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POLÍTICA

Una veintena de organizaciones lanzan una campaña para que Cristina Kirchner sea candidata

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Con afiches y pintadas, el espacio La Patria es el otro saldrá a la calle a defender la postulación de la vicepresidenta y a denunciar persecución judicial.

Una veintena de organizaciones políticas y sociales kirchneristas, integrantes del espacio La Patria es el Otro, lanzaron afiches para reclamar por la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en las próximas elecciones. «¡Proscripción, un carajo!», plantea el cartel, impreso sobre una foto de la vicepresidenta, que veremos esta semana en las paredes del Área Metropolitana de Buenos Aires. También pintadas con la consigna «CFK2023» y «Cristina es la esperanza». La campaña está en sintonía con lo expresado ayer por el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien afirmó que «no se puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina», y lo manifestado la semana pasada por el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, quien le pidió a la militancia que salga del «estado de letargo».

Con la iniciativa de La Patria es el Otro, el kirchnerismo dará los primeros pasos para tocer en las calles la operación político-judicial contra la postulación de la expresidenta. “La idea es ir barrio adentro. Una parte de los afiches se van a ver en la ciudad de Buenos Aires, como centro político, porque queremos que se haga visible, instalar el debate, pero la intención central es la hacer campaña en las barriadas”, detalló a Página/12 Eduardo Montes, presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes).

El Peronismo Militante, la Corriente Lealtad, la Martín Fierro, Descamisados, la Corriente 13 de abril, el Frente Social Peronista, Kolina, Identidad, el Frente Federal de los Pueblos, Fetraes y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) son algunos de los que llevarán adelante la movida. Se trata de un conjunto de agrupaciones, algunas políticas en el sentido más clásico y otras con trabajo territorial o de cooperativas de trabajo. En los hechos, la mayoría viene militando por la candidatura de Cristina desde el 2021, antes de las PASO.
En noviembre pasado habían creado stickers de CFK2023 y también afiches. El fallo de diciembre contra la vicepresidenta, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal Oral Federal 2 en la causa conocida como Vialidad, y las palabras de Cristina sobre que no se presentaría como candidata, los dejó en la puerta de esta campaña. La conversaron en los últimos días con La Cámpora y la Mesa de Ensenada, un espacio que reúne a intendentes (Mario Secco; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Pablo Zurro, de Pehuajó; Gustavo Barrera, de Villa Gesell), referentes políticos y sindicales del kirchnerismo bonaerense.

En las agrupaciones tienen una hoja de ruta. Esperan, luego de la recorrida por el AMBA, convocar a un plenario en el Conurbano, y desde ahí trabajar en una manifestación para el mes de marzo. “Está en riesgo la democracia tal y como la conocimos. No es posible plantear un escenario electoral ni convalidar un acto electoral, con la conductora del peronismo proscripta”, agregó Montes.

En sintonía con el lanzamiento del afiche, que ya está circulando en las redes , el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, declaró que el peronismo «no se puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina». El exintendente de Lomas de Zamora, de diálogo frecuente con Máximo Kirchner, lo publicó en sus redes sociales.

A fines de diciembre, tres semanas después del mensaje en el que anunció que no quería ser candidata, la vicepresidenta había corregido algunas interpretaciones circulantes. “Ni renunciamiento, ni autoexclusión: proscripción”, precisó sobre aquel anuncio. También definió la condena dictada en su contra como “un acto de disciplinamiento hacia el conjunto de la dirigencia política argentina, para que nadie se vuelva a animar a tanto”.

La semana pasada, el ministro bonaerense Andrés Larroque ya había llamado al Frente de Todos a no naturalizar la situación de Cristina. “La militancia tiene que salir de ese estado de letargo. Hay que pasar de un momento gris en términos políticos y dar una demostración de fuerza. No podemos hablar de ningún diseño electoral con Cristina proscrita. No podemos dejar nuestras banderas, que son las del peronismo”, señaló.

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POLÍTICA

Quién es Jorge Rachid, el flamante director de un importante área del IOMA

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Jorge Rachid, quien fue designado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof como flamante director  del Instituto Superior de Educación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), es médico cirujano especialista en sanitarismo, docente en la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ), presidente de IIDEART (Instituto Artiguista), miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego y cofundador -junto al historiador Hugo Chumbita, Graciela Dragosky Víctor Giusto- de la Cátedra Libre de la UBA en Filosofía del Arte, Historia y Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras.

