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ECONOMÍA

En La Rioja, el litio ya es un recurso natural estratégico

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La aprobación de la norma generó rechazos de asociaciones empresarias, alerta de otras provincias mineras y reavivó un debate pendiente en torno a la gestión de este recurso estratégico para el desarrollo económico de la Argentina.

En gran parte del mundo minero, el término recurso estratégico pareciera haberse convertido en una mala palabra. La última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados riojana en diciembre del año pasado declaró al litio y sus derivados como recursos naturales estratégicos. La ley habilita, entre otros puntos, a suspender los permisos exploratorios y concesiones ya otorgadas. A pesar de que La Rioja no se encuentra entre las principales provincias con desarrollo de este mineral, la aprobación de la norma generó rechazos de asociaciones empresarias, alerta de otras provincias mineras y, sobre todo, reavivó un debate pendiente en torno a la gestión de este recurso estratégico para el desarrollo económico de la Argentina.

Son apenas siete artículos los que componen la ley que fue impulsada por el poder ejecutivo provincial al mando de Ricardo Quintela, pero con el significante suficiente para repensar en cómo se va a administrar un recurso que generó 700 millones de dólares de exportaciones durante 2022 y prevé inversiones por 5.000 millones de dólares en los próximos años.

La Ley provincial 10.608 declara al litio como recurso natural estratégico «por sus contribuciones a la transición energética y aportes al desarrollo socioeconómico de la provincia» y proclama de interés público provincial el estudio, la exploración, explotación e industrialización del litio y sus derivados.

Los artículos tres y cuatro fueron los que hicieron tronar a las entidades empresarias. El tercero suspende por 120 días los permisos de cateo, prospección, exploración y concesiones mineras relacionadas al litio en toda la provincia, y le da al poder ejecutivo la potestad de prorrogar ese mismo plazo por única vez. El cuarto establece que, en los territorios que el ejecutivo determine como zonas de interés, «quedarán caducos los permisos que se hubiesen otorgado por la autoridad minera», y las mismas deberán realizarse con participación de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), una empresa pública estatal de La Rioja para el desarrollo de la actividad minera y energía en la provincia.
Reacciones
Anticipándose al próximo paso que debe dar la ley para comenzar a regir, su promulgación a través de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia, las cámaras empresarias de distintos sectores se manifestaron públicamente en contra. Primero fue la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), luego la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y finalmente la Unión Industrial Argentina (UIA).
En los tres casos, el discurso gira en torno a los artículos tercero y cuarto, con argumentos que apelan a un vocabulario conocido frente a otras medidas de gobierno: inseguridad jurídica, pérdida de confianza, reglas de juego, daño al futuro del país, afectación de la estabilidad jurídica. La UIA fue directa en el mensaje a Quintela: «Resulta indispensable dejar sin efecto esta medida aún no promulgada y que se encuentra -a tal efecto- a consideración del gobernador de la provincia de La Rioja, dado que la misma atenta contra el desafío que el país tiene en materia de desarrollo».

Las asociaciones empresarias no son las únicas que dudan con el avance de esta ley. En diálogo con PáginaI12 Gonzalo Castañeda, director del Instituto de Derecho Minero de Salta, complementa desde el punto de vista jurídico: «En la etapa de suspensión y caducidad de derechos mineros van a tener múltiples planteos de inconstitucionalidad. Esto incluso podría demorar el avance de la empresa estatal sobre dichas zonas».
Victor Delbuono, investigador de Fundar y ex director de Economía Minera en la Secretaría de Minería Nacional, abre otro interrogante desde el punto de vista del desarrollo económico: «Cabe preguntarse en qué medida ello contribuirá al desarrollo provincial ya que poner en marcha proyectos de litio requiere de importantes niveles de inversión y es un interrogante si la empresa provincial EMSE cuenta hoy con los recursos financieros y técnicos necesarios, o si podría haber alcanzado acuerdos con los actuales concesionarios de las propiedades. Estas preguntas pueden enriquecer el debate legislativo escuchando también la experiencia de provincias vecinas donde la actividad ya tiene un importante grado de desarrollo como Jujuy, Salta y Catamarca», asegura en diálogo con este diario.

