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Presos: la Corte revocó el fallo de Casación y los jueces deberán analizar “caso por caso”

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Finalmente la Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó este lunes el habeas corpus colectivo al que había hecho lugar el 8 de abril pasado el juez del Tribunal de Casación Victor Violini que habilitó los beneficios procesales para presos que integren grupos de riesgo frente al coronavirus.

De esta manera, el máximo tribunal dispuso que la situación de cada detenido sea “reencauzada” para que sea el juez competente el que lo analice, analizando el tipo de delito que cometió y la situación de la víctima, entre otros factores importantes.

Los jueces Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari y Sergio Torres tomaron la decisión “con voto unánime y criterio unificado”. La intención era dictar un fallo “ordenador” tras la polémica que levantó el tema a nivel nacional.

La decisión fue tomada luego de estudiar la resolución de Violini, la apelación del procurador general Julio Conte Grand pidiendo que se revoque y el memo que había presentado el defensor oficial ante la Casación, Mario Coriolano, para que la decisión quedara firme.

Ahora, la defensoría de Coriolano podría llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia, tal como lo dejó asentado en su presentación del viernes pasado. Para el máximo tribunal, Casación “desoyó la directiva de la Corte” dispuesta en su Resolución N° 52 del 25 de marzo del corriente año.

Allí los supremos establecieron “que es atribución de los jueces competentes evaluar y discernir con arreglo al orden jurídico vigente la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad seriamente amenazadas por la situación pandémica».

En el fallo, la Corte reconoció la disponibilidad de acciones judiciales de carácter plurindividual orientadas a remediar la situación de las personas privadas de su libertad y subrayó que no se ignoraba la dimensión colectiva que exhibe la problemática de las cárceles, con hacinamiento y superpoblación.

Sin embargo, advirtió que los reclamos principales que contiene la demanda formulada ante el juez de Casación Penal no podían ser resueltos en forma colectiva. Incluso, señaló que la respuesta del fallo de Violini obvió que en un mismo grupo de riesgo, existían “una cantidad de diversidades posibles”.

El 8 de abril pasado, el juez Violini había hecho lugar al pedido de 19 defensorías púbicas de la provincia para sacar de la cárcel a los detenidos que estuvieran en grupos de riesgo frente a la irrupción de la pandemia por el COVID-19, en un contexto de hacinamiento que enfrentan los penales de la provincia.

Los listados de esos presos habían sido confeccionados por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, en base a edades y patologías. En el fallo, Violini ordenó el arresto domiciliario para personas detenidas por delitos leves que estén en los grupos de riesgo, mujeres embarazadas y con niños pequeños.

Además, planteó que cada juzgado analice incluir a los de ese grupo de riesgo por delitos graves y encomendó evaluar de oficio a los que tuvieran prisión preventiva desde hacía más de dos años y dispuso que manden a domiciliaria a los que les faltaran seis meses para obtener la libertad asistida o condicional.

El tema desató una fuerte política, calificada por el Gobierno provincial como una “operación”, cuando se conoció que un hombre condenado por violación había sido enviado a su casa por coronavirus a pocas cuadras de la casa de su víctima (en una resolución individual previa al hábeas corpus).

Hubo otras resoluciones que provocaron malestar, como la decisión de un juez de Ejecución penal de Ba que envió a su casa a un condenado por el abuso sexual de una menor de 17 años con retraso madurativo, y que revocó su resolución a 48 horas de haberlo dispuesto.

La Corte bonaerense ya había suspendido la semana pasada los efectos de la resolución de Violini cuando admitió el estudio del caso. Ahora, resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal Carlos Altuve.

Asimismo, determinó que son los órganos judiciales competentes los que deben revisar y evaluar las peticiones deducidas por los procesados o condenados a su disposición mediante un juicio debidamente motivado y destacó los derechos de las víctimas.

Se deben valorar:

– Los bienes jurídicos afectados.

– Las condiciones personales del procesado o condenado.

– El grado de intervención asignada al procesado o condenado por el delito.

– Las modalidades de la comisión del delito (forma en que se afectó el bien jurídico, medios empleados y las particulares relaciones con las víctimas).

– El nivel de organización delictual en que ha sido perpetrado.

– La pena en expectativa o la ya establecida.

– El examen del nivel de avance del proceso y de los riesgos procesales.

– La situación de la víctima al momento de la decisión y, entre otros aspectos, su relación con el domicilio constatado del procesado o condenado reclamante.

-La consideración de la existencia de lugares especialmente destinados por el sistema carcelario para alojar personas en riesgo sanitario agravado.

– Todo otro factor a sopesar prudencialmente por el órgano competente.

En sus fundamentos, el Tribunal añadió que, dentro de la urgencia comprometida, el examen debe efectuarse sin descuidar el enfoque sobre la situación de la víctima, en especial, su vulnerabilidad, por ejemplo, en casos de violencia familiar o de género o agresión sexual, entre otras.

La Corte estableció, a su vez, que debe asignarse prioridad al trámite de las peticiones articuladas a fin de dirimirlas con la mayor celeridad posible y con participación de las partes interesadas.

En su resolución, los jueces recordaron la vigencia de la prohibición de alojamiento en Seccionales Policiales de personas enfermas, menores de edad y mujeres embarazadas y/o con hijos o hijas menores de 5 años.