También es autor de los libros «El peronismo pendiente» (Corregidor, 2004); «El genocidio social neoliberal» (Corregidor, 2006); «La Revolución Nacional, una revolución inconclusa» (Fabro, 2013); «Accidentes y enfermedades profesionales» (Editorial Juris, 2012); «La otra historia II», compilado por Pacho O’Donnell (Editorial Ariel, 2014); «Malvinización y desmemorización», compilado por Fernando Del Corro (Fabro, 2013), y «Pensamiento nacional»

El designado director del Instituto Superior de Educación del IOMA integra también la comisión de Salud del Instituto Patria y el Movimiento Primero La Patria.

Rachid es además médico de la dirigente social jujeña Milagro Sala y a principios de año advirtió que la fundadora de la Organización Barrial Túpac Amaru detenida con prisión domiciliaria fuera trasladada con urgencia a un centro de salud de alta complejidad por una «trombosis venosa» en una de sus piernas

El hijo menor de la dirigente de la Túpac, Sergio Chorolque Sala, murió a los 37 años el lunes pasado por una «muerte súbita de origen cardíaco» y sus restos fueron velados en la casa familiar del barrio de Cuyaya, en San Salvador de Jujuy, donde su madre la cumple prisión domiciliaria.

En febrero de 2022, Rachid participó de la protesta en Lago Escondido, en Río Negro, contra el magnate inglés Joe Lewis.

«Fue una marcha en defensa soberanía nacional», dijo al respecto y tras permanecer varios días retenido en el lugar «por unas 40 personas encapuchadas».  «Nos pincharon un bote y empezó un proceso de discusiones», dijo respecto de los hechos. Días después, tras sufrir una descompensación, fue rescatado de la zona en un helicóptero fletado por el Grupo Abogados Solidarios, lo que consideró una evacuación por «razones humanitarias».

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POLÍTICA

Juicio político a la Corte: catorce pedidos de destitución y muchos puntos de contacto

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Entre la mayoría de las presentaciones hay varios hilos conductores, además de la acusación general por «mal desempeño». El fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura está presente en al menos tres denuncias. Por el «2×1» a los genocidas hay pedidos de destitución contra Rosenkrantz y Rosatti.

Los pedidos de destitución contra los jueces de la Corte Suprema son 14 y todos serán analizados por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, incluso aunque alguno sea desistido por quienes hayan hecho la denuncia original. Entre la mayoría de las presentaciones hay varios hilos conductores y puntos de contacto, además de la acusación general por «mal desempeño». La oposición alega –con una vieja muletilla– que los motivos de destitución no pueden estar basados en el contenido de sentencias. Un pantallazo de la lista de casos muestra que no sólo están en juego fallos, sino cuestiones –por ejemplo– de administración, y que incluso en las decisiones supremas la clave son los efectos institucionales que generan.

El impacto del «2X1»
Por el fallo con que la Corte benefició al represor Luis Muiña con el «2×1» hay pedidos de destitución contra Carlos Rosenkrantz, arquitecto de esa decisión, y Horacio Rosatti, que firmó junto con él y la exjueza Elena Highton de Nolasco. Muiña, fallecido, tuvo dos condenas por secuestros, torturas, desapariciones y homicidio en el Hospital Posadas, donde funcionó un centro clandestino de detención.

El fallo era una toma de posición del alto tribunal que podía favorecer a otros genocidas. Invocaba una ley de 1994 derogada en 2001, pensada para delitos comunes. Fue una decisión que despertó la movilización ciudadana, que llevó a que el Congreso excluyera de aquel cómputo los delitos de lesa humanidad y que los supremos, un año y siete mese después, revirtieran su postura.

Ese intento atentaba, además, contra una política de Estado que había asumido la propia Corte para cumplir con los compromisos internacionales y constitucionales de dar sanción efectiva a los crímenes dictatoriales. Este punto figura en los pedidos de remoción de la diputada Vanesa Siley, el de la Asociación Argentina de Juristas y el de 14 diputados/as del Frente de Todos.

En la misma línea hay planteos –como el de Pablo Llonto– por la paralización de la Comisión Interpoderes, clave para el avance de los juicios de lesa humanidad, donde los organismos de derechos humanos dejaron de ser convocados. Y se añadió una denuncia de Patricia Isasa contra Rosatti por encubrimiento del represor Eduardo Alberto Ramos Campagnolo.

El Consejo de la Magistratura
El fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura (al declarar inconstitucional la que llevaba 15 años vigente) está presente en al menos tres denuncias.

La senadora del Frente de Todos, Juliana Di Tulio, señaló que con una sentencia se puso en vigencia una ley derogada para que el organismo tuviera 20 miembros y quedara incluido el presidente supremo Horacio Rosatti, como titular del Consejo. De ahí sostuvo que se derivan «inmoralidad», «incumplimiento de deberes», la atribución de funciones legislativas y el desconocimiento de la Constitución.