El verdadero debate
Ante las consultas de PáginaI12, los despachos oficiales son prudentes en las respuestas. Desde la Secretaría de Minería aseguran que las provincias, «tal como indica la Constitución, poseen la potestad sobre sus recursos, es decir, que pueden decidir la forma que quieren desarrollar la actividad con total libertad. Desde Nación vamos apoyar y acompañar para que la actividad progrese en todas las provincias». Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, complementa este mensaje: «La Constitución nacional, a partir de la reforma de 1994, es muy precisa respecto a la propiedad de los recursos naturales por parte de las provincias. Por lo tanto, La Rioja está haciendo uso de esa atribución».
Es que más allá de las reacciones por esta ley específica, la controversia se remonta a la Constitución de 1994 que ratificó el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales. De esta manera Argentina cuenta con un régimen federal de regulación y promoción de la actividad minera a través del cual las provincias tienen el dominio de los recursos mineros y la competencia para adjudicar concesiones para explorar y explotarlos, mientras que la Nación recibe la mayor parte de los recursos tributarios vinculados a la actividad y los instrumentos de política productiva y de ciencia y tecnología.

Con el Estado Nacional imposibilitado de interferir en este esquema, las tres provincias que cuentan con la actividad más desarrollada, es decir Salta, Jujuy y Catamarca, crearon la Región Minera del Litio a través de un Tratado Interprovincial, para desarrollar conjuntamente los aspectos económico y social derivados de la investigación, extracción, producción, industrialización y comercialización del recurso y sus productos y derivados. El objetivo es que las tres provincias brinden las mismas oportunidades para los que quieran invertir, «con reglas claras, seguridad jurídica y previsibilidad», aclaró en su momento el gobernador de Salta Gustavo Sáenz.
Es por este motivo que el avance de La Rioja genera resquemores también en estas provincias: «El sector minero es muy sensible, y el miedo que estás medidas se repliquen o reproduzcan en otras provincias está latente», concluye Castañeda.

El tratado aún no tomó forma. Actualmente Jujuy y Catamarca son las únicas dos provincias donde hay proyectos en fase de producción comercial, y cuentan con regímenes distintos. Jujuy declaró al litio como recurso estratégico y participa con la empresa estatal provincial Jemse en las sociedades de los proyectos, con sus correspondientes utilidades.

Catamarca, en cambio, no participa societariamente en ningún proyecto de litio. En esta provincia opera comercialmente el Proyecto Fénix, que está en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca) y pertenece a la compañía Livent Corporation, subsidiaria del grupo estadounidense FMC. Salta aún no tiene un esquema porque todavía no tiene ningún proyecto en producción, pero adhirió al Tratado para fijar un criterio similar en los tres distritos.

 

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ECONOMÍA

Las cartas de las empresas que aumentan precios

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Unilever, Colgate y Coca Cola resignan subas sobre la inflación y adhieren al 3,2 por ciento que pidió Massa para Precios Justos. La «apretada» por los dólares.

Si la aceptación de las remarcaciones excesivas y la corrección de las mismas es efectiva se verá y dependerá del poder de control del Gobierno, pero por primera vez en mucho tiempo las grandes empresas del consumo masivo decidieron alinearse con la pauta oficial de aumentos que impuso el ministro de Economía, Sergio Massa. Página I12 accedió al contenido de cartas que empresas de la talla de Unilever, Coca Cola, Proceter and Gamble, Colgate, Johnson y Mastellone enviaron a comercios grandes y pequeños en las cuales piden «desestimar las listas anteriores» que «son erróneas» y aclaran que «la lista vigente a partir del 1 de febrero tendrá un aumento de 3,2 por ciento aprobado por la Secretaría» de Comercio. El factor central fue una presión fuerte del gobierno sobre los dólares para importar: «o bajan los precios o no hay divisas», les espetaron.

Incluso algunas, que habían pasado listas con aumentos de iguales productos con variaciones mínimas con aumentos de hasta el 50 por ciento, los volvieron a atrás. Uno de los casos, los detergentes de Procter and Gamble, que a fines del 2022 les habían variado características mínimas del packaging para aumentarlos hasta un 50 por ciento. Allí el Gobierno vio una maniobra y obligó a retrotraer el precio.

