El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó hoy el nuevo Índice de Crianza que elaborará el Indec y anticipó que pedirá a la Corte Suprema que, a partir de su publicación, sea utilizado como referencia en los litigios por cuota alimentaria.

En un acto que se llevó a cabo en la sede central del Banco Nación, el titular del Palacio de Hacienda dijo: «Quiero pedirle a la Corte Suprema que, a partir de la publicación del Índice, saque una acordada que establezca obligatoria la aplicación en toda la Justicia de Familia».

El índice de enero y el que se espera para los próximos dos meses están poniendo bajo tensión la estrategia antiinflacionaria gradualista, que se apoya fundamentalmente en cumplir con el acuerdo con el FMI y desacelerar la inercia con acuerdos de precios sectoriales. Un plan de estabilización de shock tampoco asegura el éxito.

El ancla antiinflacionaria principal del equipo económico de Sergio Massa es cumplir con las principales metas macroeconómicas contenidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Es una estrategia que sirvió para evitar el descontrol de la tasa de inflación, cuando marcó el 7,4 por ciento en julio pasado y había riesgos ciertos de una espiralización de precios con fulminantes consecuencias sociales, económicas y políticas.

Desde fines de diciembre es un sendero que empezó a mostrar cierto agotamiento porque los factores inerciales continuaron operando y, en especial, siguieron ajustándose al alza los precios básicos (tipo de cambio oficial, tarifas, salarios y tasa de interés), que definen en gran medida el recorrido del resto.

En cada mes siempre habrá además algún rubro que por factores estacionales (por caso, vacaciones de verano) o por eventos inesperados (sequías o heladas) sumará presión a la tasa de inflación. En febrero será la carne, cuyo aumento se registrará en forma plena, en marzo será el comienzo de las clases, y así se repetirá con más o menos intensidad con otros productos o servicios en los meses siguientes.

Los motores están encendidos
Casi todos los motores de indexación de precios están funcionando y sólo los acuerdos sectoriales (Precios Justos en alimentos y artículos del hogar, combustibles, educación privada, y otros que se irán sumando) permiten desacelerar la inercia inflacionaria.

La ausencia de un ancla antiinflacionaria tradicional ya fue destacada en estas páginas, a mediados de septiembre del año pasado, y lo complicado que sería entonces conseguir una fuerte disminución de precios con esta carencia, lo que se está verificando.

Se mencionaba en ese momento que la idea predominante en el equipo económico de Massa era que el ajuste fiscal y monetario influenciará en las expectativas económicas y, de ese modo, se produciría una desaceleración en la suba de precios. Siguen pensando lo mismo.

También se indicaba que este camino era acompañado por la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, quien, en una conferencia de prensa posterior a la reunión que mantuvo con Massa y previa a la Asamblea Anual conjunta del FMI-Banco Mundial, en octubre pasado, había afirmado: «Estamos en un momento en que los problemas que afronta la Argentina son muy significativos, principalmente la inflación que es devastadora especialmente para la gente pobre. Hay un compromiso muy fuerte de Argentina con el programa (con el FMI), en reconocimiento de que el programa es un ancla para la economía argentina. No tienen el lujo de otros anclajes”.

En el artículo mencionado se planteaba un interrogante que el dato de inflación de enero y los que se vislumbran para febrero y marzo empiezan a dar una respuesta poco alentadora: ¿Existen experiencias en Argentina o en otros países que con solamente un ajuste fiscal y monetario controlado, sin utilizar un ancla antiinflacionaria tradicional, tenga como resultado un descenso pronunciado de tasas de inflación desde umbrales de tres dígitos?

Piso o techo de la tasa de inflación
El ministro de Economía, Sergio Massa, se jugó con una apuesta audaz al comienzo de la gestión al indicar cuál era el sendero que pretendía para los precios. Definió un esquema 4×4 (cuatro por ciento en cuatro meses) en acuerdos con grandes empresas de alimentos y artículos del hogar. Fue una forma de intervenir en la construcción de expectativas acerca de la evolución de la inflación, terreno en el cual se despliegan con mucha facilidad la legión de economistas dedicados a pifiar pronósticos, pero que es muy efectiva en generar expectativas económicas negativas cuando hay un gobierno que detestan.

