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ECONOMÍA

Estas son las empresas que boicotean Precios Justos, dentro del plan anti inflación presentado por Sergio Massa

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Cerca de 25 de las 30 marcas que están dentro del plan voluntario entregan menos de la mitad de lo demandado. Las compañías que no cumplen con el abastecimiento. Los números en rojo de las nacionales y las multinacionales.

De las 30 empresas más grandes que se encuentran dentro del programa Precios Justos, que congeló los precios de cerca de 2.000 productos de la canasta básica, cerca de 25 entregan menos de la mitad de la mercadería demandada. Esto quiere decir que cuando un supermercado les pide 10 productos, dan menos de 5 productos promedio, por lo cual hay algunas que entregan cero, otras al 20 o 30 por ciento. Sólo cinco firmas aportan productos del plan por encima del 50 por ciento y apenas dos están arriba del 80.

Precios Justos
Lanzado el pasado 11 de noviembre, vigente hasta el 31 de marzo y según el ministro de Economía Sergio Massa con el objetivo de extenderlo cuatro meses más, Precios Justos arrancó con un abastecimiento que arañó el 70 por ciento.

Este registro era por demás favorable, ya que superaba incluso el 50 o 60 por ciento de cumplimiento que había habido en las canastas que negoció Roberto Feletti, antecesor de Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio Interior.

Pero a fines de diciembre, cayó radicalmente el volumen entregado, y en los últimos quince días, se expresó de manera más dramática y visible dado que hay góndolas directamente vacías o productos que no se consiguen.

Empresa por empresa, las que no cumplen
Fargo: la empresa de panificados, que tiene alrededor de 20 productos en Precios Justos, envió en los últimos 15 días sólo el 19 por ciento de lo que le demandaron los supermercados.
Arcor: la alimenticia de los Pagani cumplió con el 32 por ciento de lo pedido.
Bagley: la compañía especializada en producción de galletas saladas y dulces, también propiedad de Arcor, tiene 27 productos en el programa, pero entregó el 59 por ciento de la mercadería pedida.
Café La Virgnia: el grupo que se dedica a la elaboración de infusiones, que también aporta café La Morenita, no está entregando nada de productos.
Quilmes: la popular cervecería aportó en los últimos quince días un 28 por ciento promedio para su gama de productos.
Pepsi: a diferencia de su principal competidor Coca Cola, que entregó un 83 por ciento de cumplimiento del abastecimiento, la marca de gaseosas cumplió sólo con el 38 por ciento de lo comprado.
Colgate Palmolive: la empresa de pastas dentales y jabones cumplió con un 64 por ciento del abastecimiento
Danone: la alimenticia francesa vendió el 53 por ciento de lo pedido por los supermercados.
Las Marías: la empresa que elabora yerba, que produce entre otras marcas a Unión, proveyó sólo un 30 por ciento promedio.
Empresas multinacionales
Johnson y Johnson: la empresa multinacional estadounidense tiene un bajo nivel de entrega, aportando el 23 por ciento.
Loreal: la compañía francesa de cosméticos y belleza entregó solo un 18 por ciento de lo solicitado.
Kimberly Clark: una de las multinacionales líderes en productos de higiene a nivel mundial aportó un 42 por ciento.
Unilever: la marca que elabora mercadería de limpieza y alimentos vendió por un 52 por ciento.
Procter and Gamble: conocida como P&G, la empresa estadounidense de bienes de consumo entregó 37 por ciento.
Nestlé: la multinacional suiza dedicada a los dulces, aguas y bebidas abasteció un 52 por ciento de la demanda.
Mondelez: la ex Kraft aportó un nivel intermedio de entrega del 64 por ciento.
Quickfood: la marca de carnes congeladas, abasteció por un 53 por ciento.

Cabe destacar que los porcentajes son un promedio de la gama de productos que aportan al plan, es decir, el porcentaje no quiere decir que entreguen todo o nada, sino que varía según productos.

