Los que durante la última dictadura cívico militar no dieron ninguna chance a sus víctimas, los que secuestraron, torturaron, violaron, mataron y robaron bebés, no sólo tienen la garantía de juicios y defensa pública desde 2008. Además están envejeciendo en sus prisiones domiciliarias, acompañados de sus familiares. De los 18 imputados de este nuevo juicio, el número 12 conocido como “Diedrichs-Herrera”, sólo cuatro condenados en los juicios anteriores permanecen en las cárceles: Arnaldo “el Chubi” López, el hombre que amenazó con el puño en alto al gobernador Juan Schiaretti tras la sentencia del 25 de agosto de 2016 en el megajuicio La Perla-Campo de La Ribera. El violador Miguel Angel “el Gato” Gómez, que acostumbraba presentarse a sus víctimas antes de la tortura. Y “el Rulo” Exequiel Acosta, quien durante su jefatura en La Perla paseaba en tanque por los pastizales del campo de concentración a los que iban a matar.
Ellos tres siguen en el pabellón MD2 de Bouwer; en tanto que Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas” o “Gastón” y líder del Comando Libertadores de América (CLA, la Triple A local), piromaníaco consumado y autor de las masacres a la familia de Mariano Pujadas y Marcos Osatinsky, se asomó ayer con un buzo azul desde una pantalla en el penal 34 de Ezeiza.
La novedad de un juicio virtual por vía remota, a través de un canal de You Tube que abrió el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1), además de los desajustes propios de un estreno, trajo aparejado el plus de ver a los represores de entrecasa, en sus hogares, donde se montaron las computadoras para asegurar el contacto. Desde su departamento porteño de calle Las Heras 1975, en Recoleta, Ernesto “el Nabo” Barreiro estuvo chequeando auriculares y micrófono: con menos pelo y más canas, los ojos agrandados por los lentes-lupa con marcos de carey; el genocida y carapintada que recibió su condena por primera vez en el juicio más largo de la historia de Córdoba, eligió un rincón de lo que parecía un desván lleno de trastos y cosas amontonadas. Barreiro obtuvo el beneficio de la domiliciaria en julio de 2019. El hombre que dijo que «en La Perla no murió nadie» está bajo «la guarda» de su esposa, compañera de militancia de Cecilia Pando.
Frente al TOF 1, por primera vez presidido por una jueza, Carolina Prado, a quien acompañaron los ya veteranos en juicios por crímenes de lesa humanidad, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci, el secretario del juzgado leyó durante casi cinco horas seguidas las acusaciones contra los 18 reos que detallan el secuestro, los tormentos y el asesinato y desaparición infligidos a 43 víctimas. Según el fiscal Maximiliano Hairabedián al periodista Jorge Vasalo, “esperamos que este juicio pueda terminarse antes de fin de año”. Una meta que aparece poco menos que imposible, teniendo en cuenta la modalidad vía internet y sus inconvenientes “de origen”, y que declararán unas 38 personas, entre las que figuran 9 sobrevivientes.
Todos los crímenes que se intentará probar fueron cometidos entre el 26 de marzo y el 10 de septiembre de 1976.
En la lectura apresurada, despersonalizada del funcionario judicial, se enumeraron los secuestros, tormentos y desapariciones de algunos de los chicos de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, entregados a Luciano Benjamín Menéndez por Tránsito Rigatuso, el entonces interventor. Claudio Luis Román Méndez fue uno de ellos; a quien torturaron en La Perla y cuyo cuerpo luego arrojaron por el Camino a San Carlos, para simular un “enfrentamiento armado”. En agosto del ’76, y como era método en el plan sistemático de eliminación del “enemigo político”, lo anotaron en la morgue como “muerto por herida de bala”.
O el caso de la familia Soulier, en que la patota irrumpió en la casa del barrio Villa Páez y secuestró a Juan Carlos Soulier, Adriana María Díaz Ríos y al hijito de cinco meses de la pareja, Sebastián. Los llevaron a La Perla. Pocas horas después hicieron lo mismo con el padre y el hermano de Juan Carlos: Luis Fredi Soulier y Luis Roberto. El expediente que leyó el secretario detalló que los fueron liberando tras días y noches de torturas. Juan Carlos Soulier sigue desaparecido.
Mientras transcurrió la lectura de la extensa lista de crímenes y nombres de las víctimas, como el del sindicalista Wenceslao Vera o el abogado Amado Vicente Aostri; por la pantalla se pudieron ver los rostros de varios de los imputados, aunque siempre un mismo puñado: Jamil Yabour, el ex D2, quien escuchó acodado a la mesa en la cocina de su casa y (sos)tuvo mayor exposición de cámara. Carlos Alberto Díaz, que eligió fondo negro para mostrarse. Hugo «Quequeque» Herrera, que como hacía en los juicios anteriores no dejó de anotar (vaya una a saber qué) en un cuaderno. Y Carlos “el Tucán” Yanicelli, el jerarca de la Gestapo cordobesa que llegó a ser jefe policial ya en plena democracia, en la década del´90, apadrinado por el exministro macrista Oscar Aguad.
Yanicelli le hizo honor a su esencia policial: posó estático, pétreo (casi como la figura de cartón del senador Esteban Bullrich) contra una pared de color terracota, a lo largo de las casi cinco horas de lectura de los cargos, que concluyó a las 16.
“Los defensores avisaron con antelación que no podían permanecer más tiempo”, explicó la jueza Prado antes de dar por cerrada la primera sesión del juicio, que terminó sin la acostumbrada comparecencia de cada uno de los reos, para dar fe de sus nombres, domicilios y demás datos actuales. Eso ocurrirá el próximo miércoles desde las 10 de la mañana. Ese día también podrán «hacer uso de la palabra» si lo solicitan, y podría declarar el primer testigo.
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