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POLÍTICA

Juicio político a la Corte: Las críticas del FdT a la defensa corporativa y la estrategia parlamentaria

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Para los legisladores del oficialismo, la decisión de Juntos por el Cambio de proteger a las jueces de la Corte Suprema deja expuesta la confluencia de intereses. Pero también admitieron que la presencia opositora en la Comisión de Juicio Político podría brindarle mayor «legitimidad» al debate. Cómo sigue el proceso.

Juntos por el Cambio definió su estrategia frente al pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema y el Frente de Todos reaccionó con una mezcla de optimismo y resignación. La decisión de la coalición opositora de esperar a que el oficialismo consiga el quórum y, una vez que lo consiga, hacer valer su número para intentar bloquear cualquier avance en el debate, no sorprendió en el bloque oficialista: «Una mano lava a la otra», ironizó un legislador del FdT. Pero muchos sí admitieron que la presencia opositora en la comisión podría brindarle mayor «legitimidad» al proceso.

La mesa nacional de JxC definió finalmente su hoja de ruta de cara al proceso de destitución de los cuatro jueces de la Corte Suprema que impulsan Alberto Fernández y 11 gobernadores: valerse – una vez más – del quórum como herramienta para intentar bloquear el debate parlamentario y, en el caso de que el oficialismo alcance el número por su cuenta, participar intentando bloquearlo desde adentro. En la práctica, esta decisión tiene dos consecuencias. La primera es que la principal coalición opositora formará parte de la discusión legislativa, ya que el FdT cuenta con 16 de los 31 integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (es decir, que cuenta con una cómoda mayoría para dar comienzo al debate por su cuenta). La segunda, en cambio, es que el Congreso podría volver a entrar en una situación de parálisis durante todo 2023 (o, al menos, durante las sesiones extraordinarias). Esto se debe a que la mesa nacional de JxC definió también que, mientras durase el proceso de juicio político a los jueces supremos, el interbloque no participará de ninguna sesión ni acompañará ningún proyecto impulsado del oficialismo.

«De ninguna manera vamos a dejar vacío el Parlamento. Seguiremos cumpliendo con el rol que nos asignó la sociedad», sostuvieron las autoridades de JxC en un comunicado luego de la reunión virtual. Con esta frase, la oposición buscó terminar de unificar una estrategia común frente a los reparos que sostenían algunos dirigentes de Evolución y la Coalición Cívica que, en un principio, habían propuesto vaciar la comisión para no avalar políticamente el tratamiento del juicio político (argumento que, curiosamente, fue utilizado por el oficialismo para celebrar la participación de JxC en el debate). Finalmente, sin embargo, terminó predominando la postura del PRO y la UCR de salir a «confrontar» al oficialismo, de endurecer la postura y «dar la pelea» en la arena de la comisión. La idea es competir por la exposición pública del debate en comisión y no regalarle la cancha al oficialismo. «Va a ser todo un circo», se sinceró un dirigente del radicalismo.

Una vez que comience el debate legislativo, el primer objetivo de JxC será plantear la «inadmisibilidad del proceso», así como frenar el alcance de las iniciativas del oficialismo para citar a los jueces. Este abroquelamiento en defensa de la Corte no llamó la atención en el FdT, que no tardó en asociarlo con una «retribución de favores». «Para ellos esta Corte es un traje a medida, y en parte es cierto. Pero su actitud no hace otra cosa que poner sobre el tapete una defensa de intereses corporativos que han convertido a la oposición, a las corporaciones mediáticas y económicas y a la propia Corte en una especie de triángulo promiscuo donde, en realidad, lo que se defiende son los privilegios de los sectores poderosos», cuestionó en diálogo con Página/12 el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky.

«Es una postura absolutamente coherente para con sus socios institucionales. JxC debe estar retribuyendo favores a los cortesanos: brindan ‘cobertura política’ en pago a la ‘cobertura judicial’ que les permite que la Ciudad de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta tengan más recursos para la campaña presidencial. O que integrantes parlamentarios de JxC ocupen asientos en el Consejo de la Magistratura, sin ser electos por el Congreso, o mantener en prisión a líderes populares como Milagro Sala», agregó Juan Manuel Pedrini, diputado chaqueño que integra la Comisión de Juicio Político y que responde a Jorge Capitanich -uno de los gobernadores que impulsan con mayor intensidad el juicio político-.

Más allá de las críticas a la defensa corporativa de JxC, el bloque oficialista celebró como una victoria que el interbloque opositor fuera a participar del debate en comisión. «Es importante que la oposición participe teniendo en cuenta la gravedad institucional de lo ocurrido», destacó a este diario la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard. En una misma línea, Yasky -que también integra la comisión- destacó que la presencia de JxC le daba mayor «legitimidad» al debate: «Legalidad ya tiene, pero le da más legitimidad. Va a ser muy didáctica la participación de la oposición porque van a quedar al descubierto, se van a pintar de cuerpo entero ante la opinión pública y eso me parece muy positivo», destacó el dirigente sindical.

