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ECONOMÍA

El sendero por el que apuesta Economía: detalles de una estrategia cuyo foco central es bajar la inflación

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En medio de un frente con varios temas pendientes, el ministro de Economía Sergio Masa pretende bajar los precios con una receta puntual. Los racionales detrás de la mejora del 4×4 y del objetivo de un número que “empiece con tres en abril. La palabra resuena casi como un mantra en el quinto piso del Palacio de Hacienda, donde tiene su despacho el ministro de Economía, Sergio Massa. Es el concepto que guía buena parte una esta gestión de apenas cinco meses, pero repleta de desafíos. La inflación y el dólar son urgencias centrales. También, claro, el resto de las metas acordadas con el FMI, la deuda en pesos (con algunas opciones en análisis, como detalló en exclusiva Infobae el viernes) y problemas estructurales acuciantes, con la pobreza a la cabeza. Todo en un año electoral que ya muestra tensiones políticas importantes y con rumores de que el propio ministro podría ser candidato, aunque él lo desmiente enfáticamente y se enoja si alguien de su equipo menciona la idea, aunque sea elípticamente. “Como ministro de Economía asumí una responsabilidad que tiene que ver con la vida de todos los argentinos. Voten o no voten al gobierno, les simpatice más o menos lo que yo haga. Esa responsabilidad me corre, obligatoriamente, de la cotidianeidad política”, le dijo el ministro.

Ese camino fijado es por el momento el mapa con el que Massa afrontará los próximos meses. Se trata de una estrategia integral que tiene a los precios como uno de sus ejes fundamentales. Massa sabe que gran parte de su éxito y las derivas que puede tener eso en su futuro cercano –y no tanto– tienen que ver con la inflación.

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ECONOMÍA

Mega acuerdo de precios en año electoral

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Economía prolonga Precios Justos hasta el 30 de junio y se amplián la cantidad de sectores que no podrán aumentar más de 3,2 por ciento: ingresan textiles, calzados, insumos alimenticios, de la construcción y se negocia con frutas y verduras.

El ministro de Economía, Sergio Massa, no quiere sobresaltos inflacionarios en año electoral para lo cual el viernes anunciará, junto al secretario de Comercio, Matías Tombolini, un mega acuerdo de precios con diferentes sectores económicos. Constará de una renovación del Plan Precios Justos hasta el 30 de junio, pero con un plus relevante. Tal como adelantó Página I12 en su edición del domingo, habrá un sendero de aumentos máximos permitidos de 3,2 por ciento para todo lo que esté afuera de la canasta de 2000 alimentos y bebidas congelados, con la novedad de que a esta pauta se le sumarán otros rubros de la economía que hasta ahora no estaban alcanzados.

Según supo este diario, ingresan insumos alimenticios, de la construcción, calzados, textiles, problablemente electro y se negocia con un sector muy complejo como el de frutas y verduras.

El objetivo del ministro es alinear expectativas de inflación para que el IPC general del INDEC, que en julio de 2022 corría al 7,4 por ciento, empiece a hacerlo a un ritmo de 4 por ciento o menos, sobre todo en productos de la canasta básica, que son los que más pegan en los bolsillos de los sectores bajos y trabajadores que no tienen acceso a las paritarias.

Fuentes oficiales confirmaron a este diario que la canasta de 2000 productos a precio fijo seguirá, con variaciones mínimas de entrada y salida de algunos productos, pero la cantidad se mantendrá. De todos modos, más allá de los mitos de la efectividad o fetiche de los congelamientos de precios, para Massa y Tombolini lo más relevante no es que el precio quede fijo, sino que el sendero de acuerdo general del resto de los bienes se mantenga a la baja con una ganancia razonable para las empresas.

Todos alineados
En este escenario, se evalúa desde el Gobierno a una serie de sectores que podrían ser pasibles de estar en esta pauta de aumentos: la referencia es para bienes de electrónica, insumos para la construcción, insumos alimenticios, calzado, textiles y frutas y verduras. Sobre este punto, este diario detalló el domingo que la idea de Tombolini es alcanzar un acuerdo con el Mercado Central y otros puntos de venta, sobre todo porque los precios del rubro y de carnes impactaron muy fuerte en el IPC de enero, con subas muy por encima de los alimentos de góndola.

Ahí el Gobierno tiene un problema serio porque el sector trabaja casi todo en la informalidad, los puntos de venta mayoristas están muy dispersos y lejos de los centros de consumo y nunca se ha logrado un sistema de distribución que pudiese llevar -en volúmen y penetración- los precios muy baratos del Mercado Central a los barrios.

