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POLÍTICA

La sentencia no está firme y se inicia un largo camino de apelaciones

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La condena a la Vicepresidenta de la Nación no está firme, por ende, no será de cumplimiento inmediato en ninguno de sus aspectos hasta que se agoten todas las instancias de apelación previstas por la ley.

El fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua no está firme y, por ende, no será de cumplimiento inmediato en ninguno de sus aspectos hasta que se agoten todas las instancias de apelación previstas por la ley.

Además, en el caso de la exmandataria, tiene inmunidad de arresto en razón del cargo que desempeña hasta el 10 de diciembre de 2023 y durante ese lapso haría falta un juicio político en el Congreso para quitarle los fueros y hacer efectiva la detención.

Sin embargo, aunque está habilitada para volver a postularse a cualquier cargo ya que la prohibición para ejercerlos se hará efectiva una vez que la sentencia quede firme en todas las instancias, la propia Vicepresidenta anunció que no será candidata a nada y que su nombre no estará en las boletas del Frente de Todos en las próximas elecciones.

En ese caso, al finalizar mandato actual como Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner no contará con fueros en el caso de que las instancias superiores confirmen la sentencia del TOF 2.

Por otro lado, el proceso de apelación en los tribunales de alzada podría extenderse indefinidamente ya que la Corte Suprema de Justicia no tiene plazos para expedirse.

En cuanto a los próximos pasos, el TOF 2 dará a conocer los fundamentos del fallo el 9 de marzo próximo y desde ese día tanto las defensas como la fiscalía estarán en condiciones de preparar y presentar sus apelaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal

Para ello tendrán diez días hábiles desde la lectura de los fundamentos.

Casación

En Casación, el veredicto será analizado por la sala IV, integrada en la actualidad por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, porque ya intervinieron en otras instancias del caso Vialidad.

Este es el máximo tribunal penal federal del país y es la instancia primera de revisión de los veredictos emitidos en todos los juicios orales del fuero.

Borinsky y Hornos son los jueces que fueron denunciados por sus visitas al expresidente Mauricio Macri durante la gestión de Cambiemos, acusación por la que fueron sobreseídos en primera instancia por el juez Marcelo Martínez de Giorgi aunque ese fallo será revisado por la sala II de la Cámara Federal.

Los tres jueces de la sala IV de Casación, como se procede en estos casos, llamarán a las partes a una audiencia previa ya en 2023, tras haber recibido la causa: allí escucharán fundamentos en los meses subsiguientes y, posteriormente, tendrán 20 días hábiles para resolver.

Corte Suprema

Luego de Casación, seguirá la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario, que en el caso de ser rechazado, habilitará el recurso de la queja directa ante el máximo tribunal, que no tiene plazos para decidir.

El Tribunal Oral Federal 2 emiti su fallo este martes Foto Sille Cris
El Tribunal Oral Federal 2 emitió su fallo este martes. Foto: Sille Cris

La sentencia quedará firme cuando se pronuncie la Corte Suprema y, si en ese momento alguno de los condenados tiene fueros por ejercer un cargo electivo, será necesario un juicio político para que pueda ordenarse su detención.

La Constitución Nacional establece que se requiere «mayoría especial» de votos en el Congreso de la Nación para el desafuero.

La inmunidad de arresto, por otra parte, está prevista en la Ley 25320.

En el caso particular de la Vicepresidenta, si esta situación se diera, como la expresidenta está próxima a cumplir setenta años, el arresto podría ser domiciliario.

Otro escenario que podría darse al momento de las apelaciones ocurriría si Casación llegara a revocar algún aspecto del fallo dispuesto por el Tribunal Oral.

Como es necesario el llamado «doble conforme», en ese caso la Corte podría disponer que otra sala de la Casación revise la decisión de manera previa a intervenir en la causa, para dejar firme o revocar la sentencia.

Además de los tribunales nacionales, tanto la defensa de la Vicepresidenta como la de otros 12 acusados tienen la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para la Justicia argentina.

En ese aspecto, su defensa denunció violación de garantías constitucionales, persecución y «lawfare» por parte de la Justicia argentina.

Poco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces Presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya «no es ni lawfare ni Partido Judicial» sino «un Estado paralelo y mafia judicial»: sus palabras rápidamente fueron replicadas por los medios internacionales

POLÍTICA

Una por una, las seis provincias donde Juntos por el Cambio se puede romper

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Pocas regiones están dispuestas a cumplir con el reglamento para dirimir candidatos. Ni concenso, ni encuestas ni internas. Pragmatismo a la hora de sumar votos y rebelión con la Mesa Nacional.

