número”, se quejó el jefe del Interbloque Federal. A unos metros, la espada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, asentía con entusiasmo. «Tiene que renovar la banca», ironizaban desde el oficialismo.
Minutos antes, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard -que rechazó el pedido de Rodríguez-, había tomado la palabra buscando imprimirle al encuentro un tinte más formal y ordenado. «En los catorce pedidos promovidos se acumulan más de sesenta hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El tenor de las denuncias, de ser probadas, serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que se debe asegurar dentro de un régimen republicano y democrático», señaló, leyendo una parte del informe de 79 páginas que incluía todas las causales por mal desempeño: inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura, fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, 2×1 a genocidas, chats entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, irregularidades en la obra social del Poder Judicial, entre muchos otros.