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Quién es Jorge Rachid, el flamante director de un importante área del IOMA

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Jorge Rachid, quien fue designado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof como flamante director  del Instituto Superior de Educación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), es médico cirujano especialista en sanitarismo, docente en la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ), presidente de IIDEART (Instituto Artiguista), miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego y cofundador -junto al historiador Hugo Chumbita, Graciela Dragosky Víctor Giusto- de la Cátedra Libre de la UBA en Filosofía del Arte, Historia y Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras.

También es autor de los libros «El peronismo pendiente» (Corregidor, 2004); «El genocidio social neoliberal» (Corregidor, 2006); «La Revolución Nacional, una revolución inconclusa» (Fabro, 2013); «Accidentes y enfermedades profesionales» (Editorial Juris, 2012); «La otra historia II», compilado por Pacho O’Donnell (Editorial Ariel, 2014); «Malvinización y desmemorización», compilado por Fernando Del Corro (Fabro, 2013), y «Pensamiento nacional»

El designado director del Instituto Superior de Educación del IOMA integra también la comisión de Salud del Instituto Patria y el Movimiento Primero La Patria.

Rachid es además médico de la dirigente social jujeña Milagro Sala y a principios de año advirtió que la fundadora de la Organización Barrial Túpac Amaru detenida con prisión domiciliaria fuera trasladada con urgencia a un centro de salud de alta complejidad por una «trombosis venosa» en una de sus piernas

El hijo menor de la dirigente de la Túpac, Sergio Chorolque Sala, murió a los 37 años el lunes pasado por una «muerte súbita de origen cardíaco» y sus restos fueron velados en la casa familiar del barrio de Cuyaya, en San Salvador de Jujuy, donde su madre la cumple prisión domiciliaria.

En febrero de 2022, Rachid participó de la protesta en Lago Escondido, en Río Negro, contra el magnate inglés Joe Lewis.

«Fue una marcha en defensa soberanía nacional», dijo al respecto y tras permanecer varios días retenido en el lugar «por unas 40 personas encapuchadas».  «Nos pincharon un bote y empezó un proceso de discusiones», dijo respecto de los hechos. Días después, tras sufrir una descompensación, fue rescatado de la zona en un helicóptero fletado por el Grupo Abogados Solidarios, lo que consideró una evacuación por «razones humanitarias».

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Juicio político a la Corte: catorce pedidos de destitución y muchos puntos de contacto

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Entre la mayoría de las presentaciones hay varios hilos conductores, además de la acusación general por «mal desempeño». El fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura está presente en al menos tres denuncias. Por el «2×1» a los genocidas hay pedidos de destitución contra Rosenkrantz y Rosatti.

Los pedidos de destitución contra los jueces de la Corte Suprema son 14 y todos serán analizados por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, incluso aunque alguno sea desistido por quienes hayan hecho la denuncia original. Entre la mayoría de las presentaciones hay varios hilos conductores y puntos de contacto, además de la acusación general por «mal desempeño». La oposición alega –con una vieja muletilla– que los motivos de destitución no pueden estar basados en el contenido de sentencias. Un pantallazo de la lista de casos muestra que no sólo están en juego fallos, sino cuestiones –por ejemplo– de administración, y que incluso en las decisiones supremas la clave son los efectos institucionales que generan.

El impacto del «2X1»
Por el fallo con que la Corte benefició al represor Luis Muiña con el «2×1» hay pedidos de destitución contra Carlos Rosenkrantz, arquitecto de esa decisión, y Horacio Rosatti, que firmó junto con él y la exjueza Elena Highton de Nolasco. Muiña, fallecido, tuvo dos condenas por secuestros, torturas, desapariciones y homicidio en el Hospital Posadas, donde funcionó un centro clandestino de detención.

El fallo era una toma de posición del alto tribunal que podía favorecer a otros genocidas. Invocaba una ley de 1994 derogada en 2001, pensada para delitos comunes. Fue una decisión que despertó la movilización ciudadana, que llevó a que el Congreso excluyera de aquel cómputo los delitos de lesa humanidad y que los supremos, un año y siete mese después, revirtieran su postura.

Ese intento atentaba, además, contra una política de Estado que había asumido la propia Corte para cumplir con los compromisos internacionales y constitucionales de dar sanción efectiva a los crímenes dictatoriales. Este punto figura en los pedidos de remoción de la diputada Vanesa Siley, el de la Asociación Argentina de Juristas y el de 14 diputados/as del Frente de Todos.

En la misma línea hay planteos –como el de Pablo Llonto– por la paralización de la Comisión Interpoderes, clave para el avance de los juicios de lesa humanidad, donde los organismos de derechos humanos dejaron de ser convocados. Y se añadió una denuncia de Patricia Isasa contra Rosatti por encubrimiento del represor Eduardo Alberto Ramos Campagnolo.

El Consejo de la Magistratura
El fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura (al declarar inconstitucional la que llevaba 15 años vigente) está presente en al menos tres denuncias.