De todos modos, hay otro de los rubros que se suman que es muy relevante para la fortaleza y cumplimiento de la pauta de aumentos. La inclusión de los insumos para la producción de alimentos a la pauta de suba máxima del 3,2 por ciento es la zanahoria para que la industria que produce alimentos le firme a Massa la extensión de los acuerdos hasta las elecciones PASO. Es que hasta ahora, había muchas grandes firmas nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal) que se quejaban en la ventanilla del Gobierno de que los insumos le aumentaban al 20 mientras Comercio les autorizaba a ellos aumentos del 4 por ciento.

De esta manera, con este alineamiento al 3,2 también de los fabricantes de insumos, debiera ordenarse el escenario. Vale decir que los productores de insumos (cartón, vidrio y tetrabrick) son solo tres empresas en todo el país, lo que complica aún más la perspectiva de negociar con fuerza. En este contexto, naturalmente, como el 3,2 es un aumento máximo promedio, habrá productos que tendrán algunas subas variables. Un ejemplo, los aceites, que como tienen fideicomiso les autorizaron un 3,1 por ciento de suba.

Por último, respecto a la canasta de 2000 congelados, en el Gobierno reforzarán controles en locales de cercanía y supermercados chinos, dado que la diferencia en cumplimiento y precios es hasta 50 por ciento mayor por fuera de los grandes hipermercados. De todos modos, como aclaran en Hacienda, el corazón del ordenamiento inflacionario, además de la estabilización macroeconómica, sigue siendo el establecimiento de un sendero de precios estable y a la baja, que les sirva a todos los sectores.

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ECONOMÍA

Recortes hasta en el Plan Procrear

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La Oficina de Presupuesto del Congreso señala que hubo recortes en gastos de capital en todas las áreas para cumplir con el FMI

Las menores transferencias de capital a fondos fiduciarios, empresas públicas y provincias derivaron en una caída de la inversión ejecutada por el Estado del 38,3 por ciento en términos reales durante 2022, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Al analizar el sobrecumplimiento de la meta fiscal de 2022 la OPC había advertido que los gastos de capital fueron determinantes para explicar la retracción del gasto real de la administración pública nacional en 7,4 por ciento en el año (y 19,5 por ciento en el último semestre).

La Inversión Pública ejecutada por la administración nacional (APN) durante 2022 ascendió a 1.178.200 millones de pesos (1,178 billones), distribuídos en gastos de transferencia de capital por 790.657 millones e inversión real directa (lo que habitualmente se conoce como obra pública) por 387.542 millones. Los gastos en transporte, vivienda y urbanismo y agua potable se llevan el grueso de los fondos, y son ejecutados básicamente por el ministerio de Obras Públicas, de Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Social y Hábitat, ahora a cargo de Victoria Tolosa Paz (Juan Zabaleta fue el ministro hasta octubre pasado).

Las transferencias de capital tienen por objetivo financiar proyectos y adquirir equipos para instituciones de la APN y en 2022 retrocedieron principalmente por los menores giros a fondos fiduciarios, que cayeron 55,8 por ciento en términos reales, impulsados mayormente por el recorte en el programa Procrear. En suma, se invirtieron 254.372 millones de pesos vía fondos fiduciarios. En segundo lugar, las transferencias destinadas a empresas públicas disminuyeron 49,6 por ciento y alcanzaron 227.862 millones de pesos. El ajuste se dio principalmente en AySA.

En tanto que las transferencias efectuadas a provincias y municipios cayeron 33,4 por ciento real y totalizaron 246.512 millones de pesos. Los giros a Buenos Aires mermaron 43,2 por ciento y explicaron el grueso de la tendencia, pero también acusaron fuertes reducciones las provincias de Chubut, Córdoba y Salta.
En fondos fiduciarios el Procrear vio recortado el gasto en 244.918 millones de pesos, y el total de los fiduciarios (que incluyen obras hídricas y de vivienda social) en 321.248 millones. Entre las empresas públicas, el presupuesto de AySA cayó en 118.032 millones de pesos, el de Enarsa 55.000 millones e infraestructura en trenes argentinos 14.000 millones, entre los más importantes.

El recorte de los giros a la provincia de Buenos Aires fue por 50.000 millones y la suma para todas las provincias y municipios cayó en 123.590 millones.