Pero además exhortaron a la Legislatura a abordar en un plazo razonable el examen y decisión sobre las adecuaciones que estime corresponder a la legislación provincial, en materia procesal y de ejecución penal, a fin de hacer efectiva la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos N° 27.372.

Y recordaron al Poder Ejecutivo provincial la importancia de ajustar las medidas y programas a su cargo de carácter específico para atender la pandemia en el contexto de situaciones de encierro a las recomendaciones y directivas emanadas de la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Por último, remarcaron la necesidad de profundizar los esfuerzos para ampliar los canales de comunicación e información existentes, entre otros, el de la Mesa de Diálogo conformada en diciembre pasado con el fin de generar espacios más plurales y eficaces para consensuar, a partir de un abordaje integral sobre el cuadro de situación de las condiciones de detención en la Provincia, las orientaciones generales, los planes y los programas que sean menester adoptar y sostener respecto de tan grave y acuciante problema estructural.

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Estela de Carlotto: «Seguimos celebrando la vida con la conquista de la verdad»

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Estela de Carlotto entró a la Casa por la Identidad con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Venía a anunciar que habían encontrado al nieto 132, exactamente seis días después del hallazgo del nieto 131. Pero la sonrisa tenía una razón extra. “Van a ver su imagen porque quiere que lo conozcan”, avisó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Todas las miradas se enfocaron en la pantalla para divisar los rasgos de Juan José Morales, que desde Tucumán sonreía y exhibía una foto de su mamá, Mercedes del Valle Morales, secuestrada el 20 de mayo de 1976, asesinada y enterrada en una fosa clandestina.

“Cerramos un 2022 con más verdad”, arrancó Estela. A su derecha estaba su hija Claudia Carlotto, titular de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). A su izquierda, se acomodó la Abuela Buscarita Roa. En una esquina estaba Abel Madariaga, histórico secretario de la organización. En la otra, se sentó el fiscal Pablo Parenti, titular de la Unidad especializada para casos de apropiación durante el terrorismo de Estado.

En el centro de la mesa se encontraba Horacio Pietragalla Corti, que ya estuvo en la misma situación que Juan José años atrás cuando se comunicó que había restituido su identidad. Ahora, con esa experiencia y con el cargo de secretario de Derechos Humanos de la Nación, fue él quien intentó hacer de enlace en la comunicación con Juan José –pese a que la tecnología hizo las cosas difíciles–.

“Quisiera transmitir mi agradecimiento a Abuelas de Plaza de Mayo y al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que me posibilitó reencontrarme con los restos de mi mamá y darle sepultura”, se le escuchó decir a Juan José. En la sala, todo era emoción. Los nietos y las nietas cargaban carteles que decían “Bienvenido Nieto 132”. Las palmas se batían con fuerza con la esperanza de que ese abrazo en forma de aplauso viajara los más de 1200 kilómetros que separan a la Ciudad de Buenos Aires de San Miguel de Tucumán para envolver al hombre de 47 años que finalmente estaba conociendo su verdadera identidad.
La celebración podía sentirse más allá del predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex-ESMA), donde se hizo el anuncio. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner festejó: “¡Las Abuelas lo hicieron de nuevo! Gran alegría por la restitución de la identidad de otro argentino, el nieto 132”. El presidente Alberto Fernández también felicitó a la organización que lidera Carlotto: “La restitución de la identidad de cada uno de ellos nos genera una profunda emoción y alegría. Gracias por esta lucha incansable, queridas Abuelas”.

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Abuelas de Plaza de Mayo encontró al nieto 132

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A días de la aparición del nieto 131, Abuelas de Plaza de Mayo informó una nueva restitución de identidad. «Convocamos a una conferencia para anunciar la resolución del caso 132», publicaron en sus redes sociales.

La conferencia se realizará este miércoles 28 de diciembre a las 16 en Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Av. del Libertador 8151, CABA).

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Legisladores y concejales adhieren para que La Plata sea sede del Congreso de la Lengua

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Esta tarde tuvo lugar una reunión donde diputados y concejales de distintos bloques dieron el apoyo para la propuesta que La Plata sea sede del Congreso de la Lengua Española CILE 2028.

Del encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Fundación Pro Humanae Vitae, participaron los diputados provinciales Ariel Archanco (Frentre de Todos PJ), Claudio Franjul (Juntos por el Cambio UCR), concejales Diego Rovella (Juntos por el Cambio UCR).
Por la Junta Promotora CILE 2028 participaron:
Javier Mor Roig, Secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Guillermo Pilía, Secretario General de la Sociedad Argentina Escritores SADE Nacional y presidente de la Filial La Plata; Alberto Alba, presidente de Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata; Hugo Mársico, Vicepresidente del Círculo de Periodistas de la Pcia de Bs As; Oscar Raúl Canova Sarango, por el Colegio de Abogacía La Plata.
La bienvenida estuvo a cargo del dueño de casa Rafael Velazquez, presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae.
Cabe destacar que la postulación de La Plata se concretara el martes 15 de noviembre, a las 11,30 hs, en el Teatro Coliseo Podestá, de calle 10 Nro. 733 entre 46 y 47.
Hay que destacar que el próximo Congreso de la Lengua Española será en Arequipa, Perú, el año próximo; luego existe la posibilidad en Cádiz, España, en 2025; y va tomando forma La Plata para el 2028.
Dicho Congreso es organizado cada tres años, uno en América y otro en España, por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española.

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