 

Morixe: la harinera vendió un 31 por ciento promedio de los productos solicitados.
Molinos Río de la Plata: una de las empresas líderes de la industria alimentaria en América Latina entregó un 35 por ciento.
Papelera del Plata: el gigante nacional del papel sólo abasteció el 32 por ciento de los pedidos.
Manfrei: la fábrica láctea aportó al programa sólo un 28 por ciento de los productos.

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ECONOMÍA

Mega acuerdo de precios en año electoral

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Economía prolonga Precios Justos hasta el 30 de junio y se amplián la cantidad de sectores que no podrán aumentar más de 3,2 por ciento: ingresan textiles, calzados, insumos alimenticios, de la construcción y se negocia con frutas y verduras.

El ministro de Economía, Sergio Massa, no quiere sobresaltos inflacionarios en año electoral para lo cual el viernes anunciará, junto al secretario de Comercio, Matías Tombolini, un mega acuerdo de precios con diferentes sectores económicos. Constará de una renovación del Plan Precios Justos hasta el 30 de junio, pero con un plus relevante. Tal como adelantó Página I12 en su edición del domingo, habrá un sendero de aumentos máximos permitidos de 3,2 por ciento para todo lo que esté afuera de la canasta de 2000 alimentos y bebidas congelados, con la novedad de que a esta pauta se le sumarán otros rubros de la economía que hasta ahora no estaban alcanzados.

Según supo este diario, ingresan insumos alimenticios, de la construcción, calzados, textiles, problablemente electro y se negocia con un sector muy complejo como el de frutas y verduras.

El objetivo del ministro es alinear expectativas de inflación para que el IPC general del INDEC, que en julio de 2022 corría al 7,4 por ciento, empiece a hacerlo a un ritmo de 4 por ciento o menos, sobre todo en productos de la canasta básica, que son los que más pegan en los bolsillos de los sectores bajos y trabajadores que no tienen acceso a las paritarias.

Fuentes oficiales confirmaron a este diario que la canasta de 2000 productos a precio fijo seguirá, con variaciones mínimas de entrada y salida de algunos productos, pero la cantidad se mantendrá. De todos modos, más allá de los mitos de la efectividad o fetiche de los congelamientos de precios, para Massa y Tombolini lo más relevante no es que el precio quede fijo, sino que el sendero de acuerdo general del resto de los bienes se mantenga a la baja con una ganancia razonable para las empresas.

Todos alineados
En este escenario, se evalúa desde el Gobierno a una serie de sectores que podrían ser pasibles de estar en esta pauta de aumentos: la referencia es para bienes de electrónica, insumos para la construcción, insumos alimenticios, calzado, textiles y frutas y verduras. Sobre este punto, este diario detalló el domingo que la idea de Tombolini es alcanzar un acuerdo con el Mercado Central y otros puntos de venta, sobre todo porque los precios del rubro y de carnes impactaron muy fuerte en el IPC de enero, con subas muy por encima de los alimentos de góndola.

Ahí el Gobierno tiene un problema serio porque el sector trabaja casi todo en la informalidad, los puntos de venta mayoristas están muy dispersos y lejos de los centros de consumo y nunca se ha logrado un sistema de distribución que pudiese llevar -en volúmen y penetración- los precios muy baratos del Mercado Central a los barrios.

De todos modos, hay otro de los rubros que se suman que es muy relevante para la fortaleza y cumplimiento de la pauta de aumentos. La inclusión de los insumos para la producción de alimentos a la pauta de suba máxima del 3,2 por ciento es la zanahoria para que la industria que produce alimentos le firme a Massa la extensión de los acuerdos hasta las elecciones PASO. Es que hasta ahora, había muchas grandes firmas nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal) que se quejaban en la ventanilla del Gobierno de que los insumos le aumentaban al 20 mientras Comercio les autorizaba a ellos aumentos del 4 por ciento.

De esta manera, con este alineamiento al 3,2 también de los fabricantes de insumos, debiera ordenarse el escenario. Vale decir que los productores de insumos (cartón, vidrio y tetrabrick) son solo tres empresas en todo el país, lo que complica aún más la perspectiva de negociar con fuerza. En este contexto, naturalmente, como el 3,2 es un aumento máximo promedio, habrá productos que tendrán algunas subas variables. Un ejemplo, los aceites, que como tienen fideicomiso les autorizaron un 3,1 por ciento de suba.