Estas cartas que da a conocer este diario contienen información y diferentes análisis. El primero es que, tal como planteó la Secretaría de Comercio en las reuniones con 13 grandes firmas del consumo, se adelantó al 1 de febrero la segunda etapa de Precios Justos (vencía el 28 de febrero), y durará hasta junio, previo a las PASO. Y que además se bajó del 4 por ciento al 3,2 por ciento la pauta de incremento para todos aquellos productos que no están dentro de la canasta de 2000 congelados de Precios Justos. Este punto es importante porque las empresas están aceptando bajar un punto porcentual de aumento un mes antes de terminar la primera etapa de Justos, cuando podrían, si quisieran, seguir aumentando el 4 por ciento que era lo acordado hasta el 28 del mes.

Según fuentes del propio mercado, fue el ministerio de Economía el que presionó sobre las empresas para que aumenten los pautado como un ultimátum para recibir los dólares para las importaciones, tal el acuerdo que se rubricó con las firmas. Para el Gobierno, más allá del IPC general del INDEC, es prioridad que los precios de los alimentos y canasta básica se encolumnen con subas de al menos la mitad que hace unos meses.

Por ejemplo, esas mismas empresas que hoy aceptan aumentar un 3,2 por ciento, en junio, julio, agosto y septiembre venían remarcando los precios entre 8 y 20 por ciento. Con Massa en la mesa de negociaciones, aún en un tema muy micro pero relevante, se revirtió un proceso de aumentos muy por encima de una inflación que ya era alta cuando Martín Guzmán era ministro de Economía. Lo llamativo de estas comunicaciones formales, también, es la velocidad del anuncio y que está vez se hizo formal. Hace sólo unas semanas que el secretario de Comercio, Matías Tombolini, se viene reuniendo con 13 empresas del consumo masivo para bajarles las nuevas indicaciones de subas no mayores al 3,2 por ciento.

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ECONOMÍA

La teoría de Massa se pone a prueba en enero

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En el Gobierno ven estable o desacelerando el rubro canasta básica y mayor presión de regulados y Hoteles y Turismo. Qué pronostican las consultoras privadas.

El ministro de Economía, Sergio Massa, se juega en enero un partido clave para ver si es más o menos posible cumplir con su promesa: que la inflación de abril empiece con un tres. En ese camino, el primer mes del año es un escalón clave. Es que si bien es cierto que es tramposo el pronóstico de un tres adelante (un 3,9, por caso, sería casi un 4), si en enero el IPC del INDEC se despega mucho del 5,1 de inflación de diciembre, la meta se pone más dura.

Según confiaron a Página I12 fuentes oficiales, el diagnóstico cuando el período casi está cerrado es que el IPC rondará los 5 puntos, con una mayor estabildad o desaceleración en canasta básica y un empuje mayor de rubros: los precios regulados y los sectores relacionados con la temporada de verano. En Economía observan que Hotelería y Turismo tirarán para arriba, al igual que algunas frutas y verduras.

Mientras que los precios de alimentos y bebidas en supermercados se mantendrían estables o desacelerando en relación al 4,7 por ciento de diciembre, que ya estaba por debajo de la media inflacionaria de ese mes. Este diario dialogó con empresarios del supermercadismo que relataron que no han visto impacto de la suba del dólar blue en los precios, y a la vez perciben un respeto a la pauta de aumentos autorizados por Massa para los productos que están fuera de Precios Justos.

De hecho, ya hay al menos dos empresas grandes y multinacionales de bebidas que enviaron listas con aumentos de precios de 3,2 por ciento, la nueva pauta que les marcó el secretario de Comercio, Matías Tombolini, luego del 4 por ciento autorizado en la última parte del 2022. Con esa modalidad, Massa busca bajar la velocidad a la que corra la inflación de alimentos, pasando del 7 en julio del 22 a menos de un 4 en la primera parte de este año. Por primera vez en mucho tiempo, en estos meses se verá una menor suba de alimentos básicos que de otros rubros.

Los regulados, un enemigo interno
Como el IPC es un promedio de rubros, aún con menos peso de alimentos, la inflación podría dar por encima de los 5 puntos por empuje de los precios regulados. La referencia es para el aumento de conbustibles, boletos de trenes y colectivos, tarifas y medicina prepaga.

En el caso de las naftas, el escenario está más ordenado porque si bien se autorizaron subas, también fueron con la pauta del 4 por ciento, para alinear expectativas. En el caso de la medicina prepaga, en enero operará la segunda parte del aumento de 13,8 por ciento, que será en este caso de 6,9 por ciento, varios puntos por encima de la inflación general.