La situación en seis provincias donde podría no haber Juntos por el Cambio fue la principal preocupación de la alianza opositora la semana pasada, cuando tuvieron una reunión de los presidentes de los partidos. De allí salió un comunicado que amenaza con sanciones, pero no les resolvió el problema de base: la mayoría de los dirigentes provinciales se aleja de las reglas que plantearon por pragmatismo. Porque les conviene otro candidato para sacar más votos o conseguir más bancas. En algunos casos hay diferencias irreconciliables sobre quién encabeza la boleta a gobernador y cero voluntad de pelear una interna. Vale la pena hacer un repaso de cómo está la situación provincia por provincia.

Las que tienen un peligro de que no exista el frente son, de momento, seis: Mendoza, Córdoba, Tucumán, Rio Negro, Neuquén y Chubut. Ninguna se adapta al reglamento que bajó la mesa nacional de Juntos por el Cambio en septiembre del año pasado y que dice que deben consensuar las candidaturas donde no haya PASO, usar encuestas para definir quién encabezará y, si nada de eso funciona, organizar una elección interna partidaria. El tema es que son pocos los que están realmente dispuestos a cumplir con ese reglamento.

Mendoza
La provincia gobernada por el radical Rodolfo Suárez fue donde la interna hizo más ruido, quizás porque los radicales llevaron el tema a la mesa nacional de Juntos por el Cambio para quejarse ante los del PRO; quizás porque luego hubo un encontronazo entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el candidato local, el larretista Omar de Marchi; o quizás porque De Marchi no se esfuerza en ocultar que sus planes son ir por afuera de la alianza y pelearle la gobernación a los radicales en una elección general.

Desde el sector de Alfredo Cornejo -aliado de Bullrich- dicen que eso es regalarle la elección al peronismo. De Marchi sostiene que ese adversario no tiene chances. Y no está dispuesto a competir en una interna con el aparato de la UCR, porque sabe que pierde. Y la amenaza de sanciones o incluso de intervenirle el PRO local, de momento, no parece haberle hecho mella.

Para cualquier observador casual, es evidente de De Marchi está en plan de romper con sus aliados radicales. No cesa de cuestionar al gobierno de Suárez, al que emparenta al kirchnerismo por sus métodos. Hace poco, Cornejo hizo una jugada: lo emplazó para que definiera si iba a estar o no en el frente, en función de las elecciones municipales. De Marchi no aceptó responder. “Los plazos los fija la ley, no una persona”, aseguró sobre el cierre de listas, que es recién en abril. «Cornejo muestra su excesivo personalismo. Cree estar por encima de la ley”, lanzó el titular del PRO mendocino, Álvaro Martínez. ¿Una declaración explosiva que rompe la alianza? No. Apenas otro día en Juntos por el Cambio Mendoza.

Los dirigentes del PRO tampoco vienen asistiendo a las reuniones que el radicalismo convoca para definir el frente. De Marchi sostiene que recién ahora Suárez se acordó de que tenía aliados provinciales y que no hubo reuniones periódicas en los últimos años. Ante las autoridades nacionales del PRO, sostuvo que el frente en los hechos ya no existe. “Estamos más preocupados por los problemas que tiene Mendoza que por la rosca política», le devolvió De Marchi a los radicales.
Córdoba
En la provincia donde Juntos por el Cambio cosechó más votos a nivel nacional también vienen empiojadas las negociaciones. Desde el primer momento en que anunciaron un reglamento que implicaba internas, el precandidato a gobernador Luis Juez les explicó qué podían hacer con dicho papel.

Juez no quiere ir a una competencia con Rodrigo de Loredo, su adversario en una eventual interna. Se viene negando y, hasta ahora, no hubo negociación que valiera. El senador espera que De Loredo se baje y compita por la intendencia de Córdoba capital, algo que no está ocurriendo.

Antes de irse de vacaciones hacia un destino caribeño, Juez sostuvo sobre sí mismo en un reportaje con un diario local : «Yo voy a ser el candidato a gobernador porque soy el que garantiza que podemos ganar”. Y remarcó: «No va a haber internas. Nosotros no vamos a ir a lastimarnos. A ese camino no lo vamos a transitar. Te lo ratifico. Es más fácil que nos sentemos y lo discutamos y lo acordemos. No voy a entrar en una confrontación».

De nuevo, ni las amenazas nacionales ni ningún otra acción de los partidos hasta ahora parece haber modificado la actitud de Juez. En Córdoba, ya existió un antecedente en la elección en la que compitieron separados Mario Negri y Ramón Mestre, tras el fracaso de una interna: los dos perdieron ante el peronismo local.

Tucumán
La situación en Tucumán se parece un poco a la de Córdoba. Allí también hay dos dirigentes que quieren encabezar la boleta y ninguno cede. Tampoco terminan de definir un método para dirimir. Y ambos se acusan por lo bajo de hacerle el juego a Juan Manzur con la división. Se trata del dirigente del PRO Germán Alfaro y del radical Roberto Sánchez. Alfaro cuenta con el respaldo tanto de Horacio Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich. Sánchez tiene detrás a Gerardo Morales.