La Asociación de Juristas y los diputados/as del FDT en bloque le apuntan a Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti quedó afuera porque cuestionó en su voto la reposición de la ley derogada de 1997.

Uno de los efectos de lo que vino después del fallo fue la paralización del Consejo (con obstáculos de la propia Corte para que asuman consejeros/as): siguen en sus cargos jueces nombrados a dedo por el macrismo, las vacantes las cubren los que están y no se avanza con denuncias como la del viaje de jueces a Lago Escondido con invitación de Clarín.

Los clientes de Rosenkrantz
El conflicto de intereses de Rosenkrantz al firmar fallos donde eran parte sus viejos clientes fue denunciado por la Asociación de Juristas en 25 casos.

Señalan tres que involucran a Supercanal, dos a AMX (Claro), diez a YPF, uno a la Clínica Estrada, cinco a Supermercado Día, uno al Grupo América, dos a Pan American Energy y uno a Piero.

Federalismo y la sombra de los chats
Los cuatro supremos actuales tienen pedido de destitución del FDT por la medida cautelar a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con la que ordenaron pagarle 2,95% de fondos coparticipables destinados a seguridad (traspaso policial) sin explicar ese cálculo.

El reproche, sobre esta cuestión, es que se arrogaron facultades legislativas. Di Tulio sostuvo que violaron el artículo 1 de la Constitución Nacional, que consagra el federalismo. A la denuncia de los/las diputados/as, sobre el contenido de los chats revelados por varios medios que reflejan las que serían conversaciones entre el principal colaborador de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, participante directo en el litigio en cuestión, donde hacen referencias a la causa en cuestión.

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POLÍTICA

Kicillof volvió a insistir por la devolución de los fondos coparticipables

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El gobernador realizó un nuevo encuentro con vecinos bonaerenses. Las encuestas muestran datos favorecedores para una posible reelección. Reclamo y denuncia a la Corte.

Luego de una “tarde de reflexión y mates” desarrollada en la localidad de Villa Gesell, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó en sus redes sociales la necesidad de la devolución “de los recursos que se llevó la Core Suprema”. En este sentido, aseguró que “lo que está en disputa es si seguimos ampliando derechos o vuelve la derecha”, aseguró.

En una jornada de anuncios, el gobernador había estado presente junto al intendente local, Gustavo Barrera, la vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, en la firma de adhesión a diversas líneas de crédito para el sector productivo, que ascienden a una inversión total de 10.500 millones de pesos. De parte del gobierno nacional estuvo el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

“En la provincia faltan escuelas, hospitales, rutas y vinimos hacerlas, pero necesitamos que nos devuelvan los recursos que se llevó la Corte Suprema”, escribió Kicillof en la red del pajarito. “Tienen que volver los recursos a la provincia de Buenos Aires”, sentenció. El gobernador presentó ayer una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro por «delitos de tráfico de influencias» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

En el texto de la presentación realizada en los Tribunales Federales de La Plata, el primer mandatario provincial remarcó que la Corte Suprema benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su disputa con Nación por la cuestión de recursos coparticipables en un fallo que habría sido producto de tráfico de influencias de funcionarios de la Corte y del gobierno de CABA. “Es de una altísima gravedad institucional que un funcionario de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y un funcionario del Gobierno de Larreta coordinen una estrategia judicial para favorecer a la Ciudad en desmedro de todas las provincias argentinas”, expresó también el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak.

El dirigente platense, ex intendente de la ciudad capital bonaerense, fue promotor de la mateada que se organizó a fines del 2022 en tierras hoy gobernadas por Julio Garro. El encuentro de ayer se dio en Villa Gesell, cuyo intendente, Gustavo Barrera, afirmó días atrás que “en provincia tenemos candidato que es Axel”.
Recientemente se conocieron dos encuestas que manifiestan altas probabilidades de un triunfo de Axel Kicillof en las elecciones de este año, si es que, finalmente, decide ir por la reelección. Por un lado, un estudio de imagen publicado la empresa Analogías, muestra que, en la provincia de Buenos Aires, la intención de voto para el Frente de Todos asciende a 33,6%, mientras que Juntos por el Cambio está cerca de 14 puntos por debajo, con 19,4%. Por su parte, la consultora Proyección refleja que el actual gobernador supera en 12 puntos en un escenario de confrontación con el precandidato de JxC Diego Santilli. Algo interesante de este último estudio es que si el candidato de Juntos por el Cambio fuera el ex ministro vidalista Cristian Ritondo, éste sería superado en dos puntos por José Luis Espert, quedando relegado a un tercer lugar.

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