La senadora del Frente de Todos, Juliana Di Tulio, señaló que con una sentencia se puso en vigencia una ley derogada para que el organismo tuviera 20 miembros y quedara incluido el presidente supremo Horacio Rosatti, como titular del Consejo. De ahí sostuvo que se derivan «inmoralidad», «incumplimiento de deberes», la atribución de funciones legislativas y el desconocimiento de la Constitución.

La Asociación de Juristas y los diputados/as del FDT en bloque le apuntan a Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti quedó afuera porque cuestionó en su voto la reposición de la ley derogada de 1997.

Uno de los efectos de lo que vino después del fallo fue la paralización del Consejo (con obstáculos de la propia Corte para que asuman consejeros/as): siguen en sus cargos jueces nombrados a dedo por el macrismo, las vacantes las cubren los que están y no se avanza con denuncias como la del viaje de jueces a Lago Escondido con invitación de Clarín.

Los clientes de Rosenkrantz
El conflicto de intereses de Rosenkrantz al firmar fallos donde eran parte sus viejos clientes fue denunciado por la Asociación de Juristas en 25 casos.

Señalan tres que involucran a Supercanal, dos a AMX (Claro), diez a YPF, uno a la Clínica Estrada, cinco a Supermercado Día, uno al Grupo América, dos a Pan American Energy y uno a Piero.

Federalismo y la sombra de los chats
Los cuatro supremos actuales tienen pedido de destitución del FDT por la medida cautelar a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con la que ordenaron pagarle 2,95% de fondos coparticipables destinados a seguridad (traspaso policial) sin explicar ese cálculo.

El reproche, sobre esta cuestión, es que se arrogaron facultades legislativas. Di Tulio sostuvo que violaron el artículo 1 de la Constitución Nacional, que consagra el federalismo. A la denuncia de los/las diputados/as, sobre el contenido de los chats revelados por varios medios que reflejan las que serían conversaciones entre el principal colaborador de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, participante directo en el litigio en cuestión, donde hacen referencias a la causa en cuestión.

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Kicillof volvió a insistir por la devolución de los fondos coparticipables

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El gobernador realizó un nuevo encuentro con vecinos bonaerenses. Las encuestas muestran datos favorecedores para una posible reelección. Reclamo y denuncia a la Corte.

Luego de una “tarde de reflexión y mates” desarrollada en la localidad de Villa Gesell, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó en sus redes sociales la necesidad de la devolución “de los recursos que se llevó la Core Suprema”. En este sentido, aseguró que “lo que está en disputa es si seguimos ampliando derechos o vuelve la derecha”, aseguró.

En una jornada de anuncios, el gobernador había estado presente junto al intendente local, Gustavo Barrera, la vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, en la firma de adhesión a diversas líneas de crédito para el sector productivo, que ascienden a una inversión total de 10.500 millones de pesos. De parte del gobierno nacional estuvo el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

“En la provincia faltan escuelas, hospitales, rutas y vinimos hacerlas, pero necesitamos que nos devuelvan los recursos que se llevó la Corte Suprema”, escribió Kicillof en la red del pajarito. “Tienen que volver los recursos a la provincia de Buenos Aires”, sentenció. El gobernador presentó ayer una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro por «delitos de tráfico de influencias» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

En el texto de la presentación realizada en los Tribunales Federales de La Plata, el primer mandatario provincial remarcó que la Corte Suprema benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su disputa con Nación por la cuestión de recursos coparticipables en un fallo que habría sido producto de tráfico de influencias de funcionarios de la Corte y del gobierno de CABA. “Es de una altísima gravedad institucional que un funcionario de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y un funcionario del Gobierno de Larreta coordinen una estrategia judicial para favorecer a la Ciudad en desmedro de todas las provincias argentinas”, expresó también el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak.

El dirigente platense, ex intendente de la ciudad capital bonaerense, fue promotor de la mateada que se organizó a fines del 2022 en tierras hoy gobernadas por Julio Garro. El encuentro de ayer se dio en Villa Gesell, cuyo intendente, Gustavo Barrera, afirmó días atrás que “en provincia tenemos candidato que es Axel”.
Recientemente se conocieron dos encuestas que manifiestan altas probabilidades de un triunfo de Axel Kicillof en las elecciones de este año, si es que, finalmente, decide ir por la reelección. Por un lado, un estudio de imagen publicado la empresa Analogías, muestra que, en la provincia de Buenos Aires, la intención de voto para el Frente de Todos asciende a 33,6%, mientras que Juntos por el Cambio está cerca de 14 puntos por debajo, con 19,4%. Por su parte, la consultora Proyección refleja que el actual gobernador supera en 12 puntos en un escenario de confrontación con el precandidato de JxC Diego Santilli. Algo interesante de este último estudio es que si el candidato de Juntos por el Cambio fuera el ex ministro vidalista Cristian Ritondo, éste sería superado en dos puntos por José Luis Espert, quedando relegado a un tercer lugar.

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