Hace poco se juntaron a comer. Si alguien tenía ilusiones de que llegaran a un acuerdo, se las puede ir olvidando. Según cuentan los periodistas locales, hasta dividieron la cuenta a medias, para que nadie invitar al otro.

El presidente de la Convención radical tucumana, Raúl Moreno sostuvo que Sánchez debe ser el candidato porque «no tiene votos negativos a diferencia de Alfaro, que tiene un alto índice de rechazo y de gente que no lo votaría». Desde el PRO sostienen lo opuesto y dicen que con el candidato radical, el peronismo gana caminando.

Río Negro
En el sur es donde el pragmatismo le empieza a jugar en contra a la estrategia de la mesa nacional de una única política para todo el país. En Rio Negro, por ejemplo, los radicales se abrieron de Juntos por el Cambio para explorar un acuerdo con el espacio de Alberto Weretilneck. Más allá de que ponen el acento en los problemas de coordinación con el PRO, la Coalición Cívica y Valores para mi País, lo cierto es que les cierra más electoralmente el acuerdo con un candidato como Weretilneck.

El PRO y la Coalición Cívica siguen impulsando a Aníbal Tortoriello, candidato que a los radicales no les cerraba. Menos, dicen, que no hubiera una interna para disputar los lugares. El acuerdo, todo indica, ya está cocinado. Sólo faltaba que lo ratifique la Convención radical de Río Negro.

Neuquén
En Neuquén, la discusión es el espejo con el caso anterior. El PRO decidió que el candidato local Pablo Cervi, que bancan la UCR (línea Martín Lousteau) y la Coalición Cívica, no le daba suficientes votos y comenzaron a trabajar para ir detrás de otra candidatura: la de Rolando Figueroa, exintegrante del Movimiento Popular Neuquino. Eso llevó incluso a que el presidente de la Coalición Cívica nacional, Maximiliano Ferraro, saliera a reclamarle a sus aliados que hagan algo para frenar la ruptura.

Chubut
Chubut es otro caso de no acuerdo sobre quién encabeza. Por un lado, está el candidato radical Damián Biss, que tiene el apoyo de Lousteau. Por el otro, el dirigente del PRO Ignacio Torres. No llegan a un acuerdo para subsanar las diferencias, pese a varios cuestionamientos que ya les hicieron las autoridades nacionales. En un momento del año pasado, los radicales pidieron en la mesa nacional que Torres dejara de maltratar a sus dirigentes locales.

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POLÍTICA

Quién es Jorge Rachid, el flamante director de un importante área del IOMA

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Jorge Rachid, quien fue designado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof como flamante director  del Instituto Superior de Educación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), es médico cirujano especialista en sanitarismo, docente en la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ), presidente de IIDEART (Instituto Artiguista), miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego y cofundador -junto al historiador Hugo Chumbita, Graciela Dragosky Víctor Giusto- de la Cátedra Libre de la UBA en Filosofía del Arte, Historia y Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras.

También es autor de los libros «El peronismo pendiente» (Corregidor, 2004); «El genocidio social neoliberal» (Corregidor, 2006); «La Revolución Nacional, una revolución inconclusa» (Fabro, 2013); «Accidentes y enfermedades profesionales» (Editorial Juris, 2012); «La otra historia II», compilado por Pacho O’Donnell (Editorial Ariel, 2014); «Malvinización y desmemorización», compilado por Fernando Del Corro (Fabro, 2013), y «Pensamiento nacional»

El designado director del Instituto Superior de Educación del IOMA integra también la comisión de Salud del Instituto Patria y el Movimiento Primero La Patria.

Rachid es además médico de la dirigente social jujeña Milagro Sala y a principios de año advirtió que la fundadora de la Organización Barrial Túpac Amaru detenida con prisión domiciliaria fuera trasladada con urgencia a un centro de salud de alta complejidad por una «trombosis venosa» en una de sus piernas

El hijo menor de la dirigente de la Túpac, Sergio Chorolque Sala, murió a los 37 años el lunes pasado por una «muerte súbita de origen cardíaco» y sus restos fueron velados en la casa familiar del barrio de Cuyaya, en San Salvador de Jujuy, donde su madre la cumple prisión domiciliaria.

En febrero de 2022, Rachid participó de la protesta en Lago Escondido, en Río Negro, contra el magnate inglés Joe Lewis.

«Fue una marcha en defensa soberanía nacional», dijo al respecto y tras permanecer varios días retenido en el lugar «por unas 40 personas encapuchadas».  «Nos pincharon un bote y empezó un proceso de discusiones», dijo respecto de los hechos. Días después, tras sufrir una descompensación, fue rescatado de la zona en un helicóptero fletado por el Grupo Abogados Solidarios, lo que consideró una evacuación por «razones humanitarias».