Lo mismo ocurre con las subas promedio de 30 por ciento en los boletos de trenes y colectivos. Lo particular de estos rubros es que son todos aumentos que dependieron directamente de la voluntad política del Gobierno para ser convalidados. Es decir, en un escenario de altísima inflación, el Estado decidió aún así correr el riesgo de demorar la desinflación para priorizar la actualización de tarifas, en línea con lo pedido en el acuerdo con el Fondo Monetario (FMI).

Qué ven las consultoras
En las últimas horas, el Centro de Investigación y Finanzas de la Universidad Di Tella estimó una inflación de 70 por ciento para el año, con enero un poco por encima del IPC de diciembre. Si bien la estimación supera en 10 puntos la previsión oficial, incluye una consideración de los precios del año a la baja.

A diferencia de otros meses, las consultoras privadas muestran cierta dispersión en el pronóstico de inflación de enero. Algunos casos, Libertad y Progreso, una consultora más ligada al liberalismo, informe un IPC de 6,3 por ciento. Mientras que Eco Go, la consultora de Marina Dal Poggeto pronosticó un 5,4 por ciento.

Desde Analytica, la consultora de Ricardo Delgado, hablan de un 5,8 por ciento de inflación, mientras que el REM del Banco Central, que mide un promedio de IPC de consultoras de la City, espera una inflación de 5,6 por ciento, versus el 5,5 por ciento que había esgrimido para diciembre del 2022.

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ECONOMÍA

Dólar, reservas, exportaciones energéticas y deuda

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El ministro de Economía afirmó al diario británico de finanzas que el objetivo de la política económica es que que las tasas de interés, la velocidad de devaluación y la inflación vayan de la mano de manera ordenada.

El dólar blue se negoció este martes con un aumento de 5 pesos, en 381 pesos por unidad. El dólar contado con liquidación, en contraste, registró una disminución de 0,9 por ciento, a 360,03 pesos. El Banco Central cortó su racha de ventas y consiguió comprar 2 millones de dólares en el mercado de cambios. En la jornada previa había vendido 56 millones.

Entre las novedades del mercado se destacó una entrevista del ministro de Economía, Sergio Massa, al Financial Times. El funcionario aseguró que “las exportaciones de gas, litio y otros minerales ofrecen a Argentina una oportunidad de crecimiento fenomenal y aumentarán enormemente la capacidad del país para pagarle a sus acreedores a partir de 2025”.

El titular de Hacienda indicó que “la balanza comercial de energía de Argentina pasaría de un déficit de más de 5000 millones de dólares el año pasado a un superávit de unos 12.000 millones de dólares en 2025. Esto le dará a Argentina una capacidad muy sólida para pagar la deuda en 2025, 2026 y 2027”.

En cuanto al tema fiscal, el funcionario precisó que “el objetivo tiene que ser que las tasas de interés, la velocidad de devaluación y la inflación vayan de la mano de manera ordenada, porque eso nos va a permitir tener disciplina fiscal con crecimiento económico, con creación de empleo, con recuperación del consumo y una recuperación de los ingresos”.

Sobre la oportunidades que brinda la explotación de combustible no convencional, Massa señaló que “después de años de demoras, la inversión finalmente se estaba activando en el depósito patagónico de Vaca Muerta, la segunda formación de gas de esquisto más grande del mundo. Esto abre el camino para que Argentina sea autosuficiente en gas y comience a exportar.”

En cuanto a la deuda en pesos y la inflación, el funcionario se mostró optimista sobre los riesgos y dijo que el Gobierno refinanció una cuantiosa deuda interna a medida que fue venciendo. En relación con el régimen de exteriorización de activos, mientras tanto, mencionó que “si los argentinos ven que somos ordenados en materia fiscal, volverán a creer en su moneda. Si creen en su moneda, dejarán de tener sus activos en el exterior».

Volviendo a las variables de la jornada financiera, se destacó que el riesgo país cerró con una merma de 1 por ciento, en 1825 puntos. Además, los bonos soberanos en moneda extranjera anotaron subas de hasta casi 1 por ciento. Por el lado de las acciones, el índice Merval cayó 0,4 por ciento.

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