La inversión real directa retrocedió 9,9 por ciento en términos reales durante 2022. Se vio afectado su principal concepto que son los proyectos para construcción y mantenimiento de autopistas, autovías y rutas: lo que habitualmente se conoce como obra pública. Se realizaron 710 obras con estos destinos durante el ejercicio pasado.
En suma, en 2022 la inversión pública representó el 1,4 por ciento del PBI. Un ratio inferior al 2,4 por ciento de 2021, año en el que las transferencias a fondos fiduciarios y a empresas públicas realizadas durante el último bimestre registraron un máximo para el período. Aún así, la inversión pública se mantuvo en niveles superiores al trienio 2018-2020 que rondaba en 1,2 por ciento, con un mínimo en el último año debido al Covid-19, destaca la OPC.

Por último, el ratio de ejecución del gasto en inversión fue del 86,7 por ciento el año pasado. El grueso del financiamiento de este tipo de gasto proviene de fuentes internas y el 15 por ciento de fondos externos como los préstamos del BID, el BIRF y la CAF.

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ECONOMÍA

La sombra de la deuda externa privada

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Siendo el tema del dólar uno de los más preocupantes en el contexto de las perspectivas económicas de este año 2023, no puede dejar de llamar la atención la información que surge del Informe sobre Deuda Externa Privada que acaba de dar a conocer el Banco Central esta semana. El primer dato relevante es que el total de la deuda del sector privado con el exterior alcanzó, al 30 de septiembre de 2022 (el dato más reciente hasta ahora informado), un monto récord de 91.364 millones de dólares, unos 7000 millones más que al cierre del trimestre anterior (84.237 millones al 30 de junio), y casi 15 mil millones más en relación al último día del año anterior (76.770 millones al 31.12.2021).

La acumulación de deuda privada comercial y financiera con el exterior es un problema a corto plazo, ya que el mismo informe del Banco Central señala que, sólo por vencimientos de capital, los compromisos a menos de un año (entre los exigibles y los otorgados sin fecha de vencimiento) ascienden a 49.808 milones de dólares de deuda comercial y 17.183 millones de deuda financiera. Es decir, un total de 66.991 millones, que seguramente se refinanciarán con nueva deuda en su mayor parte, pero que no dejarán de provocar una sangría permanente de divisas en materia de pago de intereses vencidos y parte del capital, sobre todo cuando se trata de deuda comercial (prefinanciación de exportaciones o financiación de importaciones).

Veamos, entonces, alguna información adicional sobre la composición de esa deuda, quiénes son sus deudores y, también, qué particularidad tienen sus acreedores. Es un tema, convengamos, que pese al volumen que representa dentro de la economía argentina (es el doble de la deuda con el FMI, aunque sin sus condicionalidades de política, está claro), pocas veces se menciona en los discursos públicos ni tampoco en el de los analistas privados.

La comercial, por el ascensor
En su evolución reciente, se destaca por encima de cualquier otra consideración el notable crecimiento de la deuda comercial, en términos absolutos y más en relación a la deuda financiera externa privada. Dependiendo del ciclo del intercambio internacional, la deuda privada comercial osciló entre los 34.700 y los 38.500 millones de dólares entre el 31.12.2017 y el 31.12.2021, pero después de esta última fecha sobrevino la escalada.

Ya al cierre del primer trimestre trepó a casi 40 mil millones, tres meses después (al 30 de junio) a 44.500 millones y al cierre del tercer trimestre (último informe del BCRA), a 52.266 millones de dólares. Es decir que, en nueve meses la deuda comercial privada creció más de 15.800 millones de dólares, un 43,5 por ciento.

Dicho de otro modo: en nueve meses los sectores exportadores e importadores aumentaron su deuda en dólares por el equivalente al superavit comercial del mejor año de la historia del comercio extrerior argentino (2019: 15.990 millones de dólares).

Mientras tanto, en el mismo período, la deuda externa financiera se mantuvo estable entre 39.000 y 41.000 millones. En conclusión, al 30 de septiembre de 2022, la deuda externa privada, de casi 91.300 millones, estaba compuesta por 39.100 millones de deuda financiera y 52.200 millones de deuda comercial.

Atendidos por sus propios dueños
Un dato que no puede dejar de llamar la atención es con quién se endeudan exportadores e importadores. Y la respuesta es que, de esos 52.266 millones de deuda comercial, nada menos que 28.839 millones, el 55 por ciento, es deuda con empresas vinculadas del exterior. Es decir, del mismo grupo económico. Es decir, tomando el grupo como una unidad global, autopréstamos.

Entre los 52.266 millones de deuda comercial al 30 de septiembre, agrupados por sector se destacan la «deuda por importaciones de bienes», 31.115 millones; por exportaciones de bienes, 10.647 millones, y por importaciones de servicios, 9768 millones. Pero vamos a la deuda por exportaciones de bienes que ofrece la información más llamativa.

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