Por último, respecto a la canasta de 2000 congelados, en el Gobierno reforzarán controles en locales de cercanía y supermercados chinos, dado que la diferencia en cumplimiento y precios es hasta 50 por ciento mayor por fuera de los grandes hipermercados. De todos modos, como aclaran en Hacienda, el corazón del ordenamiento inflacionario, además de la estabilización macroeconómica, sigue siendo el establecimiento de un sendero de precios estable y a la baja, que les sirva a todos los sectores.

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ECONOMÍA

Recortes hasta en el Plan Procrear

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La Oficina de Presupuesto del Congreso señala que hubo recortes en gastos de capital en todas las áreas para cumplir con el FMI

Las menores transferencias de capital a fondos fiduciarios, empresas públicas y provincias derivaron en una caída de la inversión ejecutada por el Estado del 38,3 por ciento en términos reales durante 2022, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Al analizar el sobrecumplimiento de la meta fiscal de 2022 la OPC había advertido que los gastos de capital fueron determinantes para explicar la retracción del gasto real de la administración pública nacional en 7,4 por ciento en el año (y 19,5 por ciento en el último semestre).

La Inversión Pública ejecutada por la administración nacional (APN) durante 2022 ascendió a 1.178.200 millones de pesos (1,178 billones), distribuídos en gastos de transferencia de capital por 790.657 millones e inversión real directa (lo que habitualmente se conoce como obra pública) por 387.542 millones. Los gastos en transporte, vivienda y urbanismo y agua potable se llevan el grueso de los fondos, y son ejecutados básicamente por el ministerio de Obras Públicas, de Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Social y Hábitat, ahora a cargo de Victoria Tolosa Paz (Juan Zabaleta fue el ministro hasta octubre pasado).

Las transferencias de capital tienen por objetivo financiar proyectos y adquirir equipos para instituciones de la APN y en 2022 retrocedieron principalmente por los menores giros a fondos fiduciarios, que cayeron 55,8 por ciento en términos reales, impulsados mayormente por el recorte en el programa Procrear. En suma, se invirtieron 254.372 millones de pesos vía fondos fiduciarios. En segundo lugar, las transferencias destinadas a empresas públicas disminuyeron 49,6 por ciento y alcanzaron 227.862 millones de pesos. El ajuste se dio principalmente en AySA.

En tanto que las transferencias efectuadas a provincias y municipios cayeron 33,4 por ciento real y totalizaron 246.512 millones de pesos. Los giros a Buenos Aires mermaron 43,2 por ciento y explicaron el grueso de la tendencia, pero también acusaron fuertes reducciones las provincias de Chubut, Córdoba y Salta.
En fondos fiduciarios el Procrear vio recortado el gasto en 244.918 millones de pesos, y el total de los fiduciarios (que incluyen obras hídricas y de vivienda social) en 321.248 millones. Entre las empresas públicas, el presupuesto de AySA cayó en 118.032 millones de pesos, el de Enarsa 55.000 millones e infraestructura en trenes argentinos 14.000 millones, entre los más importantes.

El recorte de los giros a la provincia de Buenos Aires fue por 50.000 millones y la suma para todas las provincias y municipios cayó en 123.590 millones.

La inversión real directa retrocedió 9,9 por ciento en términos reales durante 2022. Se vio afectado su principal concepto que son los proyectos para construcción y mantenimiento de autopistas, autovías y rutas: lo que habitualmente se conoce como obra pública. Se realizaron 710 obras con estos destinos durante el ejercicio pasado.
En suma, en 2022 la inversión pública representó el 1,4 por ciento del PBI. Un ratio inferior al 2,4 por ciento de 2021, año en el que las transferencias a fondos fiduciarios y a empresas públicas realizadas durante el último bimestre registraron un máximo para el período. Aún así, la inversión pública se mantuvo en niveles superiores al trienio 2018-2020 que rondaba en 1,2 por ciento, con un mínimo en el último año debido al Covid-19, destaca la OPC.