Massa tuvo éxito en evitar desbordes de precios desde niveles elevados. Ahora redobla la apuesta con un esquema de alzas de 3,2 por ciento cada mes hasta junio.

El aspecto a determinar es si ese porcentaje actuará como piso o techo de la tasa de inflación. Hasta ahora fue la base desde la cual se han agregado otras variaciones, que establece un horizonte de precios superior al deseado por Massa. Por eso ha pospuesto de abril a junio la meta de iniciar con el número tres la tasa de inflación mensual.

Qué piensa Gabriel Rubinstein, el economista principal del equipo de Massa
En una columna publicada en el portal Infobae, el domingo pasado, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, describió el marco de acción de gestión para abordar la problemática de la inflación. Rescata que los acuerdos de precios permitirán ir bajando la inercia inflacionaria, estimando que la inflación podría ser mucho más baja que la actual y la que adelantan los analistas.

En esta línea, aseguró que el supuesto del 60 por ciento (4 por ciento mensual promedio), establecido en el Presupuesto, debería ser más bien un «techo». Reiteró que los acuerdos de precios no buscan ‘suplantar’ una buena política macroeconómica y buscan adecuar una dinámica inercial muy nociva a los fundamentos macroeconómicos (se refiere a la política fiscal, monetaria y cambiaria).

Respecto a la nueva versión de Precios Justos, Rubinstein indicó que la ampliación de 30.000 a 50.000 productos y a otros sectores será monitoreada con un nuevo software desarrollado por Amazon y Arnet. Asegura que un sendero mensual más bajo (de 4,0 a 3,2 por ciento entre uno y otro acuerdo de precios) permitirá mejorar los resultados globales, especialmente desde marzo y, con la baja de la inflación, espera conseguir un aumento de los salarios reales.

Apunta que la mayoría de estos programas fracasó, ya que al poco tiempo la inflación se aceleró y en muchos casos alcanzó un nivel más elevado que antes.

La probabilidad de que un plan de estabilización sea exitoso no sólo depende de que las medidas que lo integren estén diseñadas para atacar todos los componentes de la inflación, sino también de las condiciones iniciales en las que se implementa el plan, explica.

¿Cuáles son estas condiciones iniciales necesarias? Para responder a este interrogante Telechea rescata un trabajo reciente de los economistas Gabriel Palazzo, Martín Rapetti, y Joaquín Waldman donde recopilaron y analizaron 50 programas de estabilización implementados en América latina desde 1970 hasta la actualidad.

Lo primero que los autores encuentran es que la probabilidad de que tengan éxito es bastante baja. Solamente 11 de los 50 casos (es decir, el 22 por ciento) lograron que la inflación se reduzca de manera sostenida y que, luego de 5 años, se ubique por debajo del 20 por ciento anual. De los restantes, en 31 de los planes (el 62 por ciento) ni siquiera lograron reducir la inflación de manera momentánea, mientras que los 8 restantes (el 16 por ciento) lograron una desinflación transitoria pero a los pocos años volvió a incrementarse.

¿Y entonces qué hacer?
¿Qué conclusiones se puede extraer de todo lo anterior? pregunta Telechea y responde: «Bajar la inflación por medio de un plan de estabilización puede ser una manera sumamente efectiva y rápida de lograrlo, pero para eso no sólo se requieren ciertas condiciones iniciales (superávit fiscal y sólida posición del sector externo –reservas-), sino también la correcta elección, diseño y coordinación de los instrumentos adecuados para atacar todas las causas del fenómeno».

Se puede agregar la necesidad de un gobierno con suficiente fuerza interna, consenso social y hegemonía política para lanzar y defender el plan de estabilización.

El otro rasgo en común que menciona el estudio es que estabilizar con planes exitosos rinde sus frutos en términos de crecimiento sostenido del PIB, que en promedio fue de 3,5 por ciento durante los cinco años siguientes, mientras que los que fracasaron fue significativamente más bajo, del 0,5 por ciento.

Para concluir que «la inflación es el gran problema de la economía argentina y no hay posibilidad de recuperar un crecimiento sostenido si no lo solucionamos de inmediato».

También se puede afirmar, como se señaló aquí hace pocas semanas, que la inflación es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los economistas.