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POLÍTICA

Juicio político a la Corte: catorce pedidos de destitución y muchos puntos de contacto

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Entre la mayoría de las presentaciones hay varios hilos conductores, además de la acusación general por «mal desempeño». El fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura está presente en al menos tres denuncias. Por el «2×1» a los genocidas hay pedidos de destitución contra Rosenkrantz y Rosatti.

Los pedidos de destitución contra los jueces de la Corte Suprema son 14 y todos serán analizados por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, incluso aunque alguno sea desistido por quienes hayan hecho la denuncia original. Entre la mayoría de las presentaciones hay varios hilos conductores y puntos de contacto, además de la acusación general por «mal desempeño». La oposición alega –con una vieja muletilla– que los motivos de destitución no pueden estar basados en el contenido de sentencias. Un pantallazo de la lista de casos muestra que no sólo están en juego fallos, sino cuestiones –por ejemplo– de administración, y que incluso en las decisiones supremas la clave son los efectos institucionales que generan.

El impacto del «2X1»
Por el fallo con que la Corte benefició al represor Luis Muiña con el «2×1» hay pedidos de destitución contra Carlos Rosenkrantz, arquitecto de esa decisión, y Horacio Rosatti, que firmó junto con él y la exjueza Elena Highton de Nolasco. Muiña, fallecido, tuvo dos condenas por secuestros, torturas, desapariciones y homicidio en el Hospital Posadas, donde funcionó un centro clandestino de detención.

El fallo era una toma de posición del alto tribunal que podía favorecer a otros genocidas. Invocaba una ley de 1994 derogada en 2001, pensada para delitos comunes. Fue una decisión que despertó la movilización ciudadana, que llevó a que el Congreso excluyera de aquel cómputo los delitos de lesa humanidad y que los supremos, un año y siete mese después, revirtieran su postura.

Ese intento atentaba, además, contra una política de Estado que había asumido la propia Corte para cumplir con los compromisos internacionales y constitucionales de dar sanción efectiva a los crímenes dictatoriales. Este punto figura en los pedidos de remoción de la diputada Vanesa Siley, el de la Asociación Argentina de Juristas y el de 14 diputados/as del Frente de Todos.

En la misma línea hay planteos –como el de Pablo Llonto– por la paralización de la Comisión Interpoderes, clave para el avance de los juicios de lesa humanidad, donde los organismos de derechos humanos dejaron de ser convocados. Y se añadió una denuncia de Patricia Isasa contra Rosatti por encubrimiento del represor Eduardo Alberto Ramos Campagnolo.

El Consejo de la Magistratura
El fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura (al declarar inconstitucional la que llevaba 15 años vigente) está presente en al menos tres denuncias.

La senadora del Frente de Todos, Juliana Di Tulio, señaló que con una sentencia se puso en vigencia una ley derogada para que el organismo tuviera 20 miembros y quedara incluido el presidente supremo Horacio Rosatti, como titular del Consejo. De ahí sostuvo que se derivan «inmoralidad», «incumplimiento de deberes», la atribución de funciones legislativas y el desconocimiento de la Constitución.

La Asociación de Juristas y los diputados/as del FDT en bloque le apuntan a Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti quedó afuera porque cuestionó en su voto la reposición de la ley derogada de 1997.

Uno de los efectos de lo que vino después del fallo fue la paralización del Consejo (con obstáculos de la propia Corte para que asuman consejeros/as): siguen en sus cargos jueces nombrados a dedo por el macrismo, las vacantes las cubren los que están y no se avanza con denuncias como la del viaje de jueces a Lago Escondido con invitación de Clarín.

Los clientes de Rosenkrantz
El conflicto de intereses de Rosenkrantz al firmar fallos donde eran parte sus viejos clientes fue denunciado por la Asociación de Juristas en 25 casos.

Señalan tres que involucran a Supercanal, dos a AMX (Claro), diez a YPF, uno a la Clínica Estrada, cinco a Supermercado Día, uno al Grupo América, dos a Pan American Energy y uno a Piero.

Federalismo y la sombra de los chats
Los cuatro supremos actuales tienen pedido de destitución del FDT por la medida cautelar a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con la que ordenaron pagarle 2,95% de fondos coparticipables destinados a seguridad (traspaso policial) sin explicar ese cálculo.

El reproche, sobre esta cuestión, es que se arrogaron facultades legislativas. Di Tulio sostuvo que violaron el artículo 1 de la Constitución Nacional, que consagra el federalismo. A la denuncia de los/las diputados/as, sobre el contenido de los chats revelados por varios medios que reflejan las que serían conversaciones entre el principal colaborador de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, participante directo en el litigio en cuestión, donde hacen referencias a la causa en cuestión.

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