Por último, el ratio de ejecución del gasto en inversión fue del 86,7 por ciento el año pasado. El grueso del financiamiento de este tipo de gasto proviene de fuentes internas y el 15 por ciento de fondos externos como los préstamos del BID, el BIRF y la CAF.

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ECONOMÍA

La sombra de la deuda externa privada

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Siendo el tema del dólar uno de los más preocupantes en el contexto de las perspectivas económicas de este año 2023, no puede dejar de llamar la atención la información que surge del Informe sobre Deuda Externa Privada que acaba de dar a conocer el Banco Central esta semana. El primer dato relevante es que el total de la deuda del sector privado con el exterior alcanzó, al 30 de septiembre de 2022 (el dato más reciente hasta ahora informado), un monto récord de 91.364 millones de dólares, unos 7000 millones más que al cierre del trimestre anterior (84.237 millones al 30 de junio), y casi 15 mil millones más en relación al último día del año anterior (76.770 millones al 31.12.2021).

La acumulación de deuda privada comercial y financiera con el exterior es un problema a corto plazo, ya que el mismo informe del Banco Central señala que, sólo por vencimientos de capital, los compromisos a menos de un año (entre los exigibles y los otorgados sin fecha de vencimiento) ascienden a 49.808 milones de dólares de deuda comercial y 17.183 millones de deuda financiera. Es decir, un total de 66.991 millones, que seguramente se refinanciarán con nueva deuda en su mayor parte, pero que no dejarán de provocar una sangría permanente de divisas en materia de pago de intereses vencidos y parte del capital, sobre todo cuando se trata de deuda comercial (prefinanciación de exportaciones o financiación de importaciones).

Veamos, entonces, alguna información adicional sobre la composición de esa deuda, quiénes son sus deudores y, también, qué particularidad tienen sus acreedores. Es un tema, convengamos, que pese al volumen que representa dentro de la economía argentina (es el doble de la deuda con el FMI, aunque sin sus condicionalidades de política, está claro), pocas veces se menciona en los discursos públicos ni tampoco en el de los analistas privados.

La comercial, por el ascensor
En su evolución reciente, se destaca por encima de cualquier otra consideración el notable crecimiento de la deuda comercial, en términos absolutos y más en relación a la deuda financiera externa privada. Dependiendo del ciclo del intercambio internacional, la deuda privada comercial osciló entre los 34.700 y los 38.500 millones de dólares entre el 31.12.2017 y el 31.12.2021, pero después de esta última fecha sobrevino la escalada.

Ya al cierre del primer trimestre trepó a casi 40 mil millones, tres meses después (al 30 de junio) a 44.500 millones y al cierre del tercer trimestre (último informe del BCRA), a 52.266 millones de dólares. Es decir que, en nueve meses la deuda comercial privada creció más de 15.800 millones de dólares, un 43,5 por ciento.

Dicho de otro modo: en nueve meses los sectores exportadores e importadores aumentaron su deuda en dólares por el equivalente al superavit comercial del mejor año de la historia del comercio extrerior argentino (2019: 15.990 millones de dólares).

Mientras tanto, en el mismo período, la deuda externa financiera se mantuvo estable entre 39.000 y 41.000 millones. En conclusión, al 30 de septiembre de 2022, la deuda externa privada, de casi 91.300 millones, estaba compuesta por 39.100 millones de deuda financiera y 52.200 millones de deuda comercial.

Atendidos por sus propios dueños
Un dato que no puede dejar de llamar la atención es con quién se endeudan exportadores e importadores. Y la respuesta es que, de esos 52.266 millones de deuda comercial, nada menos que 28.839 millones, el 55 por ciento, es deuda con empresas vinculadas del exterior. Es decir, del mismo grupo económico. Es decir, tomando el grupo como una unidad global, autopréstamos.

Entre los 52.266 millones de deuda comercial al 30 de septiembre, agrupados por sector se destacan la «deuda por importaciones de bienes», 31.115 millones; por exportaciones de bienes, 10.647 millones, y por importaciones de servicios, 9768 millones. Pero vamos a la deuda por exportaciones de bienes que ofrece la información